El Poder Judicial bloquea el relevo de Marchena

MadridA la vista de este martes sobre el recurso de Laura Borràs contra la sentencia por el caso de la Institución de las Letras Catalanas, presidía el tribunal Andrés Martínez Arrieta. Lo hacía como presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo en funciones, es decir, el relevo provisional de Manuel Marchena mientras el Consejo General del Poder Judicial no se ponga de acuerdo para su designación definitiva. Los nombramientos en los principales cargos de la cúpula judicial, así como el informe sobre la reforma del sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces aprobado este miércoles –con dos propuestas distintas sin consenso–, pone de manifiesto la división entre conservadores y progresistas. Cuando hay que abordar cuestiones con una alta incidencia política, la politización del CGPJ queda en evidencia, por mucho que PSOE y PP presumieran cuando acordaron la renovación de que se daban pasos hacia su independencia.

En una entrevista en el ARA, el exvocal y ahora magistrado del Tribunal Constitucional José María Macías asumía sin tapujos que el CGPJ es un organismo politizado –también decía que lo era el TC–. La renovación del verano del año pasado estuvo mucho tiempo bloqueada porque los dos grandes partidos no se ponían de acuerdo con si cambiar o no el sistema de elección de los doce vocales de procedencia judicial: el PP defendía modificarlo para que sean elegidos directamente por los propios jueces y el gobierno de Pedro Sánchez prefiere mantener la elección del Congreso y el Senado. ¿El motivo de unos y otros? Consciente de que la carrera judicial es mayoritariamente conservadora y de que la Asociación Profesional de la Magistratura es la más numerosa de la carrera, el PP proponía prescindir de las Cortes españolas. Y por el mismo motivo, el PSOE opta por que en las cámaras legislativas se pueda equilibrar la balanza. Con mediación de Bruselas, ambas formaciones acabaron pactando que el nuevo CGPJ haría un informe en seis meses con propuestas de modelos y que se aprobaría por amplia mayoría.

Medio año después, los dos bloques del CGPJ han reflejado estas diferencias de criterio. En el pleno del miércoles se aprobó un informe que se remitirá al Congreso, al Senado y al gobierno español con dos propuestas para modificar el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial. Una elaborada por el bloque conservador que propone eliminar la elección por parte del Congreso y el Senado que prevé la ley orgánica del poder judicial, y una firmada por los progresistas que plantea mantener una primera selección entre jueces y magistrados y después el aval de las Cortes españolas, tal y como sucede ahora. Este sector considera que "demonizar" la elección parlamentaria "es propio de populismos" y que el CGPJ debe reflejar la "pluralidad de la sociedad y de la carrera judicial".

Los nombramientos en el Supremo

El otro gran asunto de disenso son los nombramientos. La presidenta del CGPJ, la catalana Isabel Perelló, no quiere convocar un pleno para designar a los nuevos presidentes de la sala primera, segunda, tercera y cuarta del Supremo hasta que no haya acuerdo entre ambos sectores. Y según explican fuentes consultadas por el ARA, no hay consenso ni en cómo negociar. Los progresistas quieren hacer un paquetecon los nombramientos en el alto tribunal, la presidencia de la Audiencia Nacional y las presidencias de TSJ de comunidades autónomas. Sin embargo, los conservadores prefieren hacerlo por separado. "Les va bien así porque tres de los cuatro candidatos que apoyan ya son presidentes en funciones de las salas y troceando la elección de vacantes reducen el margen para negociar", apuntan desde el bloque progresista.

En el mundo judicial se encendieron las alarmas cuando se publicó que el anteproyecto que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, presentó hace unos días para "democratizar el acceso a la justicia" incluía un cambio en los mandatos a las presidencias de sala del Supremo —finalmente ha quedado fuera. Básicamente, impedía que pudiera serlo un magistrado que no pudiera cumplir entero el mandato. Esto inhabilitaba a Martínez Arrieta, que se jubila en poco más de dos años, y abría sus puertas a Ana Ferrer, la candidata preferida del gobierno español para tomar el relevo de Manuel Marchena en la sala que, eventualmente, debe acabar juzgando casos como el del fiscal general del Estado o el caso Ábalos.