Todos los frentes del curso político que vendrá

BarcelonaSuperados los años más intensos del Procés, en Catalunya ya es prácticamente tradición que el presidente cierre el curso a principios de agosto –lo hizo el pasado martes– y la política catalana baje durante unos días el ritmo. El Parlament cierra, el Govern no se vuelve a reunir hasta el día 29 y los partidos retardan su actividad. La paz, sin embargo, durará poco, y el curso político próximo promete un año sin respiro. Tendrá, como mínimo, unas elecciones –las municipales– y la cohesión del Govern volverá a estar a prueba constantemente. No habrá tregua posible y el otoño ya se intuye decisivo.

Si el presidente marca el final del curso con su comparecencia, el reinicio oficioso lo determina la Diada. La de este año es especial porque es la primera en tres años que se hace sin las restricciones de la pandemia. Las últimas ediciones han impedido medir bien el pulso de la calle porque las cifras de asistencia venían condicionadas por el virus. Esta vez ya no. Además, el movimiento independentista ha perdido el tono festivo de otras ediciones. La ANC, que buscará llenar de nuevo las calles de Barcelona, ya ha avisado que piensa en una Diada crítica contra las formaciones del independentismo institucional. "Salimos para hacer la independencia y no nos fiamos de nadie", dijo su presidenta, Dolors Feliu. En la Asamblea se ha instalado un sentimiento contra los partidos y habrá que estar pendientes de cómo se traduce en la calle.

La estabilidad del Govern nunca está del todo garantizada por las tiranteces constantes entre los dos socios, ERC y Junts. Este septiembre, sin embargo, la cuestión será especialmente candente. Es a lo largo de este mes cuando Junts tiene previsto presentar una auditoría que analice el cumplimiento del pacto de gobierno que tiene con los republicanos. La auditoría se presentará mientras en el partido se libra un pulso intenso: hay sectores que presionan para salir del ejecutivo –o al menos para hacer una consulta a la militancia sobre el tema–, mientras que hay otros, más institucionales, que no quieren escuchar hablar de renunciar al poder a las puertas de un año electoral. La suspensión de Borràs como presidenta del Parlament ha dado alas a los partidarios de romper el Govern, que lo consideran una ofensa inconcebible.

Un buen termómetro de por dónde irá el curso político se vivirá en el debate de política general que se celebrará en el Parlament del 27 al 30 de septiembre, a las puertas del quinto aniversario del 1-O. El debate del año pasado fue un prolegómeno bastante esmerado de lo que sería el resto del año: ERC, Junts y la CUP fueron incapaces de pactar una resolución conjunta sobre el rumbo del Procés y los dos primeros grupos acabaron tumbando una propuesta de los cuperos para hacer un referéndum unilateral en este mandato. En el mismo pleno la cámara dio un aval a la mesa de diálogo con los votos de republicanos, socialistas y comunes, cambiando definitivamente la fisionomía de un Parlament donde se empezaba a romper la dinámica de bloques –el independentista contra el constitucionalista–. No parece que este sea el año en el que se recuse la unidad independentista.

¿Quién presidirá el debate de política general con Borràs (Junts) suspendida? Pues, si no hay un giro mayúsculo de guion, la actual vicepresidenta primera y presidenta interina, Alba Vergés (ERC). El tema traerá cola: Esquerra quiere librarse cuanto antes mejor de esta presidencia interina y pasarla a Junts, pero el partido de Borràs lo rechaza considerando que la situación actual es la mejor manera de demostrar la injusticia que, según su parecer, se está cometiendo con la presidenta suspendida. ERC insistirá en la cuestión en la primera reunión que tenga con Junts al volver de vacaciones, pero sabe que tiene muy complicado convencer a sus socios. El Parlament está abocado a la interinidad hasta que se dé el veredicto del juicio contra Borràs, que también se prevé para este curso.

Si un concepto estará de moda este otoño será el de la desjudicialización. La Generalitat y el Gobierno español se han emplazado a sacar el Procés de los tribunales y el president Aragonès ha garantizado que todo ello tendrá que haber dado frutos antes de acabar el año. Así, entrará en fase decisiva la negociación sobre la reforma del delito de sedición, pero también el intento de hacer otros movimientos para aligerar los procesos de los represaliados del Procés. Esquerra tiene en mente cambiar también el delito de malversación o pactar los cambios de la ley mordaza. Todo ello se tendría que cerrar en una nueva reunión de la mesa de diálogo, que se tendría que celebrar antes de que acabe el año. Es un compromiso que el Gobierno español asumió por escrito. 

¿Por qué, de repente, el Estado se aviene a negociar la desjudicialización? Pues fundamentalmente porque el presidente español, Pedro Sánchez, quiere aprobar sus terceros presupuestos de la legislatura y necesita los 13 votos de Esquerra. A pesar de que nadie lo pueda afirmar en público para no debilitar la negociación, la mesa de diálogo y la negociación de las cuentas serán vasos comunicantes. También se tendrán que negociar los presupuestos catalanes, que el Govern quiere imperiosamente para afrontar un otoño de inflación y de incertidumbres económicas. Aragonés ya ha señalado sus socios principales: la CUP y los comunes, pero solo podrá contar con los segundos, puesto que los cuperos ya se han autodescartado.

Si el Procés necesita ser desjudicializado es porque, un año más, los tribunales volverán a ser protagonistas. Las causas que se acumulan y que entrarán en fase decisiva son diversas. Un juicio que ya tiene fecha es el que afecta por desobediencia a la mesa del Parlament de la legislatura pasada. Será del 5 al 7 de octubre. También se tendría que fijar fecha para el juicio que afecta a los dirigentes de ERC Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga –consellera de Cultura– por su papel en el 1-O. Continúan abiertas las causas en el juzgado 13 –por el referéndum– y en el 18 –por la acción exterior– y los síndicos del 1-O se enfrentan a un nuevo juicio después de que la Audiencia de Barcelona ordenara la repetición. Además, podríamos ver juzgados policías de las cargas del 1-O y también habrá que estar atentos a si las denuncias contra el Catalangate avanzan, sea en los tribunales de Madrid o en los de Barcelona. Al margen del Procés, también habrá el juicio contra Borràs por el caso de la Institución de las Letras Catalanas y novedades en causas como la de Volhov y la del 3%.

Y todas las carpetas anteriores se verán condicionadas por esta última: el curso político próximo estará marcado por las elecciones municipales del 28 de mayo. Serán las primeras desde que en la presidencia de la Generalitat hubo cambio de color –ERC por Junts– y también la antesala de las elecciones españolas, previstas para finales de 2023. Entre los alicientes más inmediatos, saber quién será el candidato de Junts en Barcelona –Xavier Trias es uno de los mejores posicionados– y ver cómo se oficializa el aterrizaje de Gabriel Rufián en Santa Coloma de Gramenet. Serán unas municipales con un PSC fuerte en las encuestas donde la gran batalla estará en Barcelona. Los socialistas, los republicanos y los comunes –de la alcaldesa Ada Colau– se disputarán previsiblemente la victoria.