Pasaporte covid: ¿una herramienta segura o discriminatoria?

BarcelonaEuropa ha dado los primeros pasos para la creación de un pasaporte covid. Inicialmente, la Unión Europea solo debate el diseño de un certificado digital de vacunación, un informe “con finalidades médicas” sobre el estado inmunitario de la población: si ya han recibido la vacuna, si se han hecho una prueba diagnóstica recientemente o si tienen anticuerpos. Pero los expertos consultados por el ARA dan por hecho que los estados no se satisfarán con un mero documento informativo, sino que querrán usarlo cuanto antes mejor en beneficio de su población y economía. “Hace falta un certificado inmunitario, esto es irrebatible. La cuestión es el uso que se hará. ¿Puede ser un criterio lo bastante válido para determinar si se puede viajar? Depende de los políticos y de la presión social y económica que reciban”, resume el director del área de respuesta epidemiológica del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), Josep Maria Jansà.

A medida que las campañas de vacunación avancen y la población más frágil esté vacunada, la gente querrá recuperar libertades y los sectores económicos, como el turismo, reactivarse después de un año en pausa. A las autoridades europeas les toca ahora decidir si les conviene o no consensuar las bases para convertir el certificado de vacunación en una herramienta que pueda liberar sus ciudadanos de hacer cuarentenas o de presentar pruebas negativas para moverse dentro del espacio Schengen una vez han recibido la vacuna. Países como Grecia piden que se haga este mismo verano para salvar la temporada veraniega.

El del covid no sería el primer certificado de vacunación que permitiría a los europeos moverse –ya se hace con la fiebre amarilla para entrar en varios países africanos–, pero sí el primero dentro de la UE. En efecto, hay varios motivos que harán que no sea una discusión fácil en la Comisión Europea. Por ejemplo, el acceso a la vacuna. Muy probablemente no todo el mundo que quiera vacunarse habrá podido acceder a la vacuna en junio debido a la escasez de dosis y de las estrategias de priorización. Los retrasos en el suministro de las vacunas han hecho que solo el 4,3% de la población de los estados de la Unión Europea –el 9,6% en todo Europa– se haya vacunado y que se haya aplazado hasta finales de septiembre el objetivo de inmunizar el 70% de la población. 

“Los países europeos tienen que preservar el interés general y garantizar que la inmunidad no da más derechos a una parte de la población, por eso todavía no se ha implantado un carné o pasaporte covid”, explica Isaac Cano, investigador en medicina digital de sistemas y salud en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Augusto Pino y Sunyer (IDIBAPS) y del Hospital Clínic. Cree que, cuando la vacuna esté disponible para todo el mundo, esta herramienta tendría sentido. “Ahora mismo ponerlo en marcha podría ser bueno para reactivar la economía, pero se estaría privilegiando un colectivo por encima de los otros”, apunta Cano. 

Coincide con esto la directora científica del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación La Caixa, Denise Naniche, para quien un certificado de vacunaciones empleado como pasaporte causaría desigualdades y discriminaciones. “No es ético organizar la sociedad en dos niveles, los vacunados y los no vacunados, cuando de primeras ya tenemos a los menores de edad o las embarazadas excluidos de la vacunación y la mayoría de la población sin vacunar”, explica la experta.

Naniche, además, apunta que, como ciudadana europea, esta estrategia solo tiene sentido si en caso de no tener acceso a la vacuna los gobiernos permiten y pagan las pruebas diagnósticas gratuitas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la ECDC rechazan un certificado entendido como un requisito para viajar (pasaporte) en un contexto de falta de dosis. El 80% de las dosis se las están repartiendo diez países europeos y los Estados Unidos.

Según la OMS, con un pasaporte covid se podría beneficiar una parte de la población por cuestiones relacionadas con el estado de salud y se mandaría un mensaje entorno a la obligatoriedad de la vacuna que, en términos de salud pública, puede ser muy peligroso y reavivar el negacionismo. “Desde el ECDC damos recomendaciones técnicas con el conocimiento vigente, pero hay intereses económicos y gubernamentales que hacen que las pautas queden cortocircuitadas”, admite Jansà. 

Más digitalizados

Sin embargo, a los problemas éticos se suma el desconocimiento entorno a la inmunidad que pueden conferir las vacunas. De hecho, todavía no se sabe del cierto la duración de los anticuerpos o si las vacunas evitan la transmisión y, por lo tanto, si un vacunado puede generar nuevos contagios. Además, es demasiado pronto para saber si algunas variantes pueden escaparse de las vacunas y causar reinfecciones, como se dice de las variantes sudafricana o brasileña, respectivamente.

Para Naniche, es demasiado osado asumir que con la vacunación se logrará una protección total como para plantearse una movilidad normalizada mediante un certificado de vacunación. “Cualquier actividad será más segura cuanto más personas se vacunen, pero todavía no sabemos si alguien vacunado puede transmitir el virus”, explica. Sin embargo, Jansà subraya que en junio hará seis meses que se puso en marcha la vacunación en Europa y que los datos de inmunidad serán “más consistentes”. “Si con buena parte de la población vacunada se demuestra que no contagiamos después de vacunarnos, el certificado podría ser un adelanto a largo plazo”, admite el epidemiólogo. 

Coincide con esto el investigador Isaac Cano, que desde el principio de la pandemia ha trabajado en el desarrollo de un certificado covid. Se trata del proyecto Certify.health, una iniciativa financiada por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnologia e idéntica a la que ahora quiere desarrollar Europa, pero a pequeña escala: recoge los resultados de pruebas diagnósticas y vacunas en relación al covid de los profesionales del Clínic. “El proyecto nació con el espíritu de generar un pasaporte de inmunidad, pero pronto nos dimos cuenta que nos faltaba evidencia sobre la inmunidad y lo acabamos reduciendo a un certificado digital”, explica. 

Lo que interesa hoy por hoy, asegura Cano, es que, más allá de poderlo usar para viajar, este certificado que prepara la UE sea verificable digitalmente y no manipulable. “Tienen que llegar a un consenso, definir estándares para todos, porque no todos los países tienen la misma madurez digital. En Francia el pasaporte es en papel, mientras que en España es electrónico”, ejemplifica el investigador. “En pandemia tenemos que ver ventanas de oportunidad como se ha hecho con la investigación de vacunas. En un año se ha generado más información sobre el covid que de todas las enfermedades en quince años. Aprovechémoslo, armonicemos criterios y dejemos de confundir a la gente”, recuerda Jansà. 

Todo ello, sin embargo, condiciona un debate que en España ya detonó el abril del año pasado, durante los preparativos del proceso de desconfinamiento. Entonces los expertos recomendaron dejarlo en manos de Europa y aplazar deliberadamente la decisión hasta la consecución de vacunas. Diez meses después, y a pesar de disponer de tres vacunas, hay incógnitas éticas e inmunitarias que la UE todavía tiene que sopesar.