Sánchez intenta desactivar el modelo Ayuso a través de las Universidades

MadridPor la vía de urgencia, con un real decreto, Pedro Sánchez quiso la semana pasada poner ciertos controles en la proliferación de "chiringuitos universitarios". Detrás de esta medida para evitar que se instalen universidades que no tengan suficiente calidad, existe una decisión de fondo de combatir el modelo ultraliberal de Isabel Díaz Ayuso de dar barra libre a centros que dan rendimiento a sus inversores pero que aportan poco al sistema educativo. "Son la principal amenaza para la clase trabajadora", afirmaba hace unos días la vicepresidenta primera del gobierno español, María Jesús Montero. Desde el PP han puesto el grito en el cielo contra el movimiento del ejecutivo del Estado y le acusan de abrir una guerra contra las universidades privadas.

En Madrid es donde más se han creado en los últimos años y ya hay 13, más que públicas (6). La decimocuarta podría ser la Universidad Abierta de Europa (UAE), que ha provocado muchas críticas y ha colmado el vaso. Las seis universidades públicas madrileñas se opusieron en bloque, y falta todavía el último visto bueno de la Asamblea de Madrid. "Los promotores ni tenían ni tienen un proyecto definido y de calidad", advertía el informe desfavorable –no vinculante– del ministerio de Ciencia y Universidades, y también veía grietas Madrid+D, que es el órgano autonómico que se encarga de validar los proyectos. "No es posible verificar específicamente la experiencia de estos docentes" y "Parece una estructura muy pequeña para la entidad del proyecto universitario que se pretende, y no existe una estructura de investigación que esté en consonancia" son algunos de los avisos que contiene el informe, consultado por el ARA, que sin embargo valora favorablemente la propuesta.

"En lugar de calificar, Madrid+D hace de consultoría y dice que adelante", critican fuentes del PSOE de Madrid. El permiso en la Universidad Abierta de Europa está aún pendiente de votarse definitivamente en la Asamblea de Madrid, pero desde la oposición creen que Ayuso esperará a aprobar una nueva ley universitaria, de la que solo han circulado algunos borradores en los medios de comunicación. "Será el fin de la universidad como la conocemos", lamentan los socialistas. Entre otras cuestiones, esta nueva normativa obligaría a las universidades públicas a buscar financiación privada –sólo les garantizaría el 70% del presupuesto–, lo que va en sintonía con la "asfixia" financiera que los centros públicos denuncian que están sufriendo del gobierno autonómico del PP. "Vincular la investigación a las necesidades de mercado implica derribar todo lo que conocemos como innovación", se quejan en el PSOE.

La nota dominante es que estos centros privados tienen una estructura pequeña, con grados baratos –no ofrecen química, por ejemplo, que requiere inversión en laboratorios– y pocos alumnos, que ya dan una rápida rentabilidad. Por eso el decreto del gobierno español quiere fijar un mínimo de estudiantes y de tres doctorados, entre otros requisitos. Más allá del argumento sobre la calidad, la izquierda se queja del "cambio social" que esta política puede provocar en los próximos 10 o 20 años. El tapón en la pública y la laxitud con las privadas contribuye al desequilibrio que en los últimos años se está produciendo en Madrid, donde todo lo que no puede ofrecer la pública va a la privada, con lo que ello conlleva. "¿Quién puede pagarse la matrícula y la vivienda, tal y como están los precios de alquiler?", anotan. Pese a no ser mayoritario, desde el PSOE apuntan que de esta forma se entiende un fenómeno que está pasando: grandes fortunas latinoamericanas se trasladan a la capital española y se compran pisos en efectivo.

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¿Un nuevo enemigo para Sánchez?

De momento las universidades privadas vigentes no entran en la trifulca política, aunque la patronal madrileña sí ha cargado contra la iniciativa de Sánchez y Ayuso le acusa de hacer "guerracivilismo" en todos los ámbitos. Precisamente, esta semana también se han activado entidades franquistas, que quieren contraprogramar la agenda de actos de conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco que plantea la Moncloa con iniciativas que ensalcen al dictador. La lista de enemigos de Sánchez es larga, con un protagonismo especial para la derecha judicial, que mantiene bloqueado un cambio de sensibilidad en la presidencia de la sala segunda del Tribunal Supremo y se prepara para desacreditar un eventual aval del Tribunal Constitucional en la amnistía.

En el plano estrictamente político, que no hubiera lleno en el Congreso ha propiciado una pequeña tregua en la confrontación permanente entre el PSOE y el PP en clave estatal. Además, el anuncio de los aranceles de Donald Trump ha provocado que los conservadores se hayan situado junto al gobierno español en el rechazo a las barreras comerciales, evidenciando las contradicciones de Vox con sus alianzas trumpistas. A la espera de ver si las negociaciones de la Unión Europa con la administración estadounidense pueden prosperar y rebajan los aranceles, Sánchez se vuelca en el flanco internacional con el viaje a China y Vietnam de esta próxima semana, con el objetivo de potenciar nuevos mercados. Como anécdota, hay facultades de la Universidad Complutense de Madrid –pública– con rótulos en chino en los pasillos.