La democracia se extiende al mundo, aunque decir esto ahora mismo puede ser considerado una tontería. Pero es una tendencia general imparable –con altibajos, claro: ahora estamos ciertamente en un momento bajo, después de la llegada de Trump al poder.
La esencia de la democracia es la posibilidad de perder elecciones y, en consecuencia, traspasar el poder. Con la democracia, el ciudadano puede vencer a su adversario político y sustituirlo. Aun así, la democracia no es consustancial al hombre: es como la virtud, que es necesario practicar. La tendencia humana es la contraria: ejercer el poder, dominar al otro... ya veces explotarlo.
La primera democracia, desde Grecia y Roma, después de los intentos parciales del Reino Unido y Holanda en los siglos XVII y XVIII, fue la americana, a finales del XVIII. Fueron los federalistas, el partido de Adams, Hamilton y Madison y el republicano Jefferson, quienes sentaron las bases de una república democrática. Tras Adams, que fue presidente después de Washington, las elecciones se resolvieron con empate. La elección se realizaba a través de los representantes de los estados. Se resolvió en la Cámara de Representantes, en la que cada estado de los 16 que formaban la unión tenía un voto. Las ganó, después de 33 votaciones, el partido republicano encabezado por Jefferson, cuando tres estados cambiaron su voto para salir de un tiempo muerto que ponía en peligro a la república.
Ésta es la dificultad inherente de la democracia. A menudo llega después de un régimen autocrático y éste se intenta blindar para evitar que el voto igualitario cambie nada. Los caminos para conseguir bloquearla son varios: elegir a los electores –que sólo voten a los propietarios que pagan impuestos, dificultar la inscripción de clases desfavorecidas (los negros en EEUU)– o establecer un parlamento con dos cámaras –una alta y una baja y que el alta no sea elegida por sufragio sino por pertenencia a una clase, como la Cámara de los Lores en Reino Unido.
La democracia está a menudo amordazada por mecanismos contra-majoritarios que, en teoría, intentan aproximar a los ciudadanos a las instituciones, pero que tienen el efecto contrario. La imposibilidad práctica de modificar la Constitución perpetúa unstatu quoque el tiempo ha hecho obsoleto. El filibusterismo parlamentario –impedir la votación de resoluciones– es una herramienta antidemocrática utilizada sobradamente (fue prohibida en Francia con la III República en 1870 y en Reino Unido en 1881).
En la primavera de 1814, 25 años después de la promulgación de la Constitución americana, un grupo de 112 ciudadanos noruegos se reunieron para redactar una constitución. Noruega había sido durante 400 años un dominio danés. La constitución se redactó y aprobó y entró en vigor, pero la independencia no llegó. El ejército sueco invadió Noruega y ésta pasó de ser un territorio danés a ser un territorio sueco. En 1905, un referéndum dio la independencia a Noruega y desde entonces las sucesivas reformas constitucionales han hecho que Noruega tenga hoy una constitución más ágil que la de EE.UU., texto en el que se basó. Las leyes necesitan una actualización permanente.
La Constitución española de 1978 no estableció un Senado elegido por un sistema no democrático. Estos mecanismos, que tradicionalmente venían del pasado, eran difíciles de instituir en una democracia creada en el último cuarto del siglo XX. Sin embargo, se ha encontrado un mecanismo alternativo. La herramienta para "limitar los desmanes" de la democracia ha sido el poder judicial. Hoy, paraliza la aplicación universal de la amnistía, permite la acusación de terrorismo y sedición por actuaciones que están lejos de serlo y supone una herramienta útil para la acusación pública de prácticas políticas, supuestamente delictivas, que resultan no serlo. Esto es especialmente fácil de ejercer cuando la dilación temporal entre la acusación y la vista se mide en años y es especialmente tóxico cuando la acusación proviene de instituciones con carácter político y no se basa en hechos probados, sino en noticias no contrastadas .
Por eso la utilización de acusaciones denunciadas judicialmente suponen un arma que perjudica el debate político. Llegar a acusar al fiscal general del Estado de conductas impropias, cachear su despacho y que las conversaciones de su teléfono móvil sean públicas, supone un daño por la democracia, porque genera desconfianza en las instituciones.
Es probable que estas acusaciones queden archivadas, pero el daño que esta agresividad hace a la convivencia política del Estado no es menor. Si lo hiciera la izquierda se podría pensar que se trata de una estrategia para debilitar al Estado, pero hecho por la derecha hace pensar en una voluntad de derribar al gobierno… por el hecho de ser de izquierdas. Azaña habló de "tribus bárbaras acampadas sobre el solar patrio desde hace siglos", en definitiva, de ejercer la dictadura de la minoría.
