Diez días decisivos para saber si Illa será presidente

BarcelonaEl 26 de agosto es el último día en el que puede haber un debate de investidura, pero antes existe otra fecha límite para deducir si Catalunya tendrá nuevo gobierno o si se encamina a una repetición electoral. Es el deadline que ha puesto Esquerra en el PSC si quiere sus votos para investir a Salvador Illa: antes de que acabe el mes de julio debe haber un preacuerdo para encauzar la investidura. Sobre la mesa existen varios temas que se están negociando: desde la financiación autonómica hasta el cumplimiento de los acuerdos que republicanos y socialistas ya habían cerrado en los últimos meses. Ahora bien, Esquerra también tiene abiertas conversaciones con Junts y, de hecho, la posibilidad de que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont vuelva a Catalunya, con riesgo de ser detenido, puede impactar en las negociaciones.

La semana comenzaba con una reunión presencial entre Marta Rovira, la secretaria general de ERC y coordinadora de las conversaciones, y la presidenta de la Diputación de Barcelona y quien lidera las negociaciones de los socialistas, Lluïsa Moret. Era el primer encuentro presencial desde que la dirigente republicana regresara del exilio el pasado viernes. Rovira pidió a Moret intensificar las conversaciones, al considerar que se estaba avanzando poco. Por otro lado, ya medida que ha ido avanzando la semana (y las negociaciones), fuentes socialistas se han ido mostrando más optimistas sobre la posibilidad de que el acuerdo fructifique, después de unos días en que los republicanos han rebajado las expectativas sobre la proximidad del acuerdo. La militancia de ERC tendrá la última palabra en una consulta que el partido debe convocar en plena crisis interna.

El arrecife principal sigue siendo la financiación autonómica. Esquerra de momento no se mueve de su posición de máximos: exigir un sistema similar al concierto económico vasco en el que Catalunya tenga la llave de la caja, pero establecer también una cuota de solidaridad. Los socialistas rechazan que Cataluña tenga el mismo modelo que el País Vasco y su propuesta implica desarrollar la Agencia Tributaria mixta que establece el Estatut y que no se ha desplegado. Aunque la investidura se negocia desde Catalunya, el PSC mantiene la línea abierta con el PSOE para saber "hasta dónde se puede llegar" con la caja autonómica, según reconocen al ARA fuentes socialistas.

¿Y el referéndum?

Esquerra no ha puesto como condición el referéndum, pero las conversaciones no solo están atascadas en la financiación, que es la línea roja que ha trazado ERC, sino que los republicanos también exigen avances en los acuerdos que ambos partidos ya habían firmado en otros negociaciones, como la investidura de Pedro Sánchez. Se trata, por ejemplo, de dar pasos para materializar el traspaso de Cercanías –esta semana Generalitat y Estado se comprometieron a iniciar el traspaso de la línea R1 en enero del próximo año– o que sea efectivo el traspaso del Ingreso Mínimo Vital, que se ha puesto varias veces por escrito. Republicanos y socialistas también negocian otras cuestiones relacionadas con infraestructuras, como que la Generalitat entre en la gestión del aeropuerto. ERC también quiere avances en el ámbito lingüístico y, en este sentido, también se está intentando concretar la ley de lenguas, que debería garantizar el plurilingüismo en la administración estatal. Una norma que pactaron Pedro Sánchez y Pere Aragonès en la última reunión que mantuvieron el pasado diciembre y que no se ha materializado pese a poner por escrito que debía haberse hecho antes de este mes de julio.

El PSC no solo tendrá que trabar el apoyo de Esquerra para que Salvador Illa sea presidente, sino que también tendrá que conseguir el de los comunes, con quien las conversaciones van avanzando y ya hay intercambios de documentos. ¿Llegará primero el acuerdo con Esquerra? "Las negociaciones no son una carrera", advertía la líder de los comunes, Jéssica Albiach, esta semana, ante las prisas de los republicanos por sellar un preacuerdo antes de agosto. Las políticas de vivienda centran ahora las negociaciones del PSC con los comunes, con la petición de regular el alquiler de temporada, impulsar las leyes de barrios verdes, abordar los desahucios y construir parque público de vivienda para incrementar la oferta de alquiler y bajar los precios, según fuentes de este partido. También debaten sobre medidas en materia de sanidad y educación.

El futuro del Hard Rock

Tanto los comunes como ERC también negocian con el PSC el futuro del Hard Rock: una posible vía de aterrizaje podría ser revertir la rebaja a los impuestos a los macrocasinos que prevé ahora mismo la ley, una medida que los comunes propusieron durante la negociación de presupuestos y que la propia ERC acabó incorporando en su programa electoral para el 12-M. Los comunes aseguran que la carpeta sobre infraestructuras, que incluye este punto, será la que abordarán en último lugar.

No hay, en cambio, ninguna negociación abierta entre los socialistas y el PP, que por sí solos tampoco sumarían y deberían ir a buscar un tercer socio. El PP puso como condición para tener conversaciones con los de Illa que rompieran los acuerdos con los independentistas, y pese a que el PSC quiso hablar en el inicio de las negociaciones sobre la mesa del Parlament, los contactos pronto entraron en vía muerta y los propios socialistas ya han cerrado la puerta. Ahora se lo juegan todo en la carta del acuerdo tripartito de izquierdas.

El posible regreso de Puigdemont

Mientras Illa intenta conseguir montar el rompecabezas que le permita llegar al Palau de la Generalitat, Junts no tira la toalla y mantiene que Carles Puigdemont puede optar a una investidura. En este sentido, los junteros mantienen conversaciones con ERC, aunque fuentes de ambos lados admiten que hay poca concreción sobre la mesa. Para que una investidura del expresidente de la Generalitat saliera adelante haría falta que el PSC entrara en la ecuación, y los socialistas no están dispuestos a ello. De lo que más han hablado hasta ahora Junts y ERC es de cómo afrontar la aplicación de la amnistía ante las reticencias del poder judicial, así como el regreso de Carles Puigdemont.