La chica que perdió el ojo en los disturbios por Hasél: "Para el juez la mutilación es justa para exponerme"

Barcelona"La gracia es que para el juez mi mutilación es justa porque me expuse. ¿No es seguro manifestarse?". Éste es un fragmento de una carta de la chica que perdió un ojo por el impacto de una bala de foamde los Mossos d'Esquadra en las protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasél y que su padre ha hecho pública por denunciar el archivo del caso decidido por el juez Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona. El 8 de mayo el magistrado cerró la investigación contra un sargento y dos escopeteros alegando que los agentes actuaron "en defensa propia", ya que estaban rodeados de "manifestantes violentos", y dando por válido que fue la víctima quien se puso "en peligro". De hecho, en la resolución, avanzada por El Periódico, Aguirre concluye que la chica (de 19 años en el momento de los hechos) "formaba parte" del grupo que tiraba objetos contundentes contra la policía, a la que compara con la kale borroka. "Si estos hechos hubieran ocurrido en el País Vasco antes de la tregua con ETA habrían sido calificados de actos terroristas", dice.

En la resolución el magistrado –uno de los jueces que han hecho de ariete contra el independentismo en casos como la operación Volhov y Tsunami– libra de toda responsabilidad a la policía catalana y considera que la chica debe "cargar con las consecuencias" de haber participado en los disturbios. "Si eres de izquierdas, independentista, si vas en contra de lo que quieren que hagas, acabarás mutilado; eso nos da a entender al juez", continúa la chica en la carta. Su familia le ha leído para anunciar que interpondrán un recurso de apelación. Tanto ella –como acusación particular– como el colectivo Irídia –como acusación popular– sostienen en sus recursos que la Audiencia de Barcelona debe revocar la decisión de Aguirre porque es "precipitada" e "indebida".

Las acusaciones entienden que las diligencias llevadas a cabo en la instrucción acreditan la existencia de indicios de criminalidad en la conducta de los escopeteros y la del sargento que les ordenó disparar –del que dicen que “permitió una actuación contraria a los protocolos policiales y la legalidad"–, por lo que creen que debería enviarlos a juicio. "Disparar, en esta situación, por encima del abdomen de una manifestante es aceptar como probable causar lesiones graves", exponen los recursos, quienes recuerdan que los protocolos de los Mossos lo impiden.

Tanto la víctima como Irídia subrayan que la chica fue "gravemente lesionada" cuando caminaba "en dirección contraria" a la de los agentes, a una distancia que "impedía la existencia de ninguna agresión directa" a los policías ni ninguna "situación" de riesgo" para los demás manifestantes. Por ello, consideran que hubo un "uso ilegítimo" de la fuerza por parte de los Mossos, "contrario" a los principios que los regulan y al protocolo de los proyectiles de foam. Según la acusación popular, la resolución de Aguirre no entra a valorar que el rasgo que la mutiló no se ajustaba al protocolo de uso del foam y el juez sólo apunta a que la actuación fue proporcionada. Los recursos resaltan que la actuación también fue antirreglamentaria, puesto que entienden que no se respetó el protocolo interno de uso de los proyectiles de precisión y advierten que, atendiendo a la normativa internacional de derechos humanos, los hechos también constituirían un delito de tortura o, subsidiariamente, contra la integridad moral.

En su carta, la víctima explica los daños psicológicos que sufre desde que perdió el ojo. Por ejemplo, dice que ha tenido que "reaprender a comer sola" y que "cogió complejo" que la miraran a los ojos. También sufre estrés postraumático y ataques de ansiedad graves.