El fiscal general se afianza ante los ataques del PP en el Senado: "Si dimitiera estaría haciendo una concesión a los delincuentes"

MadridTres semanas después de que el fiscal general del Estado declarara al Tribunal Supremo como investigado por revelación de secretos, Álvaro García Ortiz se ha enfrentado este martes por la tarde al interrogatorio del PP en el Senado. "Está ejerciendo de fiscal general de Pedro Sánchez. Si tuviera la más mínima dignidad [...] habría dimitido hace mucho tiempo", criticó la portavoz popular en la comisión de Justicia, María José Pardo. Por primera vez desde que el alto tribunal le imputó por haber filtrado presuntamente el correo del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en el que Alberto González Amador reconocía dos delitos de fraude fiscal, el máximo responsable del ministerio público ha dado explicaciones en sede parlamentaria sin entrar en detalle sobre el procedimiento en curso. García Ortiz ha defendido, una vez más, su continuidad en el cargo, que ha recordado que es de "libre designación del gobierno" desde 1981, también cuando ostentaba el poder al PP.

"Si dimitiera estaría haciendo una concesión a los delincuentes [...] y poniendo a la Fiscalía en una situación de debilidad", ha justificado. El fiscal general ha argumentado que sería "mucho más cómodo" marcharse, pero que quiere "defender" desde su posición a una institución que considera que "no perderá ninguna credibilidad ni racionalidad" para que se le esté investigando. El PP ha agotado todo su tiempo de intervención en atacarle duramente. "Su gestión se resume en dos palabras. Servilismo e imputación. Representa la historia negra de la Fiscalía. Por higiene democrática y por respeto a la institución que representa, se vaya", ha insistido Pardo. García Ortiz no ha entrado en el cuerpo a cuerpo esgrimiendo que "entrar en la arena política" le haría "perder la condición de neutralidad". "Es fácil meterse con el fiscal general. Podría hacerlo un niño de cuatro años, pero no hablamos el mismo lenguaje. Yo no soy parlamentario sino jurista", respondió ante los ataques del PP y también de Vox.

Horas antes de la comparecencia en el Senado, el PP ya ha ido calentando motores y ha anunciado que su portavoz en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha elevado la cuestión a la Comisión Europea. El PP ha enviado una misiva al comisario de Justicia, Michael McGrath, denunciando la situación de García Ortiz. "Es evidente que la permanencia del fiscal general podría vulnerar el principio de independencia judicial", dice la carta, que argumenta que el hecho de que borrara mensajes de su móvil "demuestra un comportamiento de obstrucción a la justicia". Montserrat también dice que es "aún más grave" que el gobierno español "contribuya a su protección y ataque sistemáticamente la labor de los jueces".

El fiscal general ha llegado a la sala del Senado donde ha comparecido acompañado de los senadores del PSOE. Una demostración, a juicio del PP, que no tiene ni "neutralidad" ni "imparcialidad". "¿Quién le ha dado la orden de aferrarse al cargo? ¿Fue el 1? ¿A quién quiere proteger?", planteó la senadora popular encargada de poner voz al argumentario empleado por el principal partido de la oposición durante meses, pero nunca hasta ahora en un cara a cara con García Ortiz. Los socialistas han salido en su defensa pronosticando el fracaso de la investigación contra él mientras que ERC, Junts y el resto de grupos de la mayoría plurinacional han intentado abrir el foco a otros asuntos como la aplicación de la ley de amnistía o el uso del catalán en la justicia.

Los mensajes borrados

Ante las acusaciones del PP sobre los mensajes que borró, que han llegado a acusarle de actuar como un "delincuente", García Ortiz ha defendido que lo hizo "cumpliendo provisiones legales". "No se pueden imaginar los datos que tiene el fiscal general", ha subrayado. Además, el máximo responsable del ministerio público defendió su "derecho a disponer de su intimidad". En este sentido, el fiscal general aseguró que borra mensajes de WhatsApp "regularmente" y que si eliminó su cuenta de correo electrónico personal, "el 27 o 28 de diciembre", cuando llevaba dos meses en marcha la instrucción, fue porque la filtración de sus datos personales provocó que sufriera "acoso".