Sociedad 14/06/2021

Cuatro grandes hoteles negocian una prórroga con Colau para seguir en Barcelona

El permiso concedido en 1991 fijaba que al cabo de 50 años tenían que pasar a manos del Ayuntamiento

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Vista del hotel Juan Carlos I

BarcelonaEl área de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona está estas semanas en medio de unas negociaciones sin precedentes: la ampliación de la concesión de cinco grandes hoteles de la ciudad, entre los cuales el gigantesco Fairmont Rey Juan Carlos I de la Avinguda Diagonal. El fin de la cesión es dentro de 20 años y, si no se acuerda ninguna prórroga, los propietarios de estos hoteles tendrán que entregar las llaves del establecimiento al Ayuntamiento de Barcelona, que pasará a ser el propietario del solar y del hotel. Así se acordó en 1991, cuando se permitió recalificar terrenos destinados a equipaciones públicas para levantar grandes hoteles, lo que se conocía con el nombre de Clau 10. Esta alteración urbanística –que hipotecaba una parte importante del espacio público– estaba justificada porque había que construir hoteles urgentemente para los Juegos Olímpicos de 1992, según defendía el gobierno municipal de la época. “El Plan de Hoteles era prácticamente una obsesión del alcalde Pasqual Maragall”, explica una antigua colaboradora suya en esa época. De hecho, el plan se conocía en la época como "el plan de Hoteles de Maragall". Además del Fairmont Rey Juan Carlos I, el resto de establecimientos que también pasarían a manos del Ayuntamiento son el Hotel Plaza (en Plaça España), el Hotel Fira Palace (en la Avinguda Rius i Taulet) y el Alimara (en el Vall d'Hebron). El desenlace de esta negociación tendrá un gran impacto para todos ellos y sus trabajadores, pero también para todos los ciudadanos, puesto que en juego está la posibilidad de recuperar mucho espacio público en una ciudad donde cuesta encontrar un palmo de tierra sin explotar.

El polémico acuerdo, que también contaba con el visto bueno de la Generalitat, tenía una validez de 50 años con la excepción del Hotel Plaza, que se cedía por 48. El texto, que alteraba tan drásticamente la configuración de la ciudad que obligó a modificar el Plan General Metropolitano (PGM), advertía: "Finalizado este plazo se producirá la reversión de la edificación y de las instalaciones, en buen estado de funcionamiento, al Ayuntamiento”, y pronosticaba que conllevaría "un importante incremento del patrimonio público". Pero treinta años después, ni el gobierno de la alcaldesa Ada Colau tiene intención de empezar a gestionar hoteles (o de quedarse los terrenos y derrocar los edificios) ni los actuales propietarios tienen previsto abandonar el negocio, puesto que todo hace pensar que, superada la pandemia, el turismo volverá a Barcelona. Además, teniendo en cuenta que cada vez es más difícil abrir nuevos alojamientos en la ciudad debido a las limitaciones urbanísticas, los que ya están construidos todavía ganan más valor.

En un primer momento, todos los afectados intentaron negociar en grupo con el Ayuntamiento de Barcelona pero “no funcionó”, según fuentes implicadas en el asunto. Así que los propietarios de los cinco hoteles decidieron que cada uno negociaría por su parte. Uno de los que tiene más urgencia en cerrar el acuerdo es el Fairmont Rey Juan Carlos I, que está a la venta. El hotel, que se reformó en 2014, sigue siendo propiedad del grupo Barcelona Project’s, la sociedad inmobiliaria del príncipe saudí Turki ben Nasser, miembro de la familia real de Arabia Saudí. La operación de la venta podría cerrarse en breve ante el interés mostrado por el grupo Apollo Global Management pero antes de firmar nada es clave conseguir la prórroga de la concesión. Juan Carlos I, como también es el caso del Hotel Fira Palace, se construyó sobre solares privados pero los propietarios cedieron la titularidad al Ayuntamiento de Barcelona a cambio de no tener que pagar ningún canon durante estos 50 años. Por lo tanto, el solar es público. En el caso del Hotel Fira Palace, en la calle Rius i Taulet, los actuales propietarios (el grupo Intercontinental) están haciendo reformas integrales para transformarlo en un establecimiento de lujo con la idea de continuar. Consultados por este diario, sin embargo, ninguno de los dos grupos propietarios han querido hacer declaraciones. También son públicos los terrenos sobre los que se construyeron tanto el Hotel Plaza como el Alimara y, en este caso, los propietarios de los establecimientos pagan un canon al Ayuntamiento.

El hotel Alimara de Barcelona

Hay dos hoteles que también se construyeron gracias a la Clau 10: el Hotel Apolo y el Barceló Sants. Los dos, sin embargo, podrán seguir pasados estos 20 años porque se levantaron en solares que no son del Ayuntamiento. El primero es privado, propiedad del fondo norteamericano Vardë Partners, mientras que el segundo es de Adif y actualmente, y hasta el 2035, lo explota el grupo Barceló.

