Cuando la deuda cambiaba la Constitución

Solo fueron necesarias 24 horas de un caluroso día de agosto de hace una década para reformar el artículo 135 de la Constitución que anteponía afrontar la deuda a cualquier otro tipo de pago. Hacía poco más de tres años de la caída de Lehman Brothers (septiembre de 2008) y la crisis financiera colocaba España, junto con otros países, en una profunda recesión. Quien en ese momento era presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), pactaba de noche con el entonces jefe de la oposición, Mariano Rajoy (PP), un corsé permanente para el gasto público fijada en la Constitución bajo el nombre "de estabilidad presupuestaria".

Así, la deuda pública conseguía modificar por primera vez la carta magna española de 1978 y lo hacía de forma exprés y sin referéndum. Obligaba, en primera instancia, a enjugar la deuda del conjunto de las administraciones públicas que en ese momento se situaba en 69,9% del PIB español, según datos del Banco de España. Poco más de diez años después, y también en un contexto de crisis económica global, fruto de la pandemia del coronavirus, la deuda se sitúa cerca del 120% del PIB español. De hecho, en marzo de 2020, y por primera vez en la historia, la Comisión Europea suspendió las normas fiscales, lo que ponía fin a la dictadura del déficit que había imperado hasta entonces. También el gobierno español mantiene, por ahora, suspendidas las reglas fiscales y, por tanto, la ley de estabilidad presupuestaria.

Olivier Blanchard, que fue economista jefe del Fondo Monetario Internacional en 2011, apuntaba que "la disciplina de la estabilidad presupuestaria es un maratón de fondo, no un sprint". "Este es el mejor resumen", dice el catedrático en ciencias económicas de la UB, Joan Tugores, que apunta también que los gobiernos han aprendido que "no se puede adoptar" la velocidad de aquellos años a la hora de retirar estímulos. A pesar de que inicialmente la respuesta europea de 2009 y 2010 fue expansiva, en 2011 las ayudas se empezaron a retirar. "Aquello provocó una recesión mucho más grave de lo que pudo haber sido y con unos efectos sociales y políticos indeseables: desigualdad y malestar", explica el profesor de la UB.

El conservadurismo monetario europeo se alejaba de la actitud de países como Estados Unidos, Reino Unido o incluso Japón. "La política dura europea hizo que los mercados monetarios y bursátiles estuvieran cada día más nerviosos. Hasta 2012 todo el mundo sufrió mucho", apunta el catedrático de economía de la UPF, Albert Carreras. Además, no todos los países salieron de la misma manera. "Las políticas del BCE no entendieron nunca las necesidades de la periferia", concluye Carreras.

El papel europeo

A la hora de analizar el escenario actual, hay que tener en cuenta que estamos en un momento en que los tipos de interés del BCE están bajo mínimos históricos, recuerda el catedrático. Esto quiere decir que, hoy por hoy, a pesar de que el volumen de deuda es mayor que hace diez años, la carga, es decir, lo que habrá que pagar cada año de intereses, está muy por debajo en proporción a los tipos de interés de la última crisis económica. "Lo hace más sostenible y ayuda a mantener más tiempo la política fiscal", apunta Tugores.

"La idea de reformar la Constitución para blindar la estabilidad del gasto fue absolutamente autónoma y personal mía", asumía Zapatero durante la presentación de su libro El dilema (Planeta), y añadía que era consciente en todo momento del coste electoral. Ahora bien, detrás estaba la presión "ideológica, teórica y política de Alemania y del Banco Central Europeo a la hora de hacer cumplir el pacto de estabilidad", recuerda el catedrático de la UPF. Para el experto, la máxima era proteger el euro y mantener baja la inflación -un fantasma que Alemania arrastra desde la hiperinflación de 1923- pero el país germano no estaba solo. Francia y, en concreto, el gobernador del BCE, el francés Jean-Claude Trichet, daban el visto bueno. El cambio de gobernador al BCE por Mario Draghi generó un punto de inflexión que llegó tarde, según Carreras.

En Catalunya, los partidos quedaron fuera del debate. En su momento, se planteó mutualizar la deuda de la Generalitat, que vivía momentos de "vulnerabilidad financiera", recuerda Carreras. La reforma del artículo 135 dio lugar al fondo de liquidez autonómica (FLA), una herramienta planteada como un mecanismo para apoyar la liquidez de las comunidades, que sin embargo también permitió intervenir las finanzas autonómicas, como en el caso de la Generalitat.

Recortes

"Parece claro que tarde o temprano se tendrá que abordar la cuestión de la estabilidad presupuestaria", apunta Tugores. La gran pregunta es cuándo, pero también cómo. Hay consenso en que anticiparse no es la solución, pero esta semana tanto los Estados Unidos como Europa empiezan a encarar el futuro de los límites de la deuda. "En un pasado, la recuperación llegó a las estadísticas macroeconómicas, pero no a los segmentos más importantes de la población", reflexiona el profesor de la UB. "Es una asignatura que deberíamos aprobar con mejor nota", añade.

En este sentido, diferentes voces económicas apuntan que no solo hay que fijarse en si se ha recuperado el PIB previo a la crisis, sino también en la "solidez" de la recuperación, es decir, si está encarrilado el crecimiento económico pero también si el gasto público está teniendo unos efectos deseados y, por tanto, no solo contribuye a mejorar la productividad, sino también a paliar consecuencias sociales como la desigualdad. Es por todo ello que para Tugores la recuperación no es solo un tema macroeconómico "sino de modelo de economía y de modelo de sociedad con las dimensiones de inclusividad y sostenibilidad al frente", concluye.