El 11-S y los otros catalanes
Dos dispositivos de poder que niegan la presunción de inocencia y condicionan la libertad religiosa
En 1996 Samuel Huntington publicó su libro Choque de civilizaciones, donde planteaba, entre otras cuestiones, una confrontación cultural entre Occidente y el mundo islámico motivada por una supuesta incompatibilidad de valores y cosmovisiones de los "dos mundos". Esta teoría -poco rigurosa en términos académicos- tuvo el aval de la administración estadounidense, que la incorporó a su política exterior. Pero lo que la legitimó y certificó su validez, al menos para la administración de Estados Unidos, fueron los atentados del 11 de septiembre del 2001.
Si nos preguntamos qué repercusión han tenido aquellos atentados durante los últimos 20 años en Catalunya, como mínimo podemos señalar dos consecuencias claras.
La primera tiene que ver con la creación de un paradigma conceptual basado y motivado por la teoría del enemigo. A escala mundial el enemigo se ubicó en Afganistán y luego en Irak, con una vinculación inexistente entre Saddam Hussein y Al Qaeda. Pero enseguida la guerra contra el terror se extendió al interior de los países occidentales. Esto se tradujo -y todavía es vigente- en políticas antiterroristas de los estados con dos características contraproducentes: acción policial y judicial preventiva, y la indeterminación del perfil de las personas que se vinculan al terrorismo. Muchas veces, las únicas características por las que se les vincula al terrorismo es su origen y su práctica religiosa del islam. El caso paradigmático en Catalunya de esta dinámica perversa es la famosa operación Estany (detención en 2003 de 16 personas que fueron acusadas de pertenecer a un grupo terrorista y de tener material explosivo). Fue la justificación del gobierno de Aznar para participar en la injusta guerra contra Irak. Dos meses después de las detenciones, el juez instructor Ruiz Polanco puso en libertad a todos los detenidos al ver que las acusaciones policiales no tenían fundamento. Pero el ex juez Garzón volvió a encarcelar a 4 de aquellas 16 personas tras los atentados de Atocha de 2004. Tras esta nueva detención, Polanco, en una rueda de prensa, sintetizó la que había sido la cuestión motora de las detenciones: “Los puse en libertad porque no tenía ni un solo indicio de culpabilidad de estos señores. Los romanos mandaban a los cristianos a las fieras por el mero hecho de serlo, y los nazis a los católicos, judíos y gitanos. Tengo que pedir respeto a los musulmanes porque hay mucha gente magnífica y honrada ”. Las detenciones preventivas y la indefinición del perfil del supuesto terrorista han sido la combinación perfecta que ha motivado -y todavía motiva hoy- muchas acusaciones a personas vinculadas al islam de pertenecer a grupos terroristas. En la mayoría de estas operaciones, a pesar de que no se han podido probar las acusaciones, los acusados han acabado condenados a años de prisión y expulsados después a sus países, como en el caso de la misma operación Estany o en el de la operación Cantata del 2008.
La segunda consecuencia de los atentados ha sido la generación de la sospecha permanente sobre las personas vinculadas al islam. Un claro ejemplo de esta dinámica es el protocolo de prevención, detección e intervención de procesos de radicalización islamista en los centros educativos (Proderai). Un protocolo policial camuflado bajo una apariencia educativa. No haremos un análisis del Proderai (ahora se llama procedimiento de detección de radicalismo y extremismo violento), que ya ha recibido muchas críticas, pero señalaremos dos aspectos importantes: introduce la mirada securitaria en las aulas de los centros educativos, estigmatiza todo un perfil de jóvenes por razón de su creencia y genera sospechas sobre las expresiones religiosas del islam.
Tanto el derecho penal del enemigo, dirigido contra las personas de tradición o práctica musulmana, que opera a nivel del estado español, como el Proderai, que está implantado a nivel catalán, son dos dispositivos de poder que niegan la presunción de inocencia y condicionan la libertad religiosa.
Mostafà Shaimi es profesor en la UdG y formador en dinamización comunitaria