"Necesitamos encontrar una solución permanente y no tener que ir prorrogando la concesión", explica al ARA la teniente de alcaldía de Urbanismo, Janet Sanz. A cambio de esta regularización, que podría ser definitiva, el actual equipo de gobierno no quiere hacer pagar un canon económico, sino que prefiere que los afectados le den un solar del mismo valor, teniendo en cuenta no solo la superficie y la ubicación, sino también el valor de la construcción, puesto que, según el acuerdo, es el terreno y el edificio el que tiene que pasar a manos del Ayuntamiento.

Hotel y centro de formación

Entre todos los afectados, hay un caso la extinción del contrato del cual afecta mucho más que un hotel. “Nuestro caso es muy diferente al resto”, destaca Elisabet Ferrer, gerente del grupo que gestiona la Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomy (CETT) y el hotel Alimara, en el Vall d'Hebron. Tanto el hotel como el CETT, que abrieron las puertas en 1995, tendrían que devolver las llaves en 2041, pero sus propietarios quieren seguir. "Hemos hecho de este proyecto nuestro proyecto de vida", explica Ferrer. Después de desmarcarse del resto de hoteles afectados, han presentado una instancia al Ayuntamiento de Barcelona para alargar la concesión y así "poder amortizar la inversión y recuperar las pérdidas" que ha sufrido el sector durante la pandemia. Desde que empezaron a explotar los dos edificios, han invertido más de 17 millones de euros en reformas o ampliaciones. De momento, no han obtenido respuesta pero son optimistas: "Nosotros tenemos un interés social para la ciudad", defiende Ferrer, que recuerda que el Hotel Alimara atendió a los profesionales del Hospital de la Vall d'Hebron durante las peores semanas de la pandemia –a cambio de un dinero que la Generalitat pagó a los hoteles que dieron este servicio– y que, además, también tienen plazas para familias desahuciadas en la residencia de estudiantes que está en el mismo barrio. De hecho, el grupo ha apostado con decisión por esta parte de la ciudad: en el CETT (que está adscrito a la Universitat de Barcelona) tiene a los estudiantes que pueden trabajar o hacer prácticas en el Hotel Alimara. Además, los que viven fuera de la ciudad se pueden alojar en la residencia Ágora, que también está en el barrio. Abandonar las instalaciones sería una auténtica conmoción para ellos.

Una ciudad muy diferente

Treinta años después, cuesta creer que antes de los Juegos faltaran promotores para construir hoteles en Barcelona, pero la ciudad, a finales de la década de los 80, jugaba en una liga diferente. Apenas se abría al mar, todavía tenía más de 1.000 barracas por algunos barrios periféricos y, en el corazón de la ciudad, el Barrio Chino estaba en plena forma. El año 1990 solo había 84 hoteles de entre tres y cinco estrellas y ofrecían un total de 15.656 plazas. La cifra era notablemente inferior a la de las ciudades europeas del entorno: si en la capital catalana había 4,7 habitaciones de hoteles de tres o más estrellas por cada 1.000 habitantes, en Milán había 7 por cada 1.000 habitantes, en Amsterdam 10,5 y en París 13,2. Hay datos todavía más significativas: solo un 52% de las habitaciones de hotel de la ciudad tenían aparcamiento y ninguno tenía una equipación deportiva al aire libre. El argumentario que el Ayuntamiento presentó a la Generalitat para justificar la urgencia en la construcción de hoteles pronosticaba "un ritmo de crecimiento turístico muy importante" y argumentaba que no solo había el horizonte de los Juegos Olímpicos sino que, además, el turismo en Catalunya crecía y que también estaba incrementando el turismo urbano a escala internacional. Todo hacía pensar que los hoteles que se construyeran servirían para alojar a los miles de personas que se esperaban para los Juegos Olímpicos y después seguirían haciendo falta para todos los turistas que querrían visitar la capital catalana. Barcelona estaba dando el paso hacia la ciudad de servicios que es actualmente y la pregunta solo era (y sigue siendo) a qué precio había que hacerlo. "El gobierno municipal ya tenía la idea de hacer de Barcelona una ciudad turística", según recuerda Antoni Luchetti, que fue concejal de Iniciativa per Catalunya (IC) durante ese mandato. El partido, que solo tenía dos concejales, formaba gobierno con el PSC y, en esta ocasión, votaron en contra. "Fue muy duro, recibimos muchas presiones", recuerda ahora Luchetti. "Nosotros hicimos bien, porque queríamos denunciar la falta de equipaciones y la manga ancha con las recalificaciones", dice. Finalmente, Maragall pudo aprobar el plan de hoteles gracias a los votos del PP.

La salida del colector de aguas residuales en la playa de la Mar Bella, donde hoy se bañan miles de barceloneses y turistas.

En ese momento, la urgencia jugaba en contra del Ayuntamiento y la ciudad estaba dispuesta a poner una alfombra roja a quien se quisiera arremangar. Ahora mismo, sin embargo, Barcelona ya tiene 348 hoteles de estas características y ofrece un total de 65.537 plazas. La situación ha cambiado radicalmente y hay un cierto cansancio turístico. El actual gobierno incluso defiende un decrecimiento, una posición impensable hace 30 años.

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