BarcelonaUna crítica habitual al sistema judicial es que sigue funcionando "como en el siglo XIX". Pero ahora podría empezar a remediarse: a lo largo del 2025 se desplegará una ley que quiere poner al día la justicia y hacer que sea más ágil. La ley de eficiencia cambiará la forma en que se organizan los juzgados –incluso como se llaman– y traerá novedades que buscan mejorar la protección de los niños y las víctimas de delitos sexuales. El nuevo sistema se aplicará escalonadamente en tres fases –en junio, octubre y diciembre–, afectando primero a los municipios más pequeños y finalmente a las ciudades más grandes.
Juzgados que desaparecen y nuevos tribunales de instancia
En los próximos meses dejaremos de oír hablar de los juzgados de instrucción, penal o social, porque los juzgados a cargo de un solo magistradodesaparecerán como tal. En su lugar, se instaurará un sistema diferente con los nuevos tribunales de instancia: habrá uno solo en cada partido judicial -en Catalunya hay 49, una distribución territorial que sí se conservará- que aglutinará a todos los jueces, si bien se podrán distribuir en diferentes secciones especializadas.
En consecuencia, los funcionarios judiciales ya no estarán asignados a un solo juez, sino que, bajo la dirección de un letrado de la administración de justicia, se les podrá destinar a una tarea u otra según el volumen de trabajo que haya.Para la secretaria de la Administración de Justicia de la Generalitat, Iolanda Aguilar, es clave la flexibilidad que da este modelo. De hecho, confía en que "ayudará a descongestionar los juzgados y hacer que funcionen de forma más ágil".
Aunque la mayoría de cambios que llevará esta ley están relacionados con la organización de los tribunales, una de las novedades más relevantes es que en las macrocausas se podrán asignar hasta tres jueces en lugar de uno solo. Con esta actuación se quiere evitar que absorban toda la capacidad de trabajo de un juzgado.
Nueva especialidad en violencia contra la infancia
Las secciones especializadas en las que se distribuirán los jueces a los nuevos tribunales de instancia corresponden en buena medida a las especialidades actuales. Ahora bien, la nueva ley habilita dos nuevas. En el ámbito civil, se crea la de familia, infancia y capacidad (a diferencia de los hasta ahora juzgados de familia) y, a nivel penal, la de violencia contra la infancia y la adolescencia. Esta última se encargará de los casos en que las víctimas sean menores, que hasta ahora recaían en los juzgados de lo penal, con la excepción de los que estén relacionados con un caso de violencia machista, que se derivarán a los juzgados de esta especialidad. La ley también establece que estas causas tendrán que tramitarse de forma preferente. Por el contrario, se mantiene la sección de menores, que se ocupa de los casos en los que el procesado tiene entre 14 y 18 años.
Más competencias a violencia sobre la mujer
A partir de octubre, los jueces de violencia sobre la mujer se harán cargo de algunos delitos que no se habían incluido en esta especialidad porque se ocupaban sólo de la violencia dentro de la pareja. Incorporarán competencias en delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzoso, acoso con connotación sexual y todos los delitos sexuales, que hasta ahora recaían en los juzgados de instrucción. Un cambio que ya se preveía en la ley del sólo si es sí de 2022.
En el ámbito de la violencia machista, la nueva ley también establece que todas las mujeres y los menores víctimas de delitos sexuales tienen derecho a un abogado de oficio independientemente de sus ingresos. Además, una de las posibilidades que abre esta ley es que los juzgados especializados puedan actuar en más de un partido judicial. De hecho, la Generalitat pretende unificar la especialidad de violencia machista en Barcelona y Hospitalet de Llobregat con siete juzgados. Actualmente tienen cinco y uno, respectivamente.
Reorganización pendiente
Las nuevas competencias supondrán una mayor carga de trabajo para los juzgados de violencia machista. El ministerio de Justicia calcula que será aproximadamente un 20% más, aunque fuentes de la judicatura y la fiscalía advierten que podría ser mucha más. Asimismo, el cambio descargará los juzgados de instrucción que hasta ahora se ocupaban de los delitos sexuales fuera de la pareja.
