El Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoce la inmunidad presidencial de Trump pero apunta que no tiene para los "actos privados"

WashingtonEl Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido que Donald Trump goza de inmunidad, pero con matices. Trump tendría "absoluta inmunidad ante los cargos penales en su autoridad constitucional", pero "no hay inmunidad para los actos no oficiales". El quid de la cuestión ahora será distinguir hasta dónde llegan los actos presidenciales y dónde comienzan los personales en los tres casos penales que Trump tiene pendientes, y en los que ya ha intentado jugar la carta de la inmunidad. La sentencia fue aprobada por la mayoría conservadora del alto tribunal (6-3) y llega cuatro meses antes de las elecciones.

La decisión se ha hecho esperar, ya que es la primera vez desde la pandemia que el Supremo de Estados Unidos se pronuncia sobre un caso en julio. Normalmente, los magistrados dejan terminados todos los casos en el mes de junio. En total la sentencia ocupa 119 páginas: "La naturaleza del poder presidencial da derecho a un expresidente a la inmunidad absoluta ante un procesamiento penal por las acciones dentro de su autoridad constitucional concluyente y preclusiva; también tiene derecho al menos a la presunción de inmunidad de procesamiento para todos sus actos oficiales;

La resolución es una victoria para Trump porque ahora la fiscalía que lleva el caso del asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021, y que se juzga en Washington, deberá demostrar que las acciones de Trump en los actos de ese día eran privados y no presidenciales. Algo que no será fácil de discernir y que, de momento, ya promete al expresidente una dilatación del juicio. En su red social, Truth Social, el magnate ha celebrado la decisión: "Una gran victoria de la Constitución y la democracia. Orgulloso de ser americano".

Sólo que el Supremo aceptara su apelación ya había sido una victoria para Trump, que desde un principio ha buscado posponer el juicio federal de Washington lo máximo posible. Una estrategia que ha aplicado también con los otros dos casos penales que siguen congelados (el de Mar-a-Lago y el de Georgia) y que intentó utilizar, sin éxito, para el caso Stormy Daniels. Al tener que esperar a la resolución hasta julio, se ha asegurado que, debido al retraso del inicio del juicio, el veredicto final del caso por el intento del asalto al Capitolio no tenga tiempo de llegar antes de las elecciones del 5 de noviembre.

Territorio desconocido

A todo este retraso, se le suma el añadido de que, si Trump logra ser reelegido presidente, podría utilizar sus poderes presidenciales para ordenar que se le retiraran los cargos tanto en este juicio como en el de Mar-a-Lago (que también es federal). Incluso también cabría la posibilidad de que se autoperdonara, aunque es mucho menos probable. En ambos casos los expertos legales coinciden en señalar que implicaría entrar en territorio desconocido.

En el caso federal de Washington se imputaban cuatro delitos al expresidente: dos relacionados con la obstaculización de la certificación de los resultados de las elecciones de 2020, que se estaba llevando a cabo dentro del Congreso el 6 de enero, cuando se produjo el asalto; uno de conspiración, por intentar impedir la recolección y el recuento de votos de las elecciones, y el último por haber intentado privar a la ciudadanía de un derecho protegido por la ley federal, concretamente el de voto.

Antes de ir al Supremo, Trump ya había recurrido al tribunal de apelaciones de Washington, pero éste le denegó la inmunidad presidencial en relación al intento de revertir el resultado electoral y el asalto al Capitolio. Para poder pedir que se le aplique la inmunidad, precisamente, lo que ha hecho la defensa es darle la vuelta a la tortilla: asegurar que Trump estaba intentando preservar la integridad del proceso electoral.

Línea difusa

Durante los argumentos orales en la sala del Supremo el pasado 25 de abril, el abogado de Trump, John Sauer, llevó la lógica de la inmunidad hasta el extremo asegurando que, si un presidente ordenaba el asesinato de un rival político o bien orquestaba un golpe de estado en el cargo, seguía teniendo inmunidad. Éste fue uno de los motivos que hizo que todos los nueve jueces, incluidos los seis de perfil conservador, donde hay tres que el propio Trump nombró mientras era presidente, se mostraran escépticos a una inmunidad total. Su decisión no sólo tendría consecuencias sobre los juicios de Trump, sino que afectaría a todos los presidentes futuros. No era una sentencia fácil, por lo que en ese momento parecía que acabarían decidiendo aceptando la inmunidad, pero con limitaciones.

Aun así, el quid de la cuestión no era tan hasta dónde llegaba la inmunidad, sino cuando debía aplicarse o no. Sauer insistió en que Trump no quería la inmunidad total, y que debía ser imputado por su conducta privada, pero que, si se trataba de actos oficiales, debía gozar de esa inmunidad.

El problema es que es muy difícil establecer dónde empiezan y dónde acaban los actos oficiales y dónde comienzan y dónde acaban los personales. Esto volvió a generar bastante debate entre los nueve magistrados, no sólo por la difusa línea que diferencia lo oficial de lo personal, sino también porque seguía siendo igual de peligroso dar inmunidad plena en los actos oficiales, ya que esto daría casi poder total al presidente del país.