El legado de Trump hace peligrar el derecho al aborto en los EE.UU.

WashingtonSolo en lo que llevamos de 2021, en Estados Unidos se han presentado, y en algunos casos aprobado, más de 60 propuestas de ley contrarias al aborto. No lo prohíben pero lo dificultan hasta el extremo de hacerlo casi imposible. Sin ir más lejos, la semana pasada el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, estampó su firma para hacer ley la prohibición de interrumpir el embarazo desde el momento de detección del latido del corazón del feto. Es decir, tan pronto como a las seis semanas de gestación. La ley, que de no mediar decisión judicial entrará en vigor en septiembre, impide la interrupción incluso en el caso de que la mujer haya sufrido violación o incesto.

El aborto quedó despenalizado en Estados Unidos en 1973, con la resolución por parte del Tribunal Supremo del caso Roe v. Wade. Hasta entonces era potestad de los estados su legalización o ilegalización. La mayoría de quienes lo permitían solo admitían la interrupción en caso de riesgo para la vida de la madre. La histórica decisión del alto tribunal, con 7 votos favorables y 2 contrarios, se fundamentó en el derecho a la privacidad y libertad de las mujeres. Quedó establecido igualmente que los estados no podían restringir el derecho al aborto durante el primer trimestre de gestación.

En 1992, la resolución de otro caso, Planned Parenthood v. Casey, corrigió esa ventana temporal y la vinculó a la “viabilidad” del feto. Es decir, a su capacidad para sobrevivir fuera del útero. El tribunal estimó que esa viabilidad tiene lugar entre la semana 24 y 28 del embarazo.

¿Por qué entonces se aprueban leyes como la de Texas, que se confrontan con los precedentes legales establecidos por el Supremo y, en teoría, nacen muertas? La respuesta está en la configuración actual del tribunal que, tras el paso de Donald Trump por la presidencia, cuenta con seis jueces considerados conservadores y solo tres progresistas. El ex-presidente logró colocar a tres tras prometer en campaña que solo escogería jueces contrarios al aborto.

Con la muerte en septiembre del año pasado de Ruth Bader Ginsburg, icono del movimiento feminista, y su sustitución por la conservadora Amy Coney Barrett, los movimientos “pro-vida” vislumbraron la posibilidad de hacer realidad un sueño largamente esperado: acabar con Roe v. Wade. Para que resulte posible, el Supremo debe admitir revisar al menos una de las leyes que violan lo establecido por aquella decisión. Y ese momento ha llegado.

La semana pasada el Tribunal Supremo anunció que revisará la constitucionalidad de una ley aprobada en Misisipi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo, salvo en casos de emergencia médica o severa anomalía del feto. Aprobada en 2018, quedó suspendida en los tribunales por inconstitucional. Esa ha sido la dinámica habitual en los últimos años con leyes parecidas. Se aprueban en estados de mayoría conservadora, organizaciones de defensa del derecho al aborto o las clínicas abortistas afectadas presentan una demanda y los tribunales las anulan. La esperanza de los opositores al derecho al aborto era que el Supremo rompiera el ciclo admitiendo una de ellas, como ha terminado por suceder.

En el caso concreto de la ley de Misisipi, el Tribunal Supremo ha anunciado que estudiará “si todas las prohibiciones previas a la viabilidad” del feto son inconstitucionales. Es decir, el alto tribunal podría decidir enmendar el precedente de 1992, que hasta ahora se ha sostenido como referente legal en las decisiones de los tribunales. Misisipi alega que no solo defiende los derechos del feto sino también la salud de la madre. Argumenta que “el riesgo de muerte de la madre como consecuencia de un aborto entre las semanas 16 y 20 de gestación es 35 veces más probable que a las ocho semanas”.

Consecuencias "explosivas"

En opinión de la profesora universitaria Mary Ziegler, autora de varios libros sobre el derecho al aborto en Estados Unidos, una decisión favorable a la ley de Misisipi sería “tan importante como revertir el propio Roe v. Wade”. En una entrevista con la PBS aseguró que sus consecuencias “serían explosivas”. No significaría necesariamente el final de la despenalización del aborto pero sí prácticamente el inicio del vaciado de su contenido. La decisión de los jueces llegará probablemente en el verano de 2022, a las puertas de las elecciones de medio mandato.

En el horizonte se entrevé un panorama cada vez más parecido al anterior a 1973: un mosaico de leyes en que los estados republicanos prohibirán la mayoría de abortos y los estados demócratas quedarán como reductos donde estará más protegido. En la actualidad, en los Estados Unidos hay al menos una clínica que practica la interrupción del embarazo en cada uno de los estados. Si se anula Roe v. Wade, sería ilegal en casi la mitad del país y, para muchas mujeres, la clínica más próxima quedaría a miles de kilómetros. Inasumible logísticamente y económicamente para muchas de ellas.