4.280 millones de euros: la factura que los propietarios de pisos turísticos reclaman a la Generalitat

BarcelonaLos propietarios de pisos turísticos de Catalunya han pasado ya la factura a la Generalitat por el decreto que permite cerrar todos los apartamentos turísticos en un plazo de cinco años. En rueda de prensa, el presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), Enrique Alcántara, ha explicado que la suma de las reclamaciones patrimoniales hechas a la Generalitat por los propietarios de 7.200 viviendas de uso turístico de la demarcación de Barcelona alcanza los 4.280 millones de euros.

Es el volumen de reclamaciones hechas bajo el paraguas de Apartur antes del 8 de noviembre, cuando venció el plazo para presentarlas. Alcántara ha explicado que la gran mayoría de estos pisos se encuentran en la capital, pero también en municipios como Sitges y de la zona del Maresme. Sin embargo, Alcántara ha apuntado que la reclamación total puede ser superior porque hay propietarios que pueden haber presentado quejas por cuenta propia. Además, la cifra no incluye a propietarios de pisos de fuera de la demarcación de Barcelona, ​​lo que, según una estimación de Apartur, podría subir la factura hasta los 7.000 millones de euros.

La patronal, que asesora a los propietarios de pisos turísticos para realizar estas reclamaciones desde el mes de junio, explica que ha calculado estas indemnizaciones de acuerdo con las inversiones realizadas en las viviendas en los últimos cinco años y teniendo en cuenta también el lucro cesante –el beneficio que dejarán de percibir por no realizar esta actividad–. Por ello, considera que la administración debe indemnizar a los propietarios por "expropiarlos" de un derecho adquirido hasta ahora.

Ahora la Generalitat tiene seis meses para responder a las reclamaciones de los propietarios. Si en un plazo de seis meses no responde o lo hace negativamente, Alcántara ya ha adelantado que presentarán un contencioso administrativo. Sin embargo, se mostró convencido de que no habrá que llegar a este extremo y animó al Gobierno de Salvador Illa –con quien todavía no se ha reunido– a modificar el decreto para ahorrarse una indemnización que ha dicho no saber "si la Generalidad podrá asumir".

Destinar toda la tasa turística a vivienda

Durante la rueda de prensa, Alcántara defendió que los pisos turísticos no son el principal problema que tiene la vivienda en Barcelona y planteó alternativas al cierre de estos alojamientos. "Nosotros queremos contribuir a la buena convivencia en la ciudad. Proponemos que la recaudación de la tasa turística vaya toda íntegramente a políticas de vivienda", ha defendido.

Además, el presidente de Apartur ha alertado de que la supresión de los pisos turísticos supondrá que 5.000 personas pierdan su trabajo de forma directa, además de repercutir directamente sobre otros sectores como la restauración y el ocio si cae la presencia de turistas en la ciudad. Entre los 5.000 trabajadores que la patronal calcula que perderían el trabajo se encuentra, sobre todo, personal de mantenimiento y limpieza.

En la rueda de prensa también ha participado Toni Gragera, propietario con su esposa de dos pisos turísticos en Barcelona y que, ha dicho, les sirven para complementar la pensión y que gestionan ellos mismos. Explicó que sacó sus pisos del mercado de alquiler habitual tras una mala experiencia con unos inquilinos que no pagaban y al que les costó desalojar. "La vivienda de uso turístico genera dos o tres veces más ingresos y da menos quebraderos de cabeza", ha afirmado.

Los propietarios de pisos turísticos de Barcelona exigen 1.000 millones de euros a la Generalitat