Golpe del TC a las reclamaciones millonarias por el cierre de pisos turísticos

BarcelonaGolpe del Tribunal Constitucional (TC) a los propietarios de pisos turísticos en Cataluña. La letra pequeña de la sentencia que avala el decreto del Gobierno que regula las viviendas de uso turístico deja muy tocadas las expectativas del sector, que ya había elevado reclamaciones patrimoniales en la Generalitat por valor de 4.280 millones de euros. En la sentencia –que tiene un voto particular firmado por dos magistrados–, el alto tribunal tumba los argumentos que hasta ahora habían esgrimido los propietarios de pisos turísticos para defender estas indemnizaciones.

Asesorados por la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), los propietarios de pisos turísticos del área de Barcelona habían defendido que la Generalitat debía compensarles porque con el decreto que permitirá cerrar todos los apartamentos turísticos de la capital catalana en un plazo de cinco años les estaba "expropiando" un expropiante. Ahora la sentencia del tribunal pone en cuestión ese argumento.

"La posibilidad de destinar la vivienda a uso turístico no es una de las facultades sin las cuales el derecho de propiedad sobre la vivienda resulta irreconocible", subrayan los magistrados. Concluyen, en definitiva, que la pérdida de una licencia turística no supone una expropiación, ya que la vivienda sigue en manos del propietario y que ésta mantiene otras posibilidades como el uso como vivienda propia, el alquiler como vivienda habitual o eventuales usos no residenciales.

Por eso, argumentan los magistrados, "este régimen restrictivo del uso turístico de las viviendas no constituye una supresión del derecho de propiedad sobre éstas, sino una delimitación de un aspecto concreto de su contenido que no la hace desaparecer ni la convierte en irreconocible". "La cobertura constitucional del derecho de propiedad privada no se extiende a las simples expectativas de que permanezca invariada una regulación legal patrimonialmente ventajosa o una situación objetiva no incorporada al patrimonio personal de individuos concretos", añaden los jueces del TC.

La sentencia avala también el método previsto en el decreto del Govern para compensar a los propietarios de pisos turísticos, que es la moratoria de cinco años –prorrogables a diez en algunos casos– que hace que hasta el 2028 no se puedan suprimir las viviendas de este tipo. "Esta previsión reduce considerablemente el impacto patrimonial del cambio de regulación", dice el auto, que incluso considera que durante este tiempo gozarán de "competencia limitada" porque no se abrirán nuevos pisos turísticos.

El veredicto, sin embargo, no recibió la unanimidad del pleno. Los magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel han emitido un voto particular duro con sus compañeros en los que critican que, "de forma algo oscura", el tribunal niegue que exista una expropiación. Consideran, además, que la sentencia no analiza si tiene encaje constitucional de que el decreto ley impacte sobre el patrimonio de unos propietarios –los que destinan su piso a vivienda turística– y no de los del resto.

Pendientes de respuesta

Pese al revés que de entrada supone la sentencia –que los servicios jurídicos de Apartur están estudiando–, fuentes de la patronal de los pisos turísticos remarcan que "en cualquier caso" continuarán con todas las acciones de reclamación que tienen en marcha. Es decir, la reclamación patrimonial que han presentado ante la Generalitat –y sobre la que debe responder el ejecutivo en las próximas semanas–, como la vía europea, en la que ya presentaron una denuncia ante la Comisión Europea.

Hace quince días, cuando se conoció el veredicto del TC contra el recurso que había presentado el PP y antes de que trascendiera la letra pequeña de la sentencia, el alcalde de Barcelona, ​​Jaume Collboni, mostró su "satisfacción" por el aval del tribunal en el decreto con el que quiere cerrar todos los pisos turísticos. "Cambiar las reglas del juego no sólo es positivo y políticamente posible, sino que es completamente legal y constitucional", defendió.

4.280 millones de euros: la factura que los propietarios de pisos turísticos reclaman a la Generalitat