Peajes y movilidad sostenible

Poco a poco se van conociendo los detalles del plan enviado por el gobierno español a Bruselas que incluye sus compromisos con las reformas estructurales de cara a justificar la llegada de los fondos europeos. Después del lío alrededor de la supresión de la bonificación por hacer la declaración conjunta, que parece que se guarda definitivamente en un cajón después de incluirla en el plan, ahora llega otra novedad importante: la implantación gradual en la red de carreteras del Estado de un servicio de pago por uso, es decir, la generalización de los peajes, un sistema de pago que hasta ahora castigaba básicamente a Catalunya y al País Valenciano.

Es cierto que hace tiempo que el gobierno central decía que quería imponer el pago por el uso en la red de carreteras de toda España. La novedad es que ahora le ha puesto fecha: el 2024. Así lo dice el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas y presentado este miércoles por la ministra Nadia Calviño. En el plan se afirma literalmente que el gobierno "podría implantar" un mecanismo de este estilo a partir de aquel año. La noticia resulta paradójica para Catalunya porque llega el mismo año en el que se produce un gran levantamiento de peajes. El 31 de agosto se levantan las barreras de la AP-7, la AP-2, la C-31, la C-32 y la C-33. O sea que la gratuidad de estas vías rápidas será una circunstancia temporal, hasta que se establezca el nuevo sistema de pago.

Los expertos ya han señalado que un sistema de gratuidad total de las autopistas como el que han tenido hasta ahora en muchas zonas de España es poco sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental, además de injusto para los contribuyentes que no hacen uso de ellas. La mayoría de países tienen sistemas de pago, sea con el sistema de peaje clásico o el de viñeta, que sería como una especie de tarifa plana anual con diferentes precios en función del vehículo y de si se trata de población autóctona o no. Estos sistemas funcionan, por ejemplo, en países como Suiza o Austria.

Lo que no tiene sentido es que las finanzas públicas tengan que hacerse cargo del coste que supone el mantenimiento de la red viaria, y lo más justo, y también eficiente, es que cada cual pague en función del uso que de ella haga. En Catalunya, queriendo o sin querer, tenemos una cierta cultura del peaje, pero se ha tenido que soportar durante demasiados años un agravio comparativo con el resto del Estado. La AP-7 ha sido un gran negocio para el Estado y las concesionarias, puesto que es una vía que concentra el 50% de las exportaciones españolas y un porcentaje similar del turismo. Pero durante muchas décadas los catalanes han tenido que pagar para hacer trayectos en vías de alta capacidad, por ejemplo para ir de Barcelona a Tarragona, por carencia de alternativas competitivas, puesto que la N-340 no lo era. Y lo mismo se podría decir de Girona.

A partir de 2024, el gobierno español tendría que tener en cuenta este hecho a la hora de diseñar la implantación de los peajes. Y también ser valiente a la hora de asumir los costes políticos de una decisión que está en concordancia con los criterios de fiscalidad verde y desincentivo del vehículo privado que se imponen en todo Europa.