¿Qué puede y qué no puede hacer a partir de hoy el Gobierno Aragonés?

BarcelonaSi hace una semana el Govern todavía se mostraba optimista sobre la posibilidad de aprobar los presupuestos, el presidente Pere Aragonès firmaba este lunes a las 11.18 horas la convocatoria de elecciones anticipadas tras el fracaso de la votación de los presupuestos en el Parlament. Ha estado en un acto muy breve en el Palau de la Generalitat, en el que han acompañado al jefe del ejecutivo la vicepresidenta, Laura Vilagrà, y el secretario del Govern, Xavier Bernadí. Catalunya se encamina ahora hacia la cita electoral con todos los partidos calentando motores para una campaña en la que PSC, Esquerra y Junts competirán por ver quién ocupa la presidencia de la Generalitat. Las primeras encuestas ya dan pistas de quien puede ganar y quién puede perder con la convocatoria anticipada. Pero, más allá de las dinámicas electorales, la administración y los servicios públicos no se detienen y obligan a los miembros del consejo ejecutivo a seguir tomando decisiones. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer el Gobierno en adelante, una vez convocadas las elecciones?

A partir de este martes, cuando se publique el decreto de convocatoria en el Diario Oficial de la Generalidad (DOGC), el Parlamento quedará disuelto y, por tanto, el Gobierno no podrá llevar a cabo ningún proyecto de ley. El ejecutivo todavía no está en funciones –lo estará a partir del 13 de mayo, después de las elecciones–, pero sí limitado por la legislación electoral, que prohíbe organizar actos para difundir su obra o realizar inauguraciones de obras, proyectos o servicios públicos. Así lo establece el artículo 50 de la ley orgánica del régimen electoral general (Loreg), que rige los procesos electorales en Cataluña por falta de una normativa propia, una de las demás asignaturas históricas que quedan pendientes esta legislatura.

El Gobierno rehace la agenda

Según explican al ARA fuentes del Govern, los servicios jurídicos de la Generalitat ya han enviado un "recordatorio" a todos los departamentos recordándoles que no pueden hacer publicaciones ni emitir folletos sobre las medidas impulsadas desde cada conselleria a riesgo de exponerse a las denuncias de los partidos ante la Junta Electoral. Incluso desde Presidencia ya están rehaciendo la agenda de Aragonès: el día 4 de abril debía registrarse una nueva edición del programa Pregunta al presidente, un formato donde el jefe del ejecutivo responde a preguntas de la ciudadanía, y que ha quedado cancelado.

Lo que sí se mantiene es la presentación de la propuesta de financiación singular, uno de los compromisos que Aragonés había asumido para el último tramo de la legislatura aprovechando que el PSOE se comprometió a ello en el pacto de investidura de Pedro Sánchez con Esquerra. El objetivo es pactar con el Estado un pacto fiscal para que la Generalitat recaude todos los impuestos que se pagan en Catalunya y tratar de revertir un déficit fiscal que el ejecutivo cifra en 22.000 millones de euros al año, aunque ya antes del anuncio electoral Sánchez enfriaba la posibilidad de que Cataluña pudiera tener una fórmula propia. La consejera de Economía, Natàlia Mas, y la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, presentarán este martes la propuesta tras el consejo ejecutivo, y Aragonès viajará el miércoles a Madrid para exponerla en un desayuno informativo. En Palau no consideran que la legislación electoral les impida realizar ninguno de los dos actos.

¿Qué ocurre con las cuentas?

Mientras, los servicios jurídicos también trabajan para saber qué escenarios presupuestarios se abren ahora que se confirma la prórroga presupuestaria de las cuentas de 2023. Por ejemplo, los incrementos salariales previstos para los maestros y algunas inversiones en infraestructuras para hacer frente a la sequía, que el Gobierno podría llevar a la Diputación Permanente del Parlamento –el órgano que asume las funciones legislativas con la cámara disuelta–, que debería validar su convalidación.

La polémica por el conflicto en las prisiones con los funcionarios, que presionan para que se asuman responsabilidades políticas en la conselleria de Justícia, abre otro flanco: ¿qué pasa si un consejero o un alto cargo dimite? Según fuentes del Govern, Aragonès no podría nombrar a un nuevo conseller para sustituirle; pero si la dimisión afectara a un alto cargo –los sindicatos de prisiones piden el de Amand Calderó–, el conseller competente sí podría nombrar a un sustituto. En cualquier caso, las mismas fuentes subrayan que cualquier decisión que pueda generar dudas se consultará previamente con los servicios jurídicos.

Zona gris

La incógnita es qué ocurrirá con decisiones a medio camino entre la administración del día a día y la política. Fuentes de la Generalitat admiten que hay cuestiones que aunque sean jurídicamente posibles tendrán que estudiar si salen adelante, teniendo en cuenta que el Govern no está en funciones, pero sí en situación de "provisionalidad". Sin embargo, no parece que deba ser el caso de la convocatoria de una segunda plaza de mayor de los Mossos d'Esquadra, tal y como le pidió ayer el diputado del PSC-Units Ramon Espadaler: fuentes de Interior apuntan que las elecciones no les han hecho cambiar de planes. Y otra incógnita es qué va a pasar con el informe ambiental del Hard Rock que debía hacer público la conselleria de Acción Climática, después de que el veto de los comunes al macroproyecto, exigencia del PSC para pactar las cuentas, precipitara las elecciones.

¿Qué ocurrirá al día siguiente de las elecciones? Que el Govern pasará a estar en funciones y su margen de maniobra será mucho más bajo. Deberá limitarse al despacho de los asuntos "ordinarios" y deberá facilitar el paso al nuevo presidente y su equipo una vez sea investido. Podrá seguir aprobando decretos ley –una herramienta clave para salvar situaciones de emergencia si la negociación de investidura se alarga en el tiempo– y nuevas medidas si lo aconseja una urgencia o interés general.