¿Puede volver Carles Puigdemont a partir del viernes?

MadridEl PP ha vuelto a salir a la calle contra la amnistía, con el convencimiento de que esta bandera no era prioritaria para recoger votos en las elecciones catalanas pero sí en las europeas, ya falta de menos de una semana para que la ley se apruebe el jueves definitivamente en el Congreso. Los de Alberto Núñez Feijóo han sacado a la calle a 20.000 personas, según la delegación del gobierno español –80.000 según el partido–, coincidiendo con el inicio de la campaña del 9-J en la que ha sido la quinta protesta convocada por los populares en el centro de Madrid contra Pedro Sánchez y el olvido judicial del Proceso. Esta vez, en la Puerta de Alcalá –"Mirala, mirala" sonaba por los altavoces–, después de haber gastado ya los cartuchos de otros puntos emblemáticos como la Puerta del Sol, el templo de Debod o la plaza de Espanya. Para animar el ambiente antes de las intervenciones, el DJ de los populares advertía a los manifestantes de que "en tan sólo cinco días Carles Puigdemont puede estar paseando por ahí", ya que el viernes previsiblemente entrará en vigor la amnistía, aunque su aplicación estará en manos de los jueces.

Alberto Núñez Feijóo ha exigido al presidente del gobierno español que frustre este posible regreso y "retire" la norma. En opinión de los populares, "esta legislatura ya está perdida" y la amnistía es la única iniciativa para la que Sánchez puede contar con los votos del conjunto de la mayoría plurinacional y, concretamente, con los siete de Junts. "No tiene la gobernabilidad garantizada", afirman fuentes de la dirección del PP, que esgrimen los reveses parlamentarios de esta semana en la ley contra el proxenetismo y en la del suelo para defenderlo. "Dará impunidad a cambio de nada", advierten. Por eso, Feijóo ha pedido al líder socialista que se lo piense, asuma el "punto final" de la legislatura y convoque elecciones generales. Un escenario que dejaría sin garantías al expresidente de la Generalitat pero que es más un deseo del líder popular, que riza para llegar al Palacio de la Moncloa, que una opción real.

Por ahora, la previsión es que el jueves el texto pactado por el PSOE y el independentismo se apruebe definitivamente después de que el PP le haya retenido dos meses en el Senado. ¿Y al día siguiente qué? Será la hora de los jueces. Está previsto que Carles Puigdemont y su abogado, Gonzalo Boye, comparezcan desde Bruselas el viernes por la mañana, coincidiendo con la entrada en vigor de la normativa. Fuentes de la defensa del expresidente de la Generalitat avanzan en que no solicitarán al Tribunal Supremo el levantamiento inmediato de las órdenes de detención vigentes, que ahora impiden que ponga los pies en territorio español sin riesgo de ser detenido. Entienden que debe hacerlo el juez Pablo Llarena en estricta aplicación de la ley.

"El órgano judicial que esté a cargo de la causa debe proceder a dejar sin efecto las órdenes de busca y captura y de ingreso en prisión de las personas a las que resulte aplicable esta amnistía, así como las órdenes estatales, europeas y internacionales de detención", dice el artículo 4b de la ley. Este fue uno de los preceptos que se modificaron en la última negociación en el Congreso para reforzar que esta decisión debiera tomarse "inmediatamente" cuando se publique en el Congreso Boletín Oficial del Estado, previsiblemente el próximo viernes. Así, Llarena no debería tardar muchas horas o días en mover ficha en este sentido para no incumplir la ley, aunque hay vías para esquivarlo. La más clara es la presentación de una cuestión prejudicial frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ésta era la vía que planteaba una guía que una asociación de jueces elaboró ​​para sortear la amnistía.

Tal y como publicó el ARA, Llarena no tiene intención de presentar batalla en este sentido, por lo que las órdenes de detención e ingreso en prisión en España se levantarían con la entrada en vigor de la amnistía. Primero, el magistrado instructor preguntará a la Fiscalía, las acusaciones y los propios implicados cuál es su criterio. El expresidente, además, también está investigado en la causa de Tsunami Democrático, si bien la magistrada Susana Polo, a diferencia de Llarena, no le ha declarado en rebeldía ni ha emitido ninguna orden de detención contra él. De hecho, le citó a declarar por videoconferencia junto a Ruben Wagensberg —entendiendo que están en el extranjero— para una fecha aún por concretar entre el 17 y el 21 de junio.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, se encuentra en una situación diferente, como el resto de encausados ​​por el 1-O que siguen inhabilitados con condena firme (Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa). A todos los efectos, la normativa prevé que el Tribunal Supremo tiene dos meses para aplicar la ley, y en su caso correspondería dar por terminada la ejecución de la pena. Ahora bien, el alto tribunal ya ha ido expresando en privado sus dudas con la norma que saldrá del Congreso y es altamente probable que eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que paralizaría la causa y que, tanto, mantendría a Junqueras inhabilitado hasta que Luxemburgo no resolviera. En principio, la intención de los republicanos es que la defensa del presidente de ERC solicite enseguida al tribunal presidido por Manuel Marchena el fin de la inhabilitación.