El Ayuntamiento de Martorell, en los tribunales para "obstaculizar" los empadronamientos

BarcelonaUn juzgado ha admitido a trámite un recurso en el que seis vecinos de Martorell reclaman al consistorio que tramite su padrón tras meses de silencio administrativo. Una inactividad que, denuncian, les priva de sus derechos como vecinos. Todos ellos ya habían pedido el empadronamiento por vía administrativa sin haber recibido respuesta del gobierno municipal. "La ley del padrón dice que después de tres meses el silencio administrativo es positivo, pero si el Ayuntamiento no hace los trámites, en la práctica, no pueden ejercer sus derechos", explica la abogada que representa a los afectados, Esther Sancho, en conversación con el ARA sobre este caso que ha avanzado Nación Digital. Los afectados se encuentran en un "limbo jurídico", tal y como expone el recurso judicial que ha consultado el ARA.

Entre los denunciantes hay personas de distintos perfiles, añade Sancho. Personas con y sin hijos, de nacionalidad extranjera o española, y algunos con una persona con discapacidad en la familia. Uno de los afectados es KO Hace más de dos años que presentó la solicitud para empadronarse y todavía no la ha logrado. Explica que con este procedimiento judicial pretenden que el consistorio cumpla con la legislación y afirma que, pese a que han intentado hablar con ella, siempre han encontrado "la puerta cerrada".

Un año esperando el padrón

De hecho, KO reprocha que el alcalde, Xavier Fonollosa, afirmó a menudo que su ayuntamiento no dará el padrón a "okupas", que equipara con "delincuentes". Los afectados denuncian que la negativa a empadronar empuja a "ir a las mafias", porque se les aboca a buscar alternativas por estar registrados como vecinos. Por ejemplo, pagar al inquilino para que le permita empadronarlos en el caso de los realquilados o pagar sólo por empadronarse en una vivienda donde no viven.

Además de los seis afectados, el procedimiento judicial lo han impulsado también la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) del Baix Llobregat y la plataforma Papers para Todos. Por parte de esta entidad, Enrique Mosquera explica al ARA que la falta de acceso al padrón a causa del silencio administrativo es un problema extendido en Martorell, más allá de los seis afectados que acudieron a la vía judicial.

"Hemos presentado diferentes instancias colectivas y hemos llegado a tener unas 200 solicitudes en total", explica Mosquera, que incide en las trabas que se pueden encontrar los afectados para sacar adelante el procedimiento y la persistencia que ha sido necesario entre los que lo han activado. "Hay una persona que lleva tres o cuatro años con este tema, no todo el mundo llega hasta el final", añade, y recuerda que muchos de los afectados viven realquilados en habitaciones. Mosquera critica que el consistorio tampoco respondiera a las peticiones de empadronamiento tras la queja del Síndic de Greuges.

Acceder a derechos fundamentales

Sancho presentó el recurso que ahora se ha admitido en un juzgado de Barcelona en enero. De esta forma, se abre un procedimiento para la protección de los derechos fundamentales porque el empadronamiento, que da la condición de vecino, es esencial para acceder a derechos como votar o ser candidato en unas elecciones municipales, en la educación, en la sanidad pública y en los servicios sociales. "Obstaculizar el empadronamiento de vecinos y vecinas del municipio es inhibirles de asumir sus obligaciones y derechos respecto a la administración local. Les obstruye el acceso a derechos universales fundamentales, como la salud y la educación, y los expone a situaciones de alta vulnerabilidad", alerta Sancho en el escrito que ha presentado en el juzgado.

A partir de la admisión, el juzgado ha reclamado al Ayuntamiento que le entregue el expediente administrativo sobre el caso. Según apuntan fuentes municipales, el consistorio ha aportado ya estos documentos. El procedimiento continuará con la presentación de la demanda de los afectados, que el Consistorio podrá responder. Para Sancho, que ya ha defendido casos similares en Pineda de Mar y en Lleida, "el rasgo diferencial esta vez es que son los afectados quienes reclaman contra la negativa a empadronarlos". Hasta ahora, recuerda, siempre se habían impugnado instrucciones o decisiones del consistorio que limitaban el acceso al padrón, pero no eran reclamaciones directas de los afectados. Si el caso prospera, añade, podría ser un precedente no sólo para los vecinos de Martorell, sino también para otros muchos municipios.