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Tensión en el cuerpo diplomático español por los nombramientos de Albares

El relevo antes de hora de tres embajadores pone al ministro de Exteriores en el punto de mira acusado de actuar con "arbitrariedad"

Albares en rueda de prensa.
16/02/2025
4 min
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MadridCuando estalló la crisis por la ley del sólo sí es sí, el gobierno español ofreció a Podemos que Irene Montero fuera designada embajadora en Chile. Tratar ese cargo, el nivel máximo dentro del escalafón de la carrera diplomática, como una fórmula "bonita" –según denunció la formación lila– para quitarse de encima a alguien, es una práctica habitual cuestionada desde hace años por miembros del cuerpo diplomático, formado por funcionarios del Estado que deben hacer oposiciones e ir acumulando méritos durante años para acceder a ellos. Otros ex ministros de Pedro Sánchez, a diferencia de Montero, aceptaron ese destino. Isabel Celaá, exministra de Educación y exportavoz del ejecutivo, es embajadora en el Vaticano; Héctor Gómez, ex ministro de Industria, lo es en la Organización de Naciones Unidas, con sede en Nueva York, y Miquel Iceta, extitular de Cultura, en la Unesco, con sede en París.

Legalmente, el gobierno español puede situar a quien quiera como embajador. Según recoge la ley de acción exterior, es el consejo de ministros quien designa y cesa a un embajador a propuesta del ministro de Exteriores, a quien se da la "potestad discrecional" de hacer nombramientos no sólo entre funcionarios sino también entre personas que no formen parte del cuerpo diplomático. "Atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia", añade la norma. La utilización política de ese cargo no es un debate nuevo ni exclusivo del mandato de Sánchez, sino que también ocurría con el PP. Fue sonada la designación de Federico Trillo, exministro de Defensa, como embajador en Reino Unido por la contradicción que suponía con la promesa que había hecho poco antes el entonces ministro de Exteriores con Mariano Rajoy, José Manuel García-Margallo, quien a partir de su mandato la norma sería que las embajadas estuvieran "res".

El hecho de que embajadas "técnicas y sensibles" como la de la ONU y la Unesco se hayan utilizado para retirar a políticos que dejan de tener lugar en primera línea ya había generado críticas contra el actual titular de Exteriores, José Manuel Albares. La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), la mayoritaria en la carrera, denunció a finales del 2023 que se situaran personas "sin trayectoria internacional relevante" cuando tradicionalmente acceden a ella "diplomáticos de valía contrastada". Un nuevo comunicado del ADE, de hace dos semanas, situó el foco de nuevo contra Albares. En este caso, por haber realizado tres ceses considerados "arbitrarios" de funcionarios a los que se ha sustituido por otros miembros de la carrera diplomática elegidos por el ministro. La polémica viene por el hecho de que ha decidido sustituirlos de forma sobrevenida antes de que terminara su mandato. Se trata de los embajadores en Croacia, Corea del Sur y Bélgica. Este último, Alberto Antón, por haberse quedado dormido en un acto público.

Antón contraatacó con una misiva en la que acusaba a Albares de querer "sembrar la inseguridad y el miedo" entre el cuerpo diplomático. Lo ha denunciado también el presidente de la ADE, Alberto Virella, quien habla de un clima de control total por parte del ministro de Exteriores. Se le acusa de actuar desde la visceralidad y por cuestiones de animosidad personal en los relevos. En el caso de Guillermo Kirkpatrick, ex embajador en Corea del Sur, la destitución llegó después de que se reuniera con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sin pedir autorización a sus superiores. La decisión sobre el ex representante de España en Croacia, Juan González-Barba, que había ocupado otros cargos de responsabilidad con el PSOE, se produjo después de que publicara un artículo que alababa la contribución de la monarquía en la proyección de la imagen de España.

Este tipo de relieves prematuros ya habían sido objeto de quejas. Ya se le echaron en cara al exministro Josep Borrell cuando cogió el testigo de Margallo. En el caso de Albares, la decisión se ha tomado cuando lleva en el cargo desde 2021 y no con un cambio de color político del gobierno. También sin que existan motivos de peso, según remarca el presidente de la ADE. Virella va más allá en la denuncia y dice que los nombramientos son la "punta del iceberg" de una jerarquización que también denuncian diplomáticos consultados por Europa Press, que lamentan que todas las decisiones pasan por el ministro y que no comparte información sensible con ellos, algo que en algunos casos les maneja perdidos. "Se comporta como un ministro de un Estado que no es democrático", denuncia incluso uno de ellos. Desde ADE también le acusan de haberse rodeado de un equipo que "sabe menos que él" para evitar que se le cuestione. El sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha sumado a las críticas advirtiendo del "deterioro progresivo" de Exteriores con "el abuso del sistema de libre designación" por "premiar" a personas afines.

El reglamento que no llega

Albares ha salido al paso de las críticas defendiendo que está cumpliendo la ley y que Exteriores "se rige por las vías habituales". "Cuando la misión o el contexto cambia, se ve a qué persona es la mejor para ocupar el cargo", justificó sobre los relevos. Hace años que se plantea como una solución a esta situación que se apruebe un reglamento que fije "criterios objetivos" para nombrar y destituir a embajadores. Es lo que pide ADE. El gobierno de Rajoy aprobó uno en el 2014, dos años después del polémico nombramiento de Trillo, que el Tribunal Supremo tumbó en el 2017 por no haberle negociado con los sindicatos. El intento de recuperarlo, iniciado por Arancha González Laya, predecesora de Albares, ha quedado en un cajón sin fecha de aprobación. Virella acusa al ministro de mantener el nuevo reglamento congelado por no ver limitada su discrecionalidad mientras que Exteriores se escuda que está esperando a que se apruebe otra norma que regulará la función pública para adaptarlo. Ahora bien, pese a estar en vigor el reglamento que recogía los requisitos que debían cumplir los diplomáticos, Margallo nombró igualmente al exministro de Educación José Ignacio Wert embajador en la OCDE en el 2015.

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