Todavía está pendiente de rehacer el organigrama que aclare cuántos jueces se dedicarán a cada ámbito y también cuántos se dedicarán a la nueva especialidad de violencia contra la infancia y la adolescencia. El ministerio es el encargado de calcular cuántos jueces caldrarán para cada especialidad y plasmará la nueva distribución en un real decreto, del que ya ha avanzado que una posibilidad es que jueces que hasta ahora eran de instrucción pasen a dedicarse en exclusiva a casos de violencia machista.
Diferentes voces consultadas por el ARA creen que para absorber el volumen de trabajo previsto habría que ampliar la plantilla judicial y, así, poner fin al colapso de la justicia. La reclamación de la Generalitat, que mantiene pese a esta nueva organización, es que Catalunya necesita otros 55 jueces.
Sin presupuesto
Ahora bien, la ley no contempla ninguna partida presupuestaria y la ampliación de la plantilla queda en manos de futuras decisiones. Desde la fiscalía, se ha pronunciado al respecto la jefa de Barcelona, Neus Pujal: "Hay que destinar recursos a la administración de justicia. Si no se destinan recursos, esta reforma no saldrá adelante".
Otro aspecto que afecta al ámbito económico es que la ley crea nuevos puestos de responsabilidad para funcionarios y letrados de la administración de justicia, que supondrán, por tanto, nóminas más altas. La Generalitat todavía no ha calculado qué aumento de coste supondrá para la administración catalana.
Mediación obligatoria en el ámbito civil y mercantil
La mediación u otro método alternativo de resolución de conflictos será obligatoria para iniciar un procedimiento judicial civil o mercantil. Este requisito pretende descongestionar los juzgados y evitar que lleguen litigios que podrían haberse resuelto con una negociación. Este mecanismo obligatorio deberá estar cubierto por la abogacía de oficio en los casos en que la persona afectada tenga derecho a la justicia gratuita, un aspecto sobre el que la Generalitat todavía no ha calculado el impacto económico que tendrá, pero que prevé vehicular a través del turno de oficio.
Juzgados de paz
La nueva organización judicial también supondrá que los juzgados de paz sean sustituidos por oficinas municipales de justicia en las localidades donde no exista la sede de ningún tribunal de instancia. A grandes rasgos, tendrán las mismas competencias que ya tenían los juzgados de paz con pequeñas ampliaciones. Uno de los objetivos de la Generalitat es potenciar la digitalización de estas oficinas para que puedan ser un punto de acceso seguro para videoconferencias judiciales, por ejemplo de testigos o peritos que vayan a comparecer en un juicio sin necesidad de desplazarse.
Despliegue por fases
El nuevo modelo organizativo que describe la ley de eficiencia se desplegará en tres fases, empezando por los partidos judiciales más pequeños y terminando por los mayores. En Catalunya, desde 2012 los funcionarios judiciales se organizan con este modelo en algunas localidades, y ahora mismo 28 de los 49 partidos judiciales ya funcionan de esta forma. Hasta ahora se ha implantado poco a poco, haciendo obras en los edificios judiciales para crear espacios de trabajo más diáfanos, pero durante el próximo año se realizará en los edificios que ya están operativos.
Los primeros tribunales de instancia que deben empezar a funcionar tienen como límite para ponerse en marcha el 1 de junio. En Catalunya, esta fecha afecta a 33 partidos judiciales, pero sólo hay siete que todavía no trabajan con el modelo de oficina judicial. Son Valls, Santa Coloma de Farners, Vic, Martorell, San Feliu de Llobregat, Rubí y Gavà.
La segunda tanda tiene como fecha límite el 30 de octubre. En este caso, hay dos partidos judiciales en Catalunya que todavía tienen todo el trabajo por hacer: L'Hospitalet de Llobregat y Badalona.
La última tanda de adaptaciones a la nueva organización concluirá el 31 de octubre. Afecta a 14 partidos judiciales en total: las cuatro capitales de demarcación (en Girona se ha aplicado parcialmente), Arenys de Mar, Figueres, Manresa, Vilanova y la Geltrú, Sabadell, Terrassa, Mataró, Reus y Granollers.
