Anticorrupción investiga a Mazón por su etapa en la Diputación de Alicante
Compromís acusa al jefe del Consejo de favorecer a varias empresas

ValenciaLa Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre la adjudicación de dos contratos de publicidad institucional por parte de la Diputación de Alicante, que podrían acabar salpicando al actual presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. En concreto, se investigan dos contratos, uno de cuando Mazón presidía el ente provincial y otro cuando ya lo encabezaba el actual presidente y alcalde de Benidorm, Toni Pérez. Los convenios habrían servido, además, para premiar a los medios de comunicación cercanos al Partido Popular y penalizar a los críticos con su gestión.
La investigación se ha iniciado a raíz de una denuncia que presentó la coalición Compromís en octubre por los delitos de fraude en la contratación pública, falsedad documental, malversación de fondos públicos y prevaricación. En concreto, y según el escrito del partido valencianista, la administración habría "manipulado los criterios de adjudicación y el precio del contrato, para posteriormente adjudicarlo" a las empresas Buena Suerte Señor Gorsky, Expansión e Idex Idees , que habrían aportado "una oferta económica falsa". La última de las compañías pertenecía al empresario Miguel Quintanilla, según Compromís, amigo personal de Mazón.
Según el diputado de Compromís Gerard Fullana, los contratos incluirían una campaña de comunicación del Patronato de Turismo alicantino que va externalizada mediante la patronal hotelera Hosbec y que habría implicado a la entonces secretaria general de la entidad y posteriormente consejera de Turismo, Núria Montes, que en noviembre fue relevada por Mazón para menospreciar a los familiares de las víctimas de la DANA. Según Fullana, Montes "se quedaba una parte [del dinero], con la que pagaba íntegramente su sueldo de 7.000 euros al mes". "Ella funcionaba como testaferro al ser transmisora de estas subvenciones", añadió el político valencianista.
En respuesta a una pregunta sobre estas acusaciones en una conferencia de prensa este jueves, Carlos Mazón ha relativizado la situación y ha afirmado que está "acostumbrado" a que "Compromís use la vía judicial para hacer política". "Un día más en la oficina", ha añadido el político conservador, que no ha querido realizar más valoraciones. Por su parte, la Diputación de Alicante defendió la legalidad de los contratos y señaló que "han sido avalados hasta cuatro veces por distintos tribunales de la provincia desde el año 2022".