Volvemos a estar en campaña. Con las elecciones llega también ese clima de incertidumbre y el sentimiento de entrar en paréntesis a la hora de programar o de tomar decisiones. Docentes, direcciones, familias y comunidad educativa se preguntan si se dará continuidad a los programas emprendidos. ¿Qué cambios o innovaciones nos esperan? ¿Qué ocurrirá con las recomendaciones de los expertos para revertir los resultados PISA?
El martes, la consejera Anna Simó quiso dar respuesta a esta última pregunta. Y lo hizo proponiendo empezar por la concreción de los aprendizajes básicos y algunas acciones para la mejora en matemáticas y en comprensión lectora. También dejó claro que son muy importantes la formación inicial y bienestar de los docentes. Por ahora, sin presupuesto, no se pueden tomar propuestas más ambiciosas. Está bien que la consellera escuche a los expertos y diga que quiere empezar a llevar a cabo mejoras el próximo curso. Sin embargo, su intervención y la poca concreción de las propuestas no tranquilizan mucho porque es difícil no leerlo en clave de campaña. ¿Qué ocurrirá con un nuevo gobierno? ¿Se dará continuidad a la hoja de ruta o regresaremos a la casilla de salida? ¿Quién hará caso de la recomendación de los expertos de dar "estabilidad y continuidad a las políticas educativas"? Si ya es complicado en educación vivir pendientes de los cuatro años de una legislatura, cuando además se acortan, parece que al final la provisionalidad sea la norma.
Preocupa mucho que otra vez tengamos que empezar de nuevo. La eclosión, desde hace unos años, de iniciativas, cambios y nuevos programas ha estresado al sector educativo, hasta el punto de que se está extendiendo un clima de desencanto y reticencia a cualquier iniciativa que suene a cambio o innovación educativa. ¿Puede que hayamos dañado el sentido más genuino de lo que es innovar en educación? Porque cuando hay muchas iniciativas y se invierten nuevos recursos pero, en definitiva, no hay mejora en los resultados de los estudiantes, se genera un clima de frustración. Nada más desalentador que las iniciativas que piden tiempo, dinero y esfuerzos pero resultan ineficaces. Estos últimos años ha habido el mayor incremento de recursos en educación en Cataluña. ¿Por qué, a pesar de tener más recursos y docentes que nunca, con los ratios más bajos, los resultados han empeorado? Necesitamos recuperar el propósito y compromiso de la innovación pedagógica, que tiene raíces muy profundas en Cataluña. Reconocer y apoyar todo lo que se está haciendo bien desde los centros, porque sólo así podrá revertirse el relato catastrofista en el que nos hemos instalado, y que es una razón más del malestar.
¿Se reanudará, desde un espíritu constructivo, en los debates educativos de campaña, alguna de las propuestas o solo se hablará de fracaso? ¿Qué debates electorales de educación nos esperan? La otra gran preocupación es para el día siguiente de las elecciones: ¿se volverán a cambiar todos los cargos, gobierne quien gobierne? ¿Qué criterios se utilizarán para designar quién tendrá que liderar las políticas educativas del país? ¿Cuándo tendremos una democracia lo suficientemente madura para que designe los cargos en función de los méritos profesionales, más allá de los carnets de partido? ¿Por qué estamos tan lejos de otros países europeos en los que no existe este baile de cargos y de cambios en la administración? Aquí parece normal que incluso consejeros de un mismo partido cambien las direcciones generales, y más aún, subdirecciones y jefes de servicio. Qué pérdida de memoria, saber y experiencia con cada nueva conselleria... Hemos tenido bastantes ejemplos y las consecuencias son siempre nefastas para el sistema.
En educación, las políticas tienen efecto a largo plazo, por eso es necesaria estabilidad más allá de los cambios de gobierno. Más que pensar en nuevas políticas, es necesario desplegar y consolidar los tres pilares de la ley de educación de Catalunya, una ley de consenso y pionera en su día: autonomía de centros, liderazgo pedagógico y evaluación. Y en la línea de lo que ha dicho el grupo de expertos en su informe: dedicar, al menos, un 6% del PIB a una educación de calidad, tal y como estipula también la LEC. Sin olvidar que en educación, más allá de las cifras, lo importante es en qué y cómo se invierten los recursos.
La conclusión final del informe realizado por el grupo de expertos apunta a la necesidad para el Gobierno y el Parlamento de un "acuerdo, contrato social o pacto de país para la mejora y estabilidad del sistema educativo, con el conjunto de las fuerzas políticas, con la participación de las administraciones locales, los representantes de la comunidad educativa y las instituciones o entidades sociales representativas del país”. ¿Hablarán los políticos en campaña, de esa necesidad de acuerdo, y de la de replantear el modelo de gobernanza? ¿O solo se echarán los platos por la cabeza y se acusarán mutuamente de los malos resultados?
