PSOE y Podemos refuerzan el compromiso con la OTAN

La Estrategia de Seguridad Nacional española se actualiza teniendo en cuenta la pandemia, las ‘fake news’ y los ataques híbridos

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Militars españoles en la frontera ceutí durante la crisis del mayo pasado.

BarcelonaForzado por el impacto de la pandemia y las debilidades que ha puesto a cuerpo descubierto, el gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha decidido actualizar un año antes del previsto la Estrategia de Seguridad Nacional. El documento, publicado la semana pasada, sustituye el del 2017, elaborado por el gobierno Rajoy, e introduce nuevas amenazas, como las pandemias, los ciberataques , la desinformación, la inestabilidad económica y la crisis climática y la vulnerabilidad energética, que según el texto “pueden desencadenar crisis en cascada”. Pero la nueva estrategia también tiene una buena dosis de continuidad, que pasa, sobre todo, por la apuesta por la OTAN y la UE, y su proyecto para tener una capacidad de defensa autónoma, en pleno repliegue del gendarme norteamericano . 

“La alianza estratégica de España con los Estados Unidos está basada en una relación de mutua confianza con dimensiones políticas, económicas, culturales y militares”, dice el texto, que añade: “España, miembro de la UE y de la OTAN, apoyará a la cooperación entre las dos organizaciones como eje central de la seguridad colectiva ante los grandes desafíos globales”.

En este sentido, el documento apunta: “A raíz de la experiencia de la Afganistán, la UE tiene que efectuar acciones conjuntas militares que contribuyan a reforzar el vínculo transatlántico y que favorezcan la gestión de crisis transfronterizas y su autonomía estratégica. En particular, la UE tiene que asumir un papel más importante a la hora de gestionar desafíos como las pandemias, el terrorismo internacional, los ciberataques o las campañas de desinformación”.

China, Rusia y la guerra híbrida

La nueva estrategia también tiene en cuenta lo que se conoce como conflictos híbridos, en que actores estatales o no estatales recurren a estrategias no convencionales para desestabilizar a los adversarios, como por ejemplo ”campañas de desinformación, ciberataques , espionaje, subversión social, sabotaje, coacción económica o uso asimétrico de medios militares”. En este capítulo se citan indirectamente la China y Rusia.

El calentamiento global se sitúa como una de las grandes amenazas para la seguridad española, que puede "agreujar las migraciones masivas” y tener “repercusiones directas en España, puesto que provocará fenómenos meteorológicos adversos más extremos y frecuentes, sequías, oleadas de calor, inundaciones, escasez de agua y perjuicios para la biodiversidad”.

El documento hace énfasis en la transformación digital en forma de “tecnologías disruptives como la computación a la nube, la computación cuántica, la inteligencia artificial, la virtualización de las redes y la internet de las cosas”, que “ofrecen innumerables oportunidades de futuro, pero también presentan serios desafíos para la seguridad nacional”. Entre los riesgos cita las criptomonedas , que hacen vulnerable el sistema financiero internacional. El 5G, entre otros adelantos tecnológicos, se ve como un peligro que “puede comprometer la cadena de suministro, especialmente la provisión de servicios esenciales o críticos”.

Una de las cuestiones que preocupan a los responsables de seguridad españoles es el big data: los centros de procesamiento de datos o los cables submarinos, así como los activos de la propiedad intelectual e industrial, son "especialment vulnerables" ante injerencias exteriores. Un riesgo que considera tan inquietante como la concentración de datos en manos de grandes empresas tecnológicas, de las cuales algunos actores políticos pueden hacer un uso “abusivo”.

En el análisis de riesgos regionales, el gobierno español apuesta por una UE “más fuerte al mundo” y asegura que el Brexit no debilitará la relación entre España y el Reino Unido, un país "amigo y aliado”, aunque Madrid no renuncia a “resolver el anacronismo que representa la situación de Gibraltar”. Nada anacrónica, en cambio, se presenta en el documento la situación de los enclaves españoles ceutís y Melilla, al norte del Marruecos, para los cuales se compromete a elaborar planes de seguridad específicos.

Marruecos y Argelia, países amigos

Después de la crisis migratoria en Ceuta del mayo pasado provocada por el gobierno de Mohamed VI en represalia por la acogida humanitaria del presidente saharaui, y a pesar de los problemas de abastecimiento de gas de Argelia, el gobierno asegura que “la relación de España con Marruecos y Argelia es de buena amistad, desde la premisa de la cooperación leal y el respecto a las fronteras”. Sin cambiar el guion de siempre, sitúa como prioridades la cooperación antiterrorista y el control de fronteras. También referma el compromiso español con las operaciones militares de la OTAN, la UE y la coalición global contra el Daesh en Siria e Irak, por mucho que el califato ya ha sido derrotado sobre el terreno. El Sahel es la principal preocupación, por la expansión de los grupos yihadistas y los conflictos intercomunitarios.

Pero el documento destaca los países del golfo de Guinea, en África occidental, a los cuales reconoce “una gran importancia estratégica para la salvaguarda de los intereses españoles”, y recuerda que el ejército protege en aquella zona los barcos pesqueros y petroleros españoles para garantizar “la seguridad marítima nacional, el consumo energético y la protección de la pesca y las inversiones españolas”. Militares españoles para defender los intereses españoles: se acaba, pues, la retórica del discurso del despliegue humanitario. Para América Latina, en cambio, las prioridades son servir de puente con la UE y contribuir a la lucha contra el narcotráfico.

Madrid mantiene los aspectos más tradicionales de la política de defensa: desde la “capacidad de disuasión” hasta la necesidad de desarrollar la industria militar con fondos públicos, así como la lucha antiterrorista. Sí que se hace énfasis en la necesidad de mejorar las respuestas a situaciones de crisis, creando una reserva estratégica de recursos y modernizando el sistema de vigilancia nacional de salud pública. Todo con una aproximación de colaboración entre la administración central y las autonomías. Y dibuja nuevas herramientas, como una Agencia Espacial Española y una estrategia estatal contra la desinformación.

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