¿Tiene sentido limitar el acceso de los menores a las redes sociales?

BarcelonaEl binomio niños y pantallas remueve diferentes preocupaciones y cada vez más administraciones se plantean medidas para encararlo. Por ejemplo, en Cataluña, la Generalitat ha decidido dejarlo fuera de la escuela como medida para controlar su uso excesivo. En el debate sobre el acceso de los menores a internet se suma que llegar a la pornografía es más sencillo que nunca: la única traba que se encuentran suele ser un pop-up que dice “Clica aquí si tienes más de 18 años” sin verificación detrás. Y a un nivel aún más peligroso está la amenaza de los ciberacosadores sexuales, que aprovechan cualquier vía para contactar con niños. En España, el gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley para proteger a los menores en el entorno digital, que entre otros aspectos plantea elevar hasta los 16 años la edad mínima por tener redes sociales. Con esta norma todavía en una fase inicial, especialistas consultados por el ARA valoran la viabilidad de esta restricción y si es la solución más adecuada, tanto para los derechos de los niños como para su desarrollo psicológico.

Por ahora, sólo algunas redes sociales fijan una edad mínima para registrarse, y tampoco suelen tener métodos efectivos para verificar si la edad que se indica es la real o no. Ante las propuestas de establecer mecanismos para comprobarlo, como disponer de un pasaporte digital, el fiscal delegado de criminalidad informática de Barcelona, ​​Roberto Valverde, advierte que debería tenerse en cuenta la restricción de derechos que esto puede suponer para los más jóvenes. También entra en juego la intimidad de los adultos que, igualmente, deberían identificarse en internet. Valverde cree que es pronto para valorar el anteproyecto de ley que ha aprobado el ejecutivo español porque todavía está en una fase muy inicial, pero plantea que una posible limitación del acceso a las redes debería acompañarse de una legislación que justifique esta restricción de derechos. "Veo complicado fijar una prohibición general al acceso de todos los menores, pero quizá se podría hacer de forma quirúrgica", dice. Propone, como ejemplo, centrar el sistema de verificación de edad en los contenidos pornográficos para asegurar que los menores no acceden a ellos.

Coincide con él el psicólogo Josep Matalí, jefe de la unidad de conductas adictivas del servicio de psiquiatría y psicología de San Juan de Dios. Ahora bien, añade que esto no debería excluir a la educación sexual y que los padres "puedan tener conversaciones con sus hijos". "¿Quién se cree que quitándole el móvil a su hijo se acaban los problemas?", plantea. Matalí, que acaba de publicar el libro Vivir entre pantallas. Entender y acompañar a los jóvenes en el mundo digital, junto con el psicólogo de la Fundación Althaia Jordi Bernabeu, es partidario de que los menores accedan a las redes de forma progresiva y supervisada para que vayan desarrollando su competencia digital. Así, es reacio al "debate polarizado" ya las propuestas de prohibir completamente el acceso a las pantallas, pero sí ve imprescindible una tutorización con sistemas de control parental. "Estamos poniendo mucho el acento en los adolescentes, y el mayor problema lo tenemos los adultos. Muchos padres no tienen competencia digital, y la aproximación que se hace a menudo es desde el miedo o muy punitiva", afirma. Y añade: "Todos los estudios dicen que estamos muy preocupados, pero el acompañamiento digital lo hace un 30% de los padres, el resto no hacen nada".

También es partidario de reforzar los sistemas de control parental en internet al abogado Xavier Campà, que preside la sección de los derechos de la infancia y de la adolescencia del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab). De hecho, ésta es una de las propuestas que la sección del colegio ha recogido en un informe que está elaborando sobre el anteproyecto de ley de protección de los menores, con la intención de proponer a los grupos parlamentarios que presenten enmiendas. A su juicio, es esencial un sistema de verificación de la identidad que realmente pueda confirmar la edad del usuario, porque, de lo contrario, la restricción a los más jóvenes “no servirá de nada”. También son partidarios de que la ley incluya formación y concienciación sobre los riesgos en el entorno digital encarada a adultos, tanto padres como educadores, y que se incorpore la pedagogía sobre la adicción a las pantallas entre los niños.

Responsabilizar a las tecnológicas

¿Cuál sería otra manera de ponerse manos a la obra en esta problemática? Según Matalí, que las empresas tecnológicas se responsabilicen del impacto que pueden generar. "Deberían tener una corresponsabilidad ética en relación a los algoritmos y cómo están pensadas redes sociales. Hay dos cosas que generan todo el impacto: el algoritmo personalizado y elscroll infinito". Por eso, más que prohibir el acceso hasta cierta edad, cree que lo ideal sería "que la Comisión Europea y el gobierno de EE.UU. tuvieran capacidad de forzar que las tecnológicas evitaran las fake news y los algoritmos que pueden afectar a la salud mental de la población". Ahora bien, admite que "regular estas empresas es muy complicado", y anima a reducir las horas de conexión para que "el mundo presencial vuelva a imponerse al mundo online", especialmente en edades en las que el cerebro todavía está en fase de maduración por el impacto que puede tener.

¿Y qué ocurre con los riesgos que van más allá del uso excesivo de internet? Matalí insiste en la educación en ciberseguridad, y frente al grooming (un adulto se hace pasar por un menor para ganarse su confianza y chantajearle con fines sexuales) recomienda enseñar pautas como no dar el nombre completo, la dirección u otros datos personales. "Pasaba lo mismo cuando éramos pequeños y nos decían «Si se te acerca un desconocido por la calle, no hables», compara. En todo caso, añade, es necesario dar un espacio de confianza al menor para que, si se encuentra en una situación similar, pueda comunicarla a la familia.

A escala judicial también se han dado pasos para alejar de la red a los acosadores sexuales. Tras varias peticiones de la fiscalía, recuerda Valverde, el Tribunal Supremo ha fijado por jurisprudencia que las órdenes de alejamiento se puedan aplicar también a un sitio digital, como se haría en un sitio físico. Por ejemplo, existen ladrones multirreincidentes de cobre a los que se les ha puesto una orden de alejamiento de las estaciones de tren. Del mismo modo, a un pedófilo que se dedique al grooming se le puede alejar de una red social. Sin embargo, Valverde reconoce que el cumplimiento de esta medida también es complicado de verificar, como ocurre con otras sanciones. “Si a una persona se le prohíbe conducir, por ejemplo, no le daremos un coche, pero tampoco tendrá a un policía vigilándolo todo el día. Si le pillan, cometería un delito de ruptura de condena”, comenta el fiscal, haciendo un paralelismo con lo que podría pasarle a un adulto que tuviera prohibido acceder a una red social, pero volviera a hacerlo. Los delitos en los que más suele aplicarse esta medida, añade Valverde, son los mensajes de odio en las redes sociales y el grooming.