Toque de atención por la "restricción de derechos" de los presos desde el crimen en Mas d'Enric
La síndica de agravios reclama a Justicia que readmita a los internos que ha apartado de las cocinas con carácter retroactivo

BarcelonaCasi un año después del crimen en prisión Mas d'Enric, la Sindicatura de Greuges ha reiterado el toque de atención al departamento de Justícia por las medidas que tomó como respuesta al asesinato de una cocinera a manos de un preso que también trabajaba en la cocina. La síndica de agravios, Esther Giménez-Salinas, insiste en que la Generalitat debe revisar "en profundidad" la circular que veta en las cocinas y otros puestos de trabajo considerados de riesgo todos aquellos internos tomados por delitos violentos. Es más, reclama que readmita a todos los internos que fueron destituidos por esta norma con carácter retroactivo.
Esta es una de las principales recomendaciones que la síndica incluye en la última edición del informe anual del Mecanismo para la Prevención de la Tortura, que Giménez-Salinas ha presentado este lunes en el Parlament. Sobre la circular que limita los lugares donde pueden trabajar los presos según el delito cometido, el informe advierte de que supone "una restricción de los derechos de los reclusos".
"Vuelvo a reivindicar la seguridad para los internos y para los funcionarios de prisiones, una cosa no está contrapuesta a la otra", ha defendido Giménez-Salinas durante su comparecencia en la comisión parlamentaria de la Sindicatura de Greuges. En su informe, la síndica también insiste en que la forma de garantizar la seguridad no es restringir el acceso de los internos a estos puestos de trabajo sino "aplicar medidas de control y quizá ampliar las que ya existen". Se refiere, en concreto, a instalar más cámaras y arcos metálicos, reforzar los cacheos y continuar con nuevas medidas que ya se están aplicando en los últimos meses, como que las herramientas de trabajo que pueden ser peligrosas estén sujetas a las mesas de trabajo.
Trabajar en prisión, recuerda el informe, es un derecho de los internos y fundamental para propiciar su reinserción. "Si hay un aspecto del que podemos resaltar su importancia en las prisiones es el trabajo", ha dicho la síndica durante su intervención. Sobre el veto para trabajar en determinadas posiciones, el informe advierte que la decisión no puede tomarse "automáticamente" por el tipo de delito que ha cometido el preso.
Además, en aquellos que están en prisión provisional y todavía no han tenido un juicio, la síndica ve una vulneración de la presunción de inocencia. La literalidad de la norma que excluye a los presos de algunos trabajos dice que hay que apartar a los que se encuentran en prisión "por delitos violentos con resultado de muerte o lesiones graves", un texto que a juicio de Salinas es "demasiado indeterminado", porque por ejemplo no aclara si incluye o no un homicidio imprudente, por ejemplo.