La odisea por conseguir un piso de protección oficial

MartorellLa de las hermanas Nadia y Esther es una historia de éxito: la primera es propietaria de una vivienda de protección oficial (VPO) y la segunda está en proceso de amueblar lo que le ha tocado en régimen de alquiler. Pero conseguir sus claves ha sido un proceso largo y nada económico, hasta el punto de que Nadia, que estaba emancipada desde hacía años, tuvo que volver a la casa de los padres para poder hacer coste a pagar las cuotas por el futuro piso y el alquiler que compartía con una amiga. Sencillamente, las cuentas no le salían.

Lo que ilustra la historia de estas hermanas es lo difícil que resulta a los jóvenes –y por extensión, a todos los expulsados ​​del mercado libre– acceder a un techo digno, incluso cuando detrás está la voluntad de proteger a los más vulnerables. Dos datos explican esta problemática: las viviendas de protección oficial no superan el 3% del total construido y eledad de emancipación de la juventud roza los 30 años.

Un estudio de la cátedra Vivienda y Futuro de la Universidad Pompeu Fabra y la Asociación de Promotores y Constructores (APCE) estima que para los próximos quince años habrá que construir 220.000 viviendas para dar respuesta a los 900.000 hogares nuevos que se crearán, de las cuales más de un tercio no tendrán capacidad para acudir a la inmobiliaria. En 2022 en Cataluña se entregaron 1.723 pisos sociales, 200 más que el año anterior.

Una promoción

Volviendo a la historia de las hermanas, en plena pandemia la noticia de que en su localidad, en Martorell, hacían una promoción de 260 viviendas de protección oficial (mitad de venta y mitad de alquiler) en el nuevo barrio de la Noria, les dio un trago de esperanza. A Nadia, de 32 años en ese momento, porque podía dejar de compartir piso con una amiga y podría independizarse definitivamente. Para Esther, de 28, era la oportunidad de dejar la casa familiar. Ambas habían cumplido con la ecuación de estudiar y trabajar, pero con sus nóminas no podían asumir los 800 o 900 euros de alquiler de media y, por tanto, se plantearon “probar, a ver qué pasaba”.- _BK_COD_ Ambas cumplían los requisitos de empadronamiento en Martorell y los ingresos mínimos y se apuntaron a la bolsa entregando toda la documentación requerida. No salieron en un primer sorteo. Sin embargo, meses después las llamaron para anunciarles que sí porque la renuncia de algunos afortunados hizo correr la lista. Enseguida entendieron el porqué.

La alegría les duró poco, porque la empresa promotora –en colaboración con el Ayuntamiento– les pidió el pronto pago de 7.000 euros “para no perder la reserva”. Ya tuvieron que correr para firmar el contrato. A partir de ahí, les pedían un primer pago por el 10% del valor total del piso, que equivalía a 16.000 euros de golpe, y un 10% más que debía abonarse en cuotas de 1.000 euros mensuales durante un año y medio. En total, 36.000 euros que debían entregar por adelantado.

“Seguro que mucha gente no pudo pagar tanto”, matiza Esther. Para ellas, en cambio, con la ayuda familiar y los ahorros pudieron recoger el dinero. Ahora bien, esto obligó a Nadia a volver al nido familiar. “Tenía que pagar 1.000 euros e intentar ahorrar porque me vendía el IVA, los muebles, los electrodomésticos, y tenía que vivir”, relata, consciente del privilegio de que sus progenitores le aceptaran sin problemas. Mientras, su hermana, fisioterapeuta autónoma, congeló la idea de emanciparse esperando el piso.

La “baja asequibilidad” para una vivienda de protección es uno de los grandes problemas que presenta el sistema de VPO catalán, señala Jaime Palomera, director de vivienda y ciudad del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (Idra), subraya que los colectivos más vulnerables chocan con “muchas barreras” económicas y de criterios para acceder a estas promociones. En definitiva, se exige a los candidatos “una importante capacidad de ahorro” que, precisamente, al no tenerla, se dirigen a este mercado social. El otro problema, a su juicio, es que el precio del metro cuadrado es demasiado elevado, 8 euros como máximo [en la Noria, 7,27 euros], y que, a diferencia de lo que ocurre en Europa, este mercado se centra básicamente en el régimen de compra y no de alquiler. En Martorell, la promoción es al 50%.

Demasiadas trabas

Con el proceso en marcha, a las dos hermanas les muestran el piso cuando ya falta poco para que les entreguen las llaves. Incluso toman medidas “para saber si cabe un sofá o una cama”, dice Esther, que admite que fueron meses de ilusión, pero también de muchos nervios y ansiedad porque la promotora llama insistentemente para preguntar si el banco les ha concedido la hipoteca. Ésta es la segunda parte de la historia que también define hasta qué punto entidades bancarias y promociones sociales están en dos planes diferentes. No hablan el mismo idioma. No es fácil para las dos jóvenes que un banco confíe en ellas, pese a que una tiene un contrato indefinido y la otra ingresos suficientes como autónoma.

Mientras a Nadia le dan el crédito, a Esther, no. Ni siquiera con el aval de los progenitores. Dice que fue “una liberación” saber que había quedado fuera y que dejaría de tener el estrés de estar todos los días llamando a bancos y recibiendo la llamada de la promotora. "En el banco me decían que debía incluir a mis padres en el contrato de la hipoteca, pero en la promotora me decían que no podía ser, que la Generalitat no lo aceptaría", recuerda. Lo oscuro es que la promotora no le devolvería los 36.000 euros adelantados hasta un año más tarde o cuando el piso se vendiera. “Entonces yo fui la pesada y la que estresaba llamándoles todos los días, diciéndoles que esto no me lo podían hacer. Y al final me los devolvieron para que se callara”, dice.

En otro giro, finalmente y seguramente por alguna otra renuncia, a Esther le conceden una vivienda de las de alquiler que se han construido en otro de los bloques nuevos que pueblan la Noria. No es lo que quería, pero los alquileres en Martorell están disparados y comprueba que se pide hasta 1.200 euros por uno de los pisos del propio barrio. Sin embargo, la Generalitat no ha incluido este municipio entre las 140 calificadas de tensionadas, lo que debe permitir limitar los precios de alquiler.

Como decíamos, la suya es una historia con final feliz: Nadia vive en su piso soleado de dos habitaciones, con aparcamiento y conserjería desde el verano. Le quedó una hipoteca de 560 euros mensuales para un piso de 160.000 euros. El contrato de alquiler de Esther es de 742 euros al mes (incluyendo 65 de conserjería y 19 de aerotermia) por siete años prorrogables. Están suficientemente satisfechas para poder estrenar una vivienda de buena calidad y en Martorell, pero admiten que nunca imaginaron que pasarían una carrera de obstáculos y muchos nervios, ni tampoco que resultaría tan caro.