Las comarcas con más proyectos de renovables exigen un modelo con más diálogo y más participación del mundo local

BarcelonaMontserrat, Jordi, Pilar y Enric repasan sentados en una terraza en Copons los nuevos proyectos de parques eólicos que se dibujan sobre la zona de la alta Anoia. Desde el municipio se pueden ver en funcionamiento los molinos del parque de Rubió, unos cincuenta instalados desde hace más de diez años, pero el despliegue del nuevo decreto del Govern ha hecho surgir -o resurgir en algún caso- proyectos que van ubicados en hasta cuatro carenas más que rodean el pueblo. “Primero supimos del parque de la Serra Morena, donde van 9 aerogeneradores que ya han sido calificados como viables por el Govern, y ahora estamos pendientes de Maçana: 10 molinos que irían justo a continuación en una zona mucho más virgen, y que habrían conectado con los parques de Colomer y Clarena, ya en el Bages, que han sido tumbados esta semana”, repasa Jordi Saumell, uno de los miembros de la plataforma de nueva creación Salvem Serra Morena. Además, continúa señalando hacia las carenas del otro lado, mirando hacia la Segarra, hace apenas tres días que han sabido de un nuevo proyecto en las Viudes, en la zona de Pujalt, donde ya hay un parque en marcha desde hace años.

La proliferación de iniciativas para instalar nuevos parques eólicos y fotovoltaicos se extiende por toda la alta Anoia, parte del Bages, la Segarra y parte de la Conca de Barberà: “La mancha es una animalada sobre el mapa de lo que es la Segarra histórica”, lamenta Montserrat Coberó, miembro de la Xarxa Catalana d’Entitats per una Transició Energètica Justa. Los primeros compases del despliegue del decreto de renovables de la Generalitat ha supuesto que estas comarcas y otras donde hay una concentración de propuestas de promotores (en Ponent, el interior de Tarragona y las Terres de l'Ebre) se hayan disparado las alarmas por la superficie de suelos no urbanizables, espacios agrarios o naturales donde se plantean estas instalaciones. “La Generalitat tendría que haber hecho una planificación cuidadosa de cómo se tiene que hacer la transición energética, nosotros no estamos en contra de las renovables”, remarca Coberó.

No todos los proyectos que hay encima la mesa del Govern -281 fotovoltaicos y 127 eólicos- saldrán adelante. De momento la encargada de dar luz verde o no a la tramitación inicial de los proyectos es la ponencia de renovables, un órgano colegiado que depende del departamento de Territori pero donde están representadas también las voces de Agricultura y Patrimoni. “La ponencia se creó de buena fe, justamente para evitar que el territorio se crispara antes de tiempo”, explica el director del Institut Català de la Energia (Icaen), Manel Torrent, que remarca que la ponencia es solo un primer filtro de toda la tramitación que tendrán que seguir los que lo pasen.

Torrent reconoce que la celeridad con la que se trabaja para conseguir los objetivos de renovables que ha marcado Europa -50% de renovables en 2030 y 100% en 2050- “ha puesto el territorio en contra”. “Todos queremos renovables en zonas antropizadas y en tejados, pero solo así no llegaremos ni a una tercera parte de lo que necesitamos”, advierte. Coberó, en cambio, echa de menos que se activen en paralelo en los parques todas las otras posibles ubicaciones, como polígonos y cubiertas: “California está cubriendo todo un canal de agua de placas, aquí propones que lo hagan con el Segarra-Garrigues y todo son problemas administrativos y trabas”, apunta, y añade: “Parece que destrozar el territorio es gratis”.

64.000 hectáreas necesarias

La falta de una planificación previa sobre el despliegue de las renovables es uno de los factores que han propiciado el conflicto, según coinciden algunos expertos. “La transición energética en Catalunya requerirá unas 64.000 hectáreas de superficie, seis veces la ciudad de Barcelona”, recalca el profesor emérito de la UPC Carles Orilla citando el trabajo de un colega, Eduard Furró. Esto hace imprescindible “una nueva planificación territorial minuciosa, estudiar los valores del territorio y, a partir de esto, repensar sus usos”, insiste Orilla, que es presidente del Col·lectiu per un Nou Model Energètic i Social Sostenible (CMES).

El profesor de la UPC propone, a la hora de planificar la implantación, poner sobre la mesa todos los lugares disponibles y seguir unas recomendaciones de orden que prioricen primero todas las cubiertas y techos posibles, así como las infraestructuras que puedan acoger placas fotovoltaicas -carreteras, líneas ferroviarias e incluso pantanos, como ya están haciendo algunos países- y después identificar las zonas “tocadas”, como antiguos vertederos o urbanizaciones medio abandonadas. Solo con un criterios claros, expone, “se evitará que el primer espabilado especulador le compre la tierra al labrador”.

