Nuevo golpe judicial al catalán: el TSJC tumba las instrucciones de las PAU por discriminar a los alumnos

BarcelonaEn plena ofensiva judicial contra el catalán en la enseñanza, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dado la razón a la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que en junio del año pasado llevó a los tribunales el funcionamiento de la selectividad porque la Generalitat no repartía los exámenes en castellano (y en aranés en la Vall d'Aran). Así, el TSJC ha declarado nulo el párrafo de las instrucciones de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) que establecía que primero había que repartir los enunciados de los exámenes en catalán y, "solo si algún alumno lo pide", se le tenía que dar la versión en castellano. Según los jueces, hacer esto es contrario a la Constitución porque vulnera el derecho de los alumnos a no ser discriminados (artículo 14 de la Constitución) y el derecho a la educación (artículo 27).

La sentencia, que profundiza en lo que los jueces ya admitieron en su día para decretar medidas cautelares, dice que el interés del alumno y sus derechos "es superior" al interés organizativo de la Administración. En el procedimiento judicial, las universidades de Barcelona, Girona y la Politécnica, así como la entidad Plataforma per la Llengua, comparecieron para apoyar las tesis de la Generalitat. El Govern defendió que las PAU no vulneraban ningún derecho fundamental: los letrados de la Generalitat argumentaron que los estudiantes podían responder en la lengua que quisieran, que se garantizaba el derecho a escoger el idioma de los enunciados y que se atendía "con normalidad" a los que querían los textos en castellano "sin identificarlos" y que si los exámenes se repartían de entrada en catalán no era por "prevalencia, preponderancia o primacía" del catalán, sino por "agilizar" el proceso y "reducir gastos".

Además, la Generalitat alegó de entrada que la Asociación por una Escuela Bilingüe no está legitimada para recurrir este tema. Este es un punto especialmente importante: el TSJC ha tumbado este argumento del Govern y ha reconocido el derecho de la entidad contraria a la inmersión a impugnar las PAU porque hay concordancia "entre las finalidades" de la asociación en cuestión y el objeto del recurso. Esto abre la puerta a que el mismo tribunal considere que la entidad también está legitimada para pedir el cumplimiento de la sentencia que fija un 25% de castellano en todo el sistema educativo del país. La entidad ya se ha personado como parte afectada para pedir al TSJC que dictamine la ejecución forzosa de la sentencia.

En un comunicado, la entidad ha resaltado "la especial trascendencia" de la decisión judicial porque les reconoce "expresamente" la legitimación de ser parte afectada. Además, han explicado que la sentencia tiene que hacer cambiar las próximas convocatorias de las PAU, porque deja claro que el hecho de que los exámenes ya se hayan hecho no significa que el proceso judicial pierda significado. En cambio, según fuentes del departamento de Universidades e Investigación han explicado que organizarán las pruebas "como siempre" y que están estudiando si presentan un recurso a la sentencia. "Queda acreditado que siempre hemos garantizado el derecho de los estudiantes a escoger la lengua en la que quieren hacer el examen y que nunca se ha pedido al alumnado que se identifique", han afirmado las mismas fuentes.

Solo un 5% de los alumnos pidió los exámenes en castellano

La selectividad del 2021 llegó marcada por la decisión judicial de dejar de priorizar el catalán en los exámenes y repartir los enunciados también en castellano. Aquel auto fue publicado cuando los exámenes ya estaban impresos y la Generalitat salió al paso diciendo que la selectividad no cambiaría y que las pruebas se repartirían en catalán y quien quisiera podría pedirlas en castellano o aranés, como se había hecho siempre. Así, los presidentes de los tribunales pidieron que los estudiantes que quisieran los enunciados en castellano levantaran la mano. Lo pidieron menos del 5% de alumnos de Catalunya. 

Para la convocatoria de septiembre, el TSJC volvió a emitir una resolución en la que ordenaba a la conselleria de Universidades e Investigación y al Consell Interuniversitari de Catalunya que "no se identificara" a los alumnos que escojan hacer las pruebas en castellano y se ofreciera a los alumnos "los enunciados en cualquiera de las lenguas cooficiales de Catalunya, sin preferencia por ninguna de ellas", puesto que la decisión corresponde a los estudiantes "para el mejor desarrollo de sus ejercicios". En la práctica, la decisión judicial obligaba a preguntar individualmente a cada alumno en qué idioma quiere leer los enunciados de los exámenes antes de empezar cada prueba.