Acuerdo global histórico para proteger las aguas internacionales
Después de una década de negociaciones, la ONU aprueba el Tratado de los Océanos, capital para poder proteger el 30% de los océanos en 2030
BarcelonaNuevo hito global contra la crisis ecológica. Pese al poco eco mediático que ha tenido, estos días en la sede de la ONU en Nueva York tenía lugar una negociación capital para el futuro de los océanos. Y este domingo, después de casi 48 horas de negociaciones ininterrumpidas (y cabezadas por los pasillos), los gobiernos de 193 estados han conseguido acordar el que se conoce informalmente como el Tratado de los Océanos y que tiene que servir para proteger la biodiversidad en las aguas internacionales.
Finalmente, el mundo tiene un instrumento que indica cómo se tienen que tomar decisiones sobre estas aguas de nadie, una herramienta capital para poder aplicar otro acuerdo de la ONU aprobado el diciembre pasado: el que prevé proteger el 30% de los océanos (y el 30% de la superficie terrestre) en 2030. Aún así, el texto final todavía tiene que ser votado en una sesión final este domingo, y no entrará en vigor hasta que una cantidad significativa de países lo ratifiquen individualmente.
Los dos puntos que han alargado las negociaciones esta vez –y han estado a punto de hacerlas fracasar una vez más – han sido la discusión sobre los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos y el debate sobre quién paga y cómo se paga todo lo que se deriva de este nuevo tratado. Finalmente, los países ricos han accedido a crear un nuevo fondo para ayudar a los más pobres a aplicar el acuerdo, sobre todo en cuanto a la gestión de las áreas marinas protegidas. También se ha llegado a un acuerdo para que los beneficios de los recursos genéticos marinos, que son la base de muchas medicinas actuales, sean compartidos por todas las naciones del mundo. Este punto no ha sido fácil de lograr, puesto que Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea se oponían.
Batalla por los recursos genéticos que se descubran en el mar
"Los países desarrollados tienen que mostrar solidaridad con los países en vías de desarrollo y darles seguridad jurídica de que la información de aquellas cadenas de ADN se comparten", decía al ARA la responsable de océanos de Greenpeace, Pilar Marcos, que participaba como observadora en la cumbre. Los países más pobres actúan en estas cumbres con una sola voz, la del grupo conocido como el G-77 (creado en los años 60 con 77 países pobres, pero que actualmente tiene 134 miembros). China, a pesar de que es ya la segunda potencia económica mundial, está aún dentro de este grupo.
Este grupo de países ya está escarmentado en este tema, explica al ARA Rémi Parmentier, del Varda Group y veterano de las negociaciones medioambientales. Estos estados "ya han conocido la biopiratería en los bosques tropicales, donde hay recursos genéticos que están siendo utilizados por ciertas industrias como la farmacéutica", a pesar de que el convenio de biodiversidad adoptado por la ONU en 1992 ya establecía que este tipo de recursos se tienen que compartir globalmente. "Es lo que llamamos la herencia común de la humanidad, porque se considera que estos recursos en alta mar pertenecen a toda la humanidad y no solo a los países que tienen la tecnología y los recursos para explotarlos", dice Parmentier.
Capital para proteger el 30% de los océanos
Los océanos cubren el 70% del planeta y aportan la mitad del oxígeno de la atmósfera, además de jugar un papel clave en la lucha contra la crisis climática, porque absorben el 26% del CO2 que emitimos. Pero el 64% de estos océanos son aguas de nadie, es decir, quedan fuera de las jurisdicciones costeras nacionales. Esto quiere decir que cualquier país puede navegar, pescar, puede realizar investigación científica o puede explotar sus recursos. Este tratado, finalmente, pone un poco de orden y regulación para estas actividades. Esto será clave también para poder aplicar la declaración de Kunming-Montreal, que compromete a todos los países del mundo con el objetivo 30x30 (proteger el 30% del planeta en 2030). Actualmente, solo el 1,2% de este espacio está protegido.
El nuevo tratado establece los mecanismos para crear y gestionar áreas marinas protegidas en aguas internacionales. Serán zonas donde habrá ciertas restricciones a la pesca, a la navegación comercial y a la explotación de recursos en general. El acuerdo dice que será la Conferencia de las Partes, es decir, la reunión de los 193 países que conforman la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, la que tomará la decisión de declarar una zona como protegida y la que fijará quién gestiona y vigila esta protección. Las decisiones se tomarán por consenso (acuerdo de todos los miembros), pero si esto no es posible se podrá aprobar por mayoría de tres cuartas partes de los miembros que voten. El nuevo tratado crea también un órgano científico y técnico, formado por expertos, que se encargará de asesorar a la ONU y evaluar la implementación de estas áreas para hacer recomendaciones.
Estudios de impacto ambiental
El acuerdo, además, fija la obligatoriedad de hacer estudios de impacto ambiental para cualquier proyecto de explotación de recursos en alta mar, otro gran éxito de cara sobre todo a una de las nuevas amenazas a la biodiversidad marina: la minería del fondo marino, un sector en expansión por la creciente necesidad de materiales críticos para las nuevas tecnologías y para la transición energética.
La sobrepesca, la crisis climática y la contaminación, sobre todo por plásticos, son las grandes amenazas para los océanos. La cumbre que ha acabado este domingo de madrugada (dos días después de lo previsto) reunía desde hacía dos semanas a los 193 estados miembros de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar. Pero el tratado aprobado, que oficialmente se llama Acuerdo para el uso sostenible de la diversidad biológica de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, tiene detrás una negociación de más de una década. Se tendría que haber aprobado, de hecho, el agosto del año pasado, pero los estados no se pusieron de acuerdo y aplazaron la decisión a este 2023.
En un primer momento, uno de los principales bloqueadores del acuerdo era China, el país con más producción pesquera del mundo. Pero una vez desbloqueado el acuerdo para el 30% de áreas marinas protegidas en 2030 que se forjó en otro foro de la ONU, el diciembre pasado, el conflicto se centraba en los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos y la financiación.