En la misma línea, el geógrafo de la UAB Joan López insta a acompañar el despliegue de las renovables de medidas que intenten forzar la instalación en lugares que pueden ser menos golosos de entrada pero igualmente eficientes en términos energéticos. El riesgo de no hacerlo, avisa, es “generar una hipoteca sobre todo el territorio que será difícil de revertir”. López matiza que el decreto vigente es “bueno desde el punto de vista de la transición energética”, pero cree que hacen falta retoques para que se cumplan los criterios de proximidad en su punto de consumo, respeto ambiental y paisajístico y no concentración.

Para Sergi Saladié, geógrafo de la URV, el decreto ha supuesto “la desregulación de la implantación” y ha provocado “muchos proyectos en lugares rurales, de poca población y en muchos casos pobres donde se presuponía poca oposición”. La reacción contraria en el territorio, subraya, responde a una “oleada de proyectos un punto más agresiva que la que se vio hace más de 10 años (y que quedó parada) en cuanto a la cantidad de propuestas, a las empresas más potentes que hay detrás y al despliegue de extensiones más grandes en el caso de la fotovoltaica”. Saladié es partidario de un nuevo decreto que permita hacer “más cirugía” y trabajar en paralelo con los parques en las zonas urbanas, una pedida alineada con la que ha hecho la Xarxa d’Entitats, que ya cuenta con unas cincuenta adhesiones.

Implicar al mundo local

Al fondo de la discusión está la demanda de más participación del mundo local y de los ciudadanos. “El espíritu de la transición energética también es hacer un modelo de generación distribuida, que acerque la gestión al ciudadano en base de incentivar no solo el autoconsumo sino también las cooperativas y pequeñas empresas, sin obviar que tendrá que haber empresas más grandes, claro ”, sostiene López.

La llegada de los fondos europeos da un marco favorable para construir una auténtica transferencia de los beneficios de las renovables en los territorios, apunta Saladié. Propone incentivar los proyectos de base y fijar la participación de las comunidades locales para que se puedan autoabastecer y también vender el excedente energético. Un modelo distribuido no se ve “como una carga”, afirma.

Por su parte, Orilla destaca la oportunidad de reequilibrio territorial que brinda la transición energética. “La proximidad al centro de captación de energía ahorra costes como el del transporte y puede ser un llamamiento a establecer actividades en determinadas zonas, una oportunidad que ya se trabaja con la Associació de Micropobles”, expone.

Desde EolicCat defienden que los proyectos son una oportunidad para los territorios donde se proyectan: “La construcción y explotación generará puestos de trabajo directos e indirectos, con salarios industriales en zonas despobladas”, apunta el gerente, Jaume Morron. Añade que también suponen un beneficio para los ayuntamientos por los impuestos que pagan los promotores. La Xarxa d’Entitats, que se opone al decreto, insiste que no quieren que lo que ha pasado en la Terra Alta se replique por todas partes: “Nos ayuda a abrir los ojos de la gente y de algunos ayuntamientos, porque ahí los alcaldes no quieren más molinos porque no les han traído riqueza, ni han resuelto la despoblación”, recalca Coberó. Saumell asegura que, con el precedente de Rubió, queda claro que no se generan puestos de trabajo ni riqueza en la zona: "En el parque trabajan dos personas de mantenimiento que vienen de vez en cuando".

Algunos ven en los parques proyectados una amenaza a sectores que, en cambio, empezaban a despuntar como el turismo rural. “Corremos el riesgo que la clientela no quiera volver si en lugar de tranquilidad se encuentran rodeados de molinos que hacen ruido y rompen la tranquilidad por todos lados”, apunta Jordi Serravinyals, que tiene un establecimiento rural, Cal Barrusca en los Prats del Rei. Añade que con el modelo actual se favorece la especulación: "Queremos soberanía energética y alimentaria también, pero hipotecamos nuestro suelo que sirve para producir alimentos". Saumell avisa que esta manera de trabajar genera mucha angustia y empobrece "también psicológicamente" a los pequeños pueblos que se ven inundados de proyectos.

Ya hace semanas que los grupos de Whatsapp empezaron a hervir para organizarse y reunirse con todos los grupos políticos. “El territorio se ha despertado porque no tiene sentido empezar la casa por el tejado”, apunta Astrid van Ginkel, de la Plataforma d’Afectades per la Concentració d’Aerogeneradors (PACA). Argençola, su pueblo, ha sido uno de los doce municipios que ya han aprobado una suspensión de la concesión de licencias para nuevas instalaciones, pero no saben si esto frenará los proyectos. “Lo que queremos son criterios claros y diálogo: discutamos cuántos molinos puede absorber Argençola, por ejemplo, y después os decimos nosotros dónde los colocamos”, pide. Van Ginkel opina que el despliegue actual del decreto no tiene sentido: “Queremos hablar de estrategia y nos dicen que no hay tiempo. ¿Pero qué han estado haciendo durante los últimos diez años?”