Una semana después del ataque, el silencio y la incertidumbre reinan en las calles de Venezuela

CaracasUna semana después de la caída de Nicolás Maduro, los venezolanos presencian cómo se desmantela, ahora sí, la llamada revolución bolivariana. Aunque quien fue su vicepresidenta, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, haya sido la elegida por Donald Trump para asumir el relevo del heredero depuesto de Hugo Chávez, el país observa atónito el giro radical que han dado el discurso y las acciones del nuevo gobierno tutelado por Estados Unidos. la inédita operación militar que bombardeó Caracas y otros cuatro estados del país y que capturó al expresidente ya su esposa, Cilia Flores.

Quedan muy atrás las consignas antiimperialistas y los insultos contra los "yanquis" repetidos durante dos décadas de chavismo. La administración continuista acepta ahora todos los acuerdos de cooperación energética y comercial entre dos naciones que habían sido adversarias hasta el sábado 3 de enero del 2026 en la madrugada.

En cuestión de siete días, la presidenta interina pasó de exigir alguna prueba de vida de Maduro y de la primera dama (ahora encarcelados por ser juzgados por narcoterrorismo en Estados Unidos) y de condenar el "brutal ataque" ordenado por el presidente Trump, a confirmar que su gobierno sí cooperará con Washington cumpliendo planes que hasta hace poco parecían estrafalarios, por no decir imposibles. Estados Unidos gobernará Venezuela de forma indefinida hasta que el país se estabilice; Caracas suministrará de 30 a 50 millones de barriles de petróleo en Washington; Venezuela sólo podrá importar productos de EE.UU.; la comercialización del crudo será controlada por EEUU, y parte de las ganancias se destinarán a la reconstrucción del país, entre otras medidas del nuevo orden que Trump va imponiendo sobre Venezuela.

Ante el acatamiento de las nuevas reglas, las contradicciones son evidentes. La presidenta interina oscila entre negar que agentes externos estén gobernando el país y afirmar que su destino "no lo decide nadie sino Dios", y la amenaza de Trump que "pagará un precio mayor que el de Maduro" si no accede a las pretensiones de Washington. Las maniobras le han llevado incluso a afirmar que la posible reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas (cerrada desde 2019 por la ruptura de relaciones diplomáticas) en realidad busca "denunciar la agresión del 3 de enero que afectó al pueblo venezolano".

Eso sí, el discurso oficial ya no apela a la defensa de la soberanía ni denuncia la violación de las leyes internacionales tras el ataque militar estadounidense contra Venezuela.

Silencio colectivo en la calle

Mientras, los venezolanos, extenuados por tantos estremecimientos políticos de la historia reciente, una vez más han tenido que aferrarse con fuerza a la montaña rusa emocional desatada durante la primera semana del 2026 a una velocidad difícil de procesar.

En el vértigo de las horas, Venezuela ha pasado de la euforia por la confirmación de la captura del dictador (o del dolor en el caso de los afines a Maduro), a la perplejidad y la preocupación cuando Trump anunció que ya no sería María Corina Machado sino la vicepresidenta Delcy Rodrígue. El miedo se reinstaló el lunes 5 de enero, al tiempo que la instalación de la Asamblea Nacional y el juramento de la presidenta interina, cuando los llamados colectivos, las temidas bandas parapoliciales avaladas por el chavismo, empezaron a detener a peatones ya revisar si tenían mensajes de celebración del ataque. Dos días después, estalló de nuevo la alegría por el anuncio de la supuesta liberación masiva de los presos políticos (alrededor de 800, según el recuento de la organización Foro Penal) para después deshincharse y pasar a la rabia y la frustración al comprobar que las excarcelaciones fueron detenidas y se están produciendo con cuentagotas.

La diáspora venezolana (más de 8,7 millones de personas en el exilio según Naciones Unidas) sí tuvo espacio para celebrar la captura de Maduro y Flores la madrugada del 3 de enero. Pero no dentro del propio territorio nacional, donde nadie comenta nada sobre los últimos acontecimientos y la gente intenta reanudar lo cotidiano en un ambiente de "tranquilidad" en contraste con el hervidor virtual de las redes sociales.

El silencio colectivo se explica solo. El mismo día del bombardeo militar de Estados Unidos se publicó el decreto de estado de conmoción exterior con rango de ley que, entre otras limitaciones, suspende el derecho de reunión y de manifestación pública, ordena la militarización de los servicios públicos y de la industria petrolera y el arresto por parte de los cuerpos policiales de todo aquel que promueva y apoye al "ataque armado".

Lo cierto es que, a medida que pasaron los primeros días de enero, todos los vaticinios sobre el caos que se desencadenaría en Venezuela si Maduro fuera depuesto, reiterados tantas veces por portavoces chavistas y algunos analistas políticos, fueron descartados. La violencia, por el momento, habría sido conjurada. Pero, por eso, también se paga un precio.

Sin embargo, persisten señales de continuidad del autoritarismo. Nada más asumir Rodríguez la presidencia interina, nombró como nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial al general jefe Gustavo González López, actual director de la dirección general de Contrainteligencia Militar (DGCIM), sancionado por Estados Unidos por violaciones de derechos humanos. El mismo día del juramento de la presidencia encargada, catorce periodistas fueron detenidos durante varias horas tan sólo por cubrir el acto oficial celebrado en el Palau Legislatiu, siguiendo la práctica represiva instaurada por el régimen de Maduro. Mientras, en la frontera con Colombia, se concentraron decenas de periodistas extranjeros a los que la Guardia Nacional y las autoridades migratorias impidieron la entrada en el país.

Control, censura y 'sapos'

La censura permanece intacta. Siete días después de la operación militar estadounidense todavía no se conoce ningún comunicado oficial sobre las víctimas de los bombardeos. El número y la identificación de los fallecidos han trascendido gracias al trabajo de equipos periodísticos.

En medio de tanta incertidumbre, algunos venezolanos se aferran a la esperanza. "Hay que tener paciencia; esperaremos a ver cómo acaba esto. Es probable que María Corina y Edmundo no hubieran podido gobernar en esta etapa. Confiamos en que Estados Unidos ayude a enderezar el país y podamos ver pronto señales de una verdadera transición hacia la democracia", comenta LN (prefiere no compartir su nombre entero por motivos de de una urbanización de clase media en el este de Caracas.

Pero en otros caraqueños, la duda sigue clavada. A María Pérez (nombre ficticio para proteger su identidad), vecina del populoso barrio de Petare, le siguen revisando el móvil en el ministerio en el que trabaja. Sus jefes, "más maltratadores que de costumbre", le exigen difundir contenidos favorables al gobierno al tiempo que le prohíben hablar de política y le obligan a asistir a las marchas que estos días ha convocado el gobierno interino. Para sobrevivir, aparte de su sitio en la administración pública, esta madre soltera de una joven de 20 años y de un niño de 8, trabaja limpiando casas dos o tres días a la semana, incluidos sábados y domingos. En la comunidad donde vive, nadie comenta absolutamente nada de lo que ocurrió el 3 de enero por miedo a los sapos (como se llama coloquialmente la figura del delator). "¿Saldremos?", se pregunta mientras revisa angustiada la subida brutal del precio del dólar oficial nada más empezar en el 2026.