El Ayuntamiento defiende que frenó las sanciones por el 30% a la espera de avales judiciales

BarcelonaEl Ayuntamiento de Barcelona ha asegurado este lunes que mantiene la voluntad de cobrar las sanciones a los promotores que habrían incumplido su reserva del 30% de vivienda social. "Tenemos el compromiso de hacer cumplir de forma estricta e ir hasta las últimas consecuencias en el cumplimiento de la normativa", ha subrayado la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, que ha admitido que nueve de los expedientes caducaron y se archivaron administrativamente, pero ha asegurado que se inició otra vía, la del procedimiento de restitución, promotores e imponer la sanción correspondiente.

Las explicaciones de este lunes de Bonet distan de las que fuentes oficiales del Ayuntamiento habían dado en el AHORA hace algunos días. Entonces, estas fuentes habían explicado que todos los expedientes abiertos se habían "archivado" y que esto se había hecho por dos motivos: las "dudas jurídicas" sobre el desenlace de los litigios que podrían llegar tras las sanciones y la voluntad del gobierno de Collboni de modificar una norma que en su momento se había aprobado en Barcelona,

"Desde que se tuvo constancia de la posible modificación de la medida que habilitaba la posibilidad de sancionar el incumplimiento de la calificación del 30%, por razones de prudencia, coherencia y eficacia, se decidió no incoar de nuevo estos expedientes a la espera de la aprobación de la nueva normativa", afirma. Apuntaban también a un informe jurídico que no aportaron, pese a las peticiones de este diario durante quince días. Un informe en el que, decían, se recogían algunas dudas jurídicas sobre la viabilidad de las sanciones si acababan judicializadas.

En una comparecencia de urgencia en los medios este lunes, Bonet ha negado que los expedientes se detuvieran a la espera de la reforma de la norma y ha dado detalles que hasta ahora el Ayuntamiento no aportaba. Explicó que, ante las dudas que les generaba la vía abierta por el gobierno anterior –del que formaban parte–, decidieron cambiarla. Según ha explicado Bonet, en vez de realizar simultáneamente los procesos de restauración –adecuación de la obra a la norma del 30%– y los de sanción, el ejecutivo de Jaume Collboni optó por dividir estos dos caminos.

De este modo, el Ayuntamiento dice ahora que antes de abrir el camino sancionador, primero se agota la fase de restauración de la legalidad. En este sentido, Bonet ha explicado que hay nueve expedientes "vivos" y que, en el caso del bloque de la calle Castillejos 242, ha recibido justo hace quince días una sentencia favorable que confirma que se había incumplido la norma del 30% -y, por tanto, avala el expediente de restauración de la legalidad-. Un aval que hará que en los próximos días se abra un expediente sancionador nuevo. Bonet no detalló el precio de la multa, pero en su día la propuesta de sanción para este caso se había fijado en 419.411 euros.

En cuanto a los ocho expedientes restantes que el Ayuntamiento dice mantener "vivos", Bonet ha asegurado que están en diferentes fases del proceso, pero que deberían seguir el mismo camino que el de la calle Castillejos. Fuentes municipales precisaron más tarde que más allá del de Castillejos hay otros dos expedientes recurridos al Contencioso Administrativo, uno en fase de revisión de las alegaciones y cinco en los que los promotores presentaron recurso de alzada, el último trámite antes de llegar a la vía judicial. Bonet reiteró que la voluntad del gobierno municipal es hacer cumplir los expedientes. "Iremos hasta las últimas consecuencias", remachó.

En cuanto a si se han detectado más casos de incumplimientos desde que se realizó la ola de inspecciones de 2022, Bonet ha asegurado que el ejecutivo cuenta con un nuevo protocolo que, en coordinación con los distritos, permite incluso anticiparse a las inspecciones. Según dijo, durante 2024 se cruzaron hasta 2.500 datos de permisos de obras concedidos para que los distritos verificaran desde el principio si se adecuaban a la realidad de las obras que se realizaba. No ha concretado, sin embargo, si durante este proceso se ha detectado algún incumplimiento.

El grupo promotor del 30% pide explicaciones a Collboni

Antes de la comparecencia de Bonet, la concejala de ERC Eva Baró había mostrado preocupación por el archivo de los expedientes a las promotoras que habrían incumplido la reserva de vivienda protegida. Los republicanos reclamaron que el gobierno haga público el informe jurídico que habría servido de aval para decidir no mantener los procesos abiertos. Baró ha avisado a Collboni de que perdonar las multas a las promotoras que han incumplido la norma del 30% "enmendaría el compromiso que dice tener el gobierno en la lucha contra la especulación".

Desde Barcelona En Comú, la líder del grupo, Janet Sanz, ha cargado también contra la falta de sanciones a los promotores que han incumplido la medida del 30%. En rueda de prensa, opinó que detrás de la falta de cobro de las multas no hay "motivos técnicos" sino "una decisión política" y acusó a Collboni de ser "cómplice" de los promotores que vulneran la norma.

El concejal de Junts por Barcelona Damià Calvet también ha cuestionado que el Ayuntamiento archivara los expedientes y ha subrayado que el consistorio "tiene la responsabilidad y la obligación de perseguir a los infractores". Calvet ha asegurado que el alcalde "es víctima de su propia irresponsabilidad" porque desde el inicio del mandato tiene la posibilidad de modificar la norma que regula el 30 por ciento de vivienda protegida. Desde el PP, el líder de los populares en el Ayuntamiento, Daniel Sirera, consideró de "sentido común" dejar sin efecto las sanciones porque la norma es "una chapuza jurídica".

También desde el Grupo Promotor de la Medida del 30% –formado por la PAH Barcelona, ​​Sindicato de Alquiladoras, Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico (ABDT), Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), Observatorio DESCA, Sectorial de vivienda Cooperativa de Collboni, la publicación de los informes jurídicos que justifican el archivo de los expedientes y el blindaje de la medida.