El Estado sigue sin rescatar a Celsa dos meses después de acordarlo

El 27 de junio, a falta de tres días para que se acabara el límite legal para hacerlo, el Gobierno español aprobó una inyección de 550 millones de dinero público a Celsa. A pesar de que no es muy conocida para el gran público, esta empresa de producción de acero es una de las principales corporaciones de Catalunya. La ayuda pública tenía que permitir a esta compañía familiar salvar una situación muy complicada después de años difíciles rematados por la pandemia de covid.

Pasados más de dos meses, sin embargo, Celsa no ha recibido ni un euro.

Antes de aprobar la ayuda, el Gobierno español puso una condición: el dinero solo se transferirían si Celsa y sus acreedores acordaban una reducción de la deuda, que se eleva a 2.800 millones de euros, aproximadamente nueve veces la ebitda de la empresa. Una proporción considerada claramente excesiva y que ahoga la compañía. Hace meses que Celsa y los acreedores mantienen duras negociaciones para recortar esta deuda, pero de momento no han conseguido llegar a ningún acuerdo. Durante el verano las dos partes se han continuado reuniendo –lo confirman voces de las dos partes– y parece que actualmente no hay la mala sintonía que se ha visto anteriormente, pero de acuerdo no hay. De rescate público, tampoco. Y la losa de la deuda sigue pesando sobre Celsa.

Argucia legal

Para contrarrestar los efectos del covid, la Comisión Europea permitió a los países ayudar a las empresas con dinero público. En condiciones normales esto son “ayudas de estado” y están prohibidos en la UE porque distorsionan la competencia.

El periodo especial para rescatar empresas con fondos públicos se acababa el 30 de junio. Semanas antes de que se llegara a aquella fecha, el Gobierno (a través de la SEPI, la sociedad pública que ha entregado las ayudas a grandes empresas en crisis) ya advirtió a Celsa que, si quería recibir el dinero que pedía, tenía que recortar la deuda de los 2.800 millones actuales a 1.600, aproximadamente. Y con un ultimátum: el acuerdo tenía que llegar antes del 30 de junio. 

Esto provocó unas semanas de negociaciones intensas entre Celsa y sus principales acreedores (un grupo de fondos internacionales), pero las posiciones estaban muy alejadas: los acreedores querían convertir una parte de la deuda en acciones de la compañía y entrar en el capital, pero la familia Rubiralta, propietaria del grupo siderúrgico, se negaba por completo.

El 30 de junio se acercaba y era imposible llegar a un acuerdo a tiempo. Ante el riesgo de que Celsa se quedara sin rescate, finalmente el Gobierno español adoptó una decisión curiosa: autorizó la ayuda antes del 30 de junio (y así se cumplían los plazos fijados por las autoridades europeas), pero dijo que no entregaría el dinero hasta que no se acordara el recorte de la deuda. “Alguien encontró la manera de aprobarlo sin que hubiera acuerdo”, explican fuentes conocedoras de la negociación.

A pesar de esta argucia legal, la Comisión Europea no ha puesto impedimentos. Según aseguran fuentes comunitarias a este diario, desde Bruselas no ven inconvenientes en la fórmula escogida. También confirman que no hay ninguna fecha tope para hacer desembolsar el dinero, siempre que se cumplan las condiciones fijadas para la entrega.

Próximo objetivo: octubre

El problema es que las negociaciones tampoco se pueden eternizar. Entre otras cosas porque el 31 de octubre Celsa tiene un vencimiento importante de deuda: 1.375 millones. De este dinero, un 62% se tiene que volver a los principales acreedores (los fondos internacionales), pero el resto (el 38% restante, o 525 millones) se deben a la banca local, que es la que financia el circulante de la compañía, es decir, el dinero del que dispone para pagar los proveedores a la espera de cobrar facturas pendientes, por ejemplo. 

A pesar de que no ha querido hacer valoraciones, la sensación que hay adentro de Celsa es que las negociaciones están en una fase mucho mejor que antes del verano, cuando a veces parecía que se podrían llegar a romper. Pero el tiempo va pasando y, de momento, el rescate no llega.

Protagonistas

La escalada de precios que vivimos ha convertido a la ministra de Energía, Teresa Ribera, en protagonista habitual de los medios. Pero una de las grandes víctimas de la inflación energética desbocada es la industria, que se ve obligada a afrontar unos precios nunca vistos para poder seguir produciendo. Por eso llama la atención el sigilo con el que se mueve la ministra de Industria, Reyes Maroto.

Este verano no hemos vivido grandes jornadas de retrasos y cancelaciones en los aeropuertos, pero el goteo de problemas de las aerolíneas (cambios en el horario de los vuelos, por ejemplo) ha sido recurrente. Las incidencias afectaron incluso a Eddie Wilson, consejero delegado de Ryanair, que el miércoles visitó Barcelona y llegó a la rueda de prensa con 40 minutos de retraso. ¿El motivo? Su avión llegó más tarde de la cuenta.

El carismático atleta Usain Bolt lanzó en 2018 Bolt Mobility, una start-up de movilidad. Lo hizo junto con Bita Sarah Haynes, una emprendedora de Miami, y juntos captaron más de 40 millones de dólares para esta empresa de bicicletas y patinetes eléctricos. La compañía (que no tiene nada que ver con la estoniana Bolt) ha sido víctima del secamiento de la financiación en el mundo emprendedor en todo el mundo y ahora ha dejado a los trabajadores en la calle y sin cobrar, según han explicado medios como TechCrunch.

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