Francia impone un polémico examen de francés a los extranjeros que quieran el permiso de residencia

ParísUn año después de la entrada en vigor de la nueva ley de inmigración francesa, las ONG advierten que la norma implicará para miles de extranjeros extracomunitarios no poder conseguir el permiso de residencia o no poder renovarlo. Una de las novedades de la ley es que los extranjeros tendrán que hacer un examen de francés para demostrar que dominan la lengua para residir legalmente en Francia. Las asociaciones que trabajan con inmigrantes denuncian que el nivel exigido es demasiado elevado y aboca a las personas que no aprueben a convertirse en expulsables, incluso si hasta entonces se encontraban en situación regular.

Antes de la entrada en vigor de la nueva norma, los extranjeros que querían obtener el permiso de residencia sólo debían asistir a un curso de francés y firmar un "contrato de integración republicana" en el que se comprometían a aprender el idioma. Con la nueva ley, para un primer permiso de residencia de cuatro años es necesario superar un examen equivalente al nivel básico A2, y para un permiso de larga duración (10 años) es necesario un nivel intermedio equivalente al B1. También se endurecen los requisitos para obtener la nacionalidad francesa: si hasta ahora era necesario demostrar el nivel B1, ahora sólo se podrá obtener con un B2, el equivalente al nivel universitario.

Según las asociaciones, el problema radica en que buena parte de los inmigrantes que quieren obtener el permiso de residencia tienen un nivel de estudios bajo o muy bajo. Pueden conseguir hablar con fluidez el francés, pero obtener un nivel de francés escrito de un A2 o un B1 es muy complicado. "Hay gente que habla muy bien francés, que lo utiliza todos los días en su trabajo o para ir al médico, pero que no aprobarán el examen. Es una fuente de angustia y de inquietud. Hay gente que lleva aquí 10 o 15 años y que no podrá renovar el permiso de residencia", aseguraba Chloé Odent, profesora de francés de la asociación. LNA~ En el mismo documental, Marianne, una mujer de mediana edad que trabaja en trabajos de limpieza y que realiza un curso de francés, critica la imposición de exámenes. Lleva 10 años viviendo en el país, habla un francés más que decente, pero le cuesta mucho escribirlo. "No tengo tiempo de aprender bien el francés, yo nunca he estudiado en Francia y ese es el problema", lamenta.

Experimento entre ciudadanos franceses

France 2 ha realizado un experimento que demuestra hasta qué punto el nivel de los exámenes es elevado. La televisión pública ha reunido a una decena de franceses –nacidos en Francia y con el idioma del país como lengua materna– y les ha hecho el examen para obtener la nacionalidad francesa. La mayoría son menores de 30 años y poseen estudios universitarios. Sólo uno no terminó el bachillerato. De los 10 voluntarios, dos suspenden el examen. Es decir, que no podrían obtener su propia nacionalidad. Otros tres suspenden la parte escrita pero compensan el mal resultado con la parte oral y aprueban el examen. Los voluntarios reconocen en los micrófonos de France 2 que las pruebas "eran muy difíciles".

La ley, impulsada por el entonces ministro del Interior, Gérald Darmanin –actual titular de Justicia y uno de los ministros más conservadores del ejecutivo–, fue aprobada a finales de 2023 y fijaba que hasta 2026 no se impondrían los nuevos requisitos lingüísticos. Pero el nuevo ministro del Interior, Bruno Retaillaeu, del partido conservador Els Republicans y muy cercano a los postulados de la extrema derecha en materia de inmigración, ha dado la orden de empezar a implantar ya los exámenes. "Si después de unos años aquí un extranjero en situación regular no domina el francés es porque no ha hecho el esfuerzo", se justificaba Retailleau.

Las ONG denuncian que tras la medida se esconde la voluntad política de reducir el número de extranjeros del país. "Me parece delicado utilizar el idioma como un instrumento político de selección de las personas que tienen derecho a tener permisos de residencia", advierte Camila Ríos, fundadora y directora de UNIR, una ONG que realiza cursos de francés para inmigrantes. Además, para realizar los exámenes los extranjeros deben pagar entre 150 y 250 euros de su bolsillo. Según Ríos, muchas asociaciones acaban pagando las tasas de los exámenes porque muchos de ellos no pueden hacerle frente.

Unos 60.000 extranjeros en riesgo

Según los cálculos del gobierno francés, entre 15.000 y 20.000 extranjeros no podrán conseguir el permiso de residencia de cuatro años y unos 40.000 no podrán obtener el permiso de residencia de larga duración. En total, unos 60.000 –que llevan años en el país– pasarían a ser expulsables pese a no haber cometido ningún delito.

France 2 ha tenido acceso a documentos que prueban que, coincidiendo con la imposición de los nuevos requisitos lingüísticos, el gobierno está reduciendo el número de cursos de francés gratuitos dirigidos a inmigrantes. "El ritmo de sesiones debe reducirse a la mitad lo antes posible", afirma un documento interno de la Oficina Francesa de Inmigración y de Integración (OFII). "El sistema de cursos de francés está colapsado, hay mucha más demanda que oferta. En teoría, los extranjeros y demandantes de asilo tienen derecho, pero no todos tienen acceso", lamenta Camila Ríos.