20 años del boquete del Carmel que hizo temblar la política catalana

BarcelonaLa mañana del 27 de enero del 2005 –este lunes hace 20 años– el suelo del barrio barcelonés del Carmel tembló por segunda vez y dejó un agujero de unos 30 metros de profundidad y otros 30 de diámetro que tragó el garaje del número 12 de la calle Calafell y el edificio del número 2 de la calle Conca de Tremp. Pese a la destrucción, afortunadamente no hubo heridos ni muertos por lamentar, pero el siniestro dejó una herida difícil de olvidar en un barrio que arrastraba la etiqueta de periférico. Hubo un millar de vecinos desalojados, de ochenta bloques, en torno al gran socavón, en la mayor operación de este tipo que ha vivido la ciudad.

Dos días antes, el 25 de febrero, había habido un primer susto, cuando en el interior del túnel subterráneo que se estaba construyendo debajo de la calle Calafell para ampliar la línea 5 del metro hubo un desprendimiento. El incidente había obligado a despejar la finca y había servido para que los técnicos de GISA, la empresa de infraestructuras pública, intentaran estabilizar la zona.

Las familias afectadas tuvieron que ser realojadas en hoteles de la ciudad, y algunas permanecieron allí durante casi dos años, mientras que las tiendas y las empresas de la zona tuvieron que bajar la persiana. Aparte de los edificios despejados a toda prisa, durante las semanas posteriores al accidente los residentes de otras fincas vivieron con el alma en el corazón, pendientes de los posibles movimientos de tierra y de la aparición de grietas, a la vez que debían convivir con las vistas de la enorme cicatriz del agujero. Los escombros se mezclaban con colchones, muebles y electrodomésticos y durante mucho tiempo eran visibles los interiores de los pisos que habían perdido parte de los muros, lo que dejó en la exposición pública la intimidad de fotografías colgadas en las paredes que habían logrado mantenerlo se derechas.

Para los vecinos del Carmel, el desastre del boquete fue un episodio más que reafirmaba el sentimiento colectivo de abandono institucional y el peso de ser considerado un barrio periférico y humilde. El malestar era patente entre los residentes, y también se notó en las consultas del centro de atención primaria mucho antes de que la salud mental y emocional centrara la preocupación de la sociedad, porque los profesionales tuvieron que atender a más cuadros de ansiedad y depresión causados ​​por los miedos del presente y las incertidumbres del futuro.

Para evitar más accidentes, los bomberos dejaban entrar a los vecinos de los inmuebles despejados para que pudieran recuperar objetos personales, como ropa, dinero o la documentación que no habían tenido tiempo de coger cuando se había ordenado la evacuación. Quedaban muchos meses por delante en situación de temporalidad.

Finalmente, los técnicos declararon en escombros un total otros cuatro edificios, que fueron derribados. Antes hubo que llenar el túnel del metro con hormigón para estabilizar el terreno. Sobre los escombros de los edificios de las calles Calafell y Conca de Tremp se construyó un nuevo edificio de vivienda social y un parque infantil, actuaciones que tampoco quedaron fuera de la polémica por los retrasos en la ejecución. Además, el barrio tuvo que esperar cinco años a tener operativa la estación del Carmel de la L5.

El boquete, además, dejó una derivada política que también se recuerda. El rifirrafe entre el tripartito del presidente Pasqual Maragall, que apenas llevaba 13 meses llegado al poder, con el anterior gobierno de Jordi Pujol, que había planeado las obras, tuvo el episodio de mayor intensidad un mes después de incidente en el Carmel: el 24 de enero, Maragall intervenía en el Parlament en la sesión de control al gobierno cuando, por sorpresa, se dirigió a Artur Mas, jefe de la oposición, para espetarle: "Ustedes tienen un problema, y ​​ese problema se llama 3%", aludiendo a la sospecha del porcentaje que la administración convergente cobraba a los empresarios por la adjudicación de la obra pública. El presidente retiró la acusación por falta de pruebas a petición de Mas, que había amenazado con terminar con la legislatura, lo que habría imposibilitado la tramitación en curso del nuevo Estatut.