La persecución judicial contra Sánchez no se detendrá
El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una nueva causa contra la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y le imputa dos nuevos delitos –intrusismo y apropiación indebida– por el uso de un software en la cátedra que dirigía a la Universidad Complutense. Como ya ocurre en la primera causa, la que investiga si hubo tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el caso del rescate de Air Europa, los indicios son muy débiles, si no inexistentes, y todo proviene de denuncias organizaciones de extrema derecha. Este nuevo movimiento es la respuesta de Peinado a los intentos tanto de la defensa de Gómez como del propio Sánchez de apartarle de la causa acusándole de prevaricación. Como se vio en las investigaciones sobre el Proceso, el poder de los jueces instructores es casi absoluto. Da igual que la Fiscalía no acuse o que la Guardia Civil no vea delito: si el juez quiere seguir adelante es muy difícil impedirlo.
En la Moncloa más vale que se preparen, porque la persecución judicial no se detendrá. Y es que Peinado no hace más que seguir la famosa instrucción que lanzó José María Aznar en noviembre del 2023 para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa: "Lo que pueda hablar que hable, lo que pueda hacer que haga, lo que pueda aportar que aporte". Hay que tener en cuenta que en los círculos conservadores de Madrid se considera que Peinado es un héroe por enfrentarse solo a la maquinaria de la Moncloa, y no es descartable que él mismo se considere imbuido de una misión patriótica. Pero lo cierto es que todas sus actuaciones han sido irregulares desde el primer momento, y en algunos casos se ha extralimitado tanto –como cuando insistió en interrogar a Pedro Sánchez en la Moncloa y después escribió en una providencia que de su silencio” se pueden extraer conclusiones"– que es imposible no ver un caso de lawfare de manual.
El lawfare es un concepto que siempre ha estado presente en la política española. Siempre ha habido jueces que han actuado siguiendo criterios políticos. La novedad histórica es que ahora la víctima de estas prácticas es el propio gobierno español, y que por primera vez los máximos dirigentes del PSOE no tienen problema en denunciar públicamente la actuación de un juez concreto y se saben víctimas de una operación política para desalojarlos del poder. En este sentido, debería preocuparles mucho más el caso Ábalos que el caso Begoña, aunque para el PP es más importante este segundo porque apunta directamente a Sánchez.
Curiosamente, este martes la jueza que lleva el caso ha imputado a la pareja de Isabel Díaz-Ayuso por fraude fiscal y le ha citado a declarar el 29 de noviembre. El tiempo dirá cuál de los dos procesos judiciales que afectan a dos de las principales figuras de la política española sigue adelante, pero de entrada hay que decir que los indicios contra Alberto González Amador son mucho más sólidos, para empezar porque él mismo reconoció los delitos cuando negociaba un pacto con la Fiscalía. Y precisamente por eso, Ayuso, especialista en dar la vuelta a la tortilla en beneficio propio, también dice que es víctima de una persecución judicial.
