Ley 'antibullying': ¿hay que castigar a las escuelas?

BarcelonaDurante un tiempo sufrió insultos y amenazas en la escuela donde estudiaba, un centro concertado de Vallirana, por parte de cuatro compañeros, todos menores de edad. Hasta que un día, en septiembre del 2018, lo acorralaron a la hora del patio, lo vejaron y lo agredieron sexualmente, según la denuncia de la familia. La víctima, que tiene Asperger, tuvo que cambiar de escuela y su grado de dependencia ha empeorado después de este infierno. Los cuatro menores, que niegan la agresión, se sentarán el martes que viene en el banquillo de los acusados. Como actualmente el bullying no es un delito, la familia de la víctima les pide cuatro años de internamiento (uno más que la fiscalía) y dos de libertad vigilada por violación y trato vejatorio. La pena máxima que se puede solicitar actualmente para un menor (de 14 años hasta la mayoría de edad) para castigar los delitos más graves, como asesinato, es de cinco años de internamiento. 

Los padres de la víctima han dejado claro que lo que quieren es justicia, no solo para su hijo, sino también “por todos los que han sufrido bullying”. La misma justicia que busca el padre de Kira, la joven de 15 años que en mayo de 2021 se quitó la vida. Aseguran que la trágica decisión de su hija fue fruto también del acoso escolar que sufría, en este caso en la Escola Pare Manyanet de Sant Andreu. El centro, sin embargo, siempre ha mantenido que, según sus investigaciones, la muerte de la menor no está relacionada con el bullying.

Mientras la investigación no lo aclare, hace unos meses la familia decidió impulsar una campaña de recogidas de firmas a través de la plataforma Change.org para pedir al ministerio de Educación la creación de una ley estatal contra el acoso escolar. La petición reclama, entre otros puntos (ved la carta al final del texto), que la normativa incluya consecuencias penales inmediatas para los centros que no actúen ante un caso de bullying y también para las familias del acosador que no colaboren para poner fin a las situaciones de violencia. La petición ya tiene más de 227.000 firmas y está previsto que se presente en Madrid.

En Catalunya, uno de cada cuatro niños de primaria dicen que son víctimas de bullying y más de la mitad de los adolescentes se han visto involucrados en alguna situación de violencia entre iguales en la escuela, según datos de la Fundació FC Barcelona. Ante el vacío legal, ¿es necesaria una ley estatal contra el acoso escolar? ¿Cómo ven las escuelas o los docentes que se pueda abrir la puerta a pedirles responsabilidades penales por inacción ante un caso de bullying? ¿Es la solución? 

El Criatures ha hablado con varias entidades del sector educativo para conocer su punto de vista.

“Los actuales protocolos son suficientes para hacer frente al acoso escolar y dejan claro que un alumno no puede alterar las normas de convivencia de la escuela”, asegura Modest Jou, director general de las escuelas FEDAC. Ahora bien, también añade que para combatirlo es imprescindible tener “cuatro ojos”, hacer muchas más tutorías y entrevistas con las familias. “Esto solo se hace con recursos que actualmente no tenemos”, denuncia. Psicopedagogos en todos los centros a jornada completa o más efectivos en Inspección para que, si se detecta algún caso, se preguntar pedir a la escuela cómo lo está afrontando son otras necesidades de los centros para poder detectar posibles casos de bullying. “Actualmente tenemos muy pocos recursos y pasa lo que pasa”, denuncia Jou.

La directora general de la Agrupació Escolar Catalana, Eva Salvà, deja claro que el equipo jurídico está valorando la propuesta que se quiere hacer llegar a Madrid. Entiende que se reclame una regulación, pero tiene dudas de si la vía penal es la más adecuada. “Las escuelas son parte implicada en los casos de acoso, pero no solo: en los casos de ciberacoso los centros se pierden”, apunta.

¿Contra quién?

La otra gran duda de los centros en caso de que la petición prosperara es contra quién se actuaría: “¿El profesorado, el equipo directivo, la titularidad del centro?”, se cuestionan. En este punto es también donde le surgen muchas dudas a Meritxell Plana, la responsable de relaciones institucionales de la Asociación Catalana para la Prevención del Acoso Escolar (ACPAE) y madre de un niño que sufrió bullying en primero de primaria. “¿Qué quieres conseguir yendo por la vía penal, que la escuela entera vaya a la prisión? ¿Que vaya la dirección?”, se cuestiona. Plana recuerda que actualmente la escuela ya tiene una responsabilidad civil subsidiaria de todos sus alumnos. La portavoz de la ACPAE cree que la propuesta del padre de Kira busca que los centros sean más conscientes de dónde está su responsabilidad, pero también recuerda que son muy pocas las familias que han sufrido bullying que acaban denunciando a la escuela. “Si vas a juicio tendrás que llevar a tu hijo, se tendrá que hacer una valoración forense, abrir una investigación, pagar a un abogado y, como padre, lo que quieres es que esto se acabe rápido y volver a la normalidad”, asegura. Donde sí pide más contundencia es con las familias de los agresores. “Se los tendría que obligar a poner medidas médicas o psicológicas para que su hijo entienda que no es la manera de ir por la vida” y, en caso de no hacerlo, se tendría que plantear la retirada de la custodia del menor.

Escuelas reticentes

La psicóloga de la ACPAE, Cristina Valverde, alerta que en más de una ocasión se ha encontrado con escuelas reticentes a abrir los protocolos contra el bullying. “No es nada más que una investigación, pero parece que hacerlo es aceptar que hay un problema”, lamenta. En este sentido, asegura que crear una ley sería una medida de presión para que los centros se “pongan las pilas”.  

Mientras tanto, la asociación de maestras Rosa Sensat admite que falta educación emocional que ayudaría a detectar estos casos. “Los maestros a veces no quieren problemas y no incorporan lo que pueden sentir los adolescentes, que es un trabajo más emocional”, apunta su presidenta, Mar Hurtado. En este sentido, se muestra favorable a hacer que se exija al profesorado que haga bien esta parte del trabajo; ahora bien, también reclama que se lo proteja. “En caso de que alguien nos acuse de no hacer bien el trabajo, queremos sentirnos protegidos”, remacha. 

Portavoces del ministerio de Educación aseguran al Criatures que los casos de bullying que se producen son un “drama absoluto” pero también son “aislados”. A la pregunta de si estudiarán la petición de crear una ley contra el acoso escolar se limitan a recordar que la nueva ley de Educación incluye dentro de sus principios el respecto a la diversidad y la educación para la convivencia, la prevención de conflictos y su resolución pacífica.