600 euros por una habitación: “Todo el mundo quiere aprovecharse de la situación”

Barcelona“El problema de la vivienda no se está dimensionando bien”. “Las estadísticas oficiales no recogen toda la casuística y, por lo tanto, no son fieles a la realidad”. “Hay miles de personas viviendo realquiladas, en infraviviendas o en pisos y locales insalubres”. Las entidades sociales catalanas hace meses que intentan levantar la voz para hacer llegar estos mensajes. Avisan que la bola se está haciendo demasiado gorda y que el parque público de pisos es alarmantemente pequeño en relación con la cantidad de gente que necesita ayuda.

Sus informes, basados en la experiencia propia a pie de calle, constatan que al menos 25.000 personas viven en situación de sinhogarismo en Catalunya. Y esto no quiere decir “vivir en la calle”, sin techo. Quiere decir también vivir en situaciones indignas, en lugares que no se pueden considerar un hogar. Además, hay unos dos millones de personas que tienen problemas relacionados con la vivienda.

Jorge y su familia lo saben bien. Él y su mujer, de 37 años, y sus tres hijos adolescentes estuvieron viviendo durante dos años y medio –en plena pandemia– realquilados en una única habitación. “Compartíamos la habitación los cinco juntos y a la vez los espacios comunes con otras familias. Es de las cosas más duras que hemos vivido en la vida”, afirma este padre de familia. La crisis sanitaria por el covid-19 los dejó sin opción de trabajar y no encontraron ninguna otra opción. Les habían aconsejado que entraran a ocupar algún piso, pero ellos no quisieron “saltarse la ley”. A pesar de su precaria situación, la especulación –que no entiende de clases sociales– hizo que su inquilino les llegara a pedir más de 600 euros al mes por la habitación. “Todo el mundo intenta aprovecharse de la situación", lamenta Jorge. "Tuvimos que pedir ayuda para poder pagar y no quedarnos en la calle”, reconoce.

Después de pasar por varias asociaciones, finalmente la Fundación Vivienda Social, que depende de Cáritas, les ofreció un piso con un alquiler adaptado a su situación. “Volví a nacer”, admite Jorge, que explica que siendo una familia inmigrante, sin papeles ni ningún título universitario convalidado, les era imposible acceder a un trabajo con contrato. Y los ingresos que conseguían en negro eran insuficientes para pagar “un piso, por pequeño que fuera”.

“Ahora mis hijos tienen un espacio propio y volvemos a tener privacidad como familia; y esto no tiene precio”, asegura. “Allí fuera hay muchos casos como el nuestro y peores. Nosotros estábamos destrozados emocionalmente, nuestra hija pequeña todavía va al psicólogo”, relata. Ahora han recuperado la calma y con esta estabilidad ya han solucionado mucha burocracia y han conseguido los permisos de trabajo, que les permitirán dar un nuevo paso adelante.

Un generador de pobreza

Esta familia y la entidad que les ayuda saben que volverán a venir nuevos retos. El problema más grande ahora mismo, explican desde la entidad, es “dar el salto del piso social a un piso del mercado libre”. “Soy muy consciente de que tendremos que marcharnos de aquí cuando seamos capaces de pagar un alquiler, porque el objetivo de este piso es que otras familias puedan recibir ayuda”, añade Jorge.

“Estamos viendo que la estancia en los pisos y la salida de los programas de ayuda se están alargando y ahora, de media, las familias tardan unos cuatro años y medio en rehacerse”, explica Laura Pujol. La portavoz de la entidad remarca que el salto de los pocos pisos sociales que hay hacia el mercado libre “todavía es un reto imposible para muchas familias”. “Podrían pagar 500 o 600 euros, pero por este precio en el área metropolitana solo encuentras habitaciones”, apunta.

“El problema básico es que solo hay un 1,7% de parque público y con esto no se puede parar el golpe”, explicaba el director de Arrels, Ferran Busquets, la semana pasada. “La vivienda ya es un generador de exclusión social de primer orden”, alertaba.

Más de la mitad del sueldo

Pero es que los problemas de acceso ya no se limitan solo a las familias más vulnerables. Los catalanes destinaron, de media, el 54% de su sueldo bruto a pagar el alquiler en 2021. Es casi un 2% más que el año anterior, según el estudio Relación de salarios y viviendas de alquiler, que cruza datos de los portales Infojobs y Fotocasa. Y encontrar piso se ha convertido en un reto –a pesar de que a otro nivel– también para la clase media.

Roger, empresario de 37 años, hace unos meses que busca piso en Barcelona y asegura que también ha notado la sacudida del mercado a pesar de tener un buen sueldo. “Busco piso básicamente online y me di cuenta de que, cuando tumbaron la regulación catalana de los alquileres, los precios se encarecieron unos 100 euros en solo una semana”, apunta. Este emprendedor percibe que “ahora hay menos oferta en alquiler” y que incluso los pisos de cierto nivel de precio se alquilan rápidamente. Un caso parecido es el de Ander, un joven de Reino Unido que quiere instalarse en Barcelona. “Me doy cuenta de que hay muchos pisos en mal estado muy sobrevalorados y que, por ejemplo, ¡aquí tener una pequeña terraza está considerado directamente un lujo!”, valora. “Si yo me estoy encontrando con problemas, lo que deben de pasar las familias que tienen algún miembro en el paro tiene que ser a la fuerza desolador”, concluye Roger.

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