500 altos cargos de la Generalitat, pendientes del acuerdo de investidura

BarcelonaCuando JxCat y ERC lleguen a un acuerdo para desbloquear la investidura –si es que llegan– empezará el baile de nombres en la Generalitat. Hay casi 500 personas que dependen directamente de los partidos, desde consellers, secretarios generales, secretarios, asesores, directores generales, miembros de los gabinetes, delegados y un buen puñado de directivos de empresas públicas. Incluso, fuera de este recuento, los subdirectors generales –obligatoriamente funcionarios– tienen números de cambiar porque también son cargos de libre designación. Traducido en dinero, casi 40 millones de euros anuales dependen de la formación del Govern. Especialmente profundos serían los cambios si ERC acaba gobernando en solitario, pero es una cuestión que se repite cada vez que hay elecciones. ¿Puede funcionar una administración si tiene que redefinir por completo toda su dirección cada vez que hay elecciones?

“No es bueno que una persona ocupe una dirección general durante 20 años, pero que cambie de forma aleatoria cada 2 o 4 años fractura la administración. No hay ningún tipo de estabilidad ni gestión del conocimiento”, apunta en conversación con el ARA Carles Ramió, catedrático de ciencia política de la UPF y ex director de la Escuela de Administración Pública de Catalunya. Él es uno de la treintena de académicos –algunos altos cargos de la Generalitat– que firman el manifiesto que impulsa el Institut Ostrom sobre profesionalización de la dirección pública.

Lo que piden básicamente es cambiar el proceso de selección de estos cargos directivos: pasar de un modelo de “discrecionalidad política” a otro “de acreditación de competencias”. “Necesitamos tener la certeza de que las personas que ocupan los cargos de dirección pública son objetivamente las mejor preparadas y están sometidas a un rendimiento de cuentas como pasaría en el sector privado”, explica Aleix Ramià, responsable de comunicación de Ostrom. Y para hacerlo, reclaman que se complete el proceso iniciado en 2012 por la comisión de expertos por la reforma de la administración pública, que derivó en 2015 en un proyecto de ley de ordenación del sistema de dirección pública profesional que continúa guardado en un cajón. Aquel proyecto preveía que los directivos de los entes públicos (161) y los directores generales (84) se continuarían eligiendo por políticos, pero después de que los candidatos superaran “procesos selectivos basados en los principios de transparencia, publicidad, libre concurrencia, idoneidad, mérito, capacidad" y hubieran acreditado las "competencias profesionales requeridas”.

“Esta selección no se podría hacer de forma libre y discrecional”, añade Ramió, que se refleja en el caso de Portugal: “Hay una agencia independiente que hace una selección para cada caso y designa una terna de finalistas entre los cuales el político puede elegir”.

¿Riesgo u oportunidad?

Chile, España y Turquía, con el 95%, encabezaban en 2016 el ranking de países con más relevo de altos cargos cuando cambia un gobierno (OCDE). En este grupo también estaba Portugal hasta que modificó su sistema. “La realidad es que la reforma no fue espontánea sino una imposición de la Unión Europea a cambio del rescate de la crisis financiera”, recordaba ahora hace unos días la abogada del estado Elisa de la Nuez en un webinar organizado por Ostrom. Ella defiende la profesionalización porque aportaría “talento” al sector público.

No opinan lo mismo los principales sindicatos de la Generalitat. “Es un modelo con riesgo de ser antidemocrático. Me da miedo que el país acabe dirigido por tecnócratas”, alerta Marc Sallas de Intersindical-CSC. Según él, el principal reto hoy en día en la administración es el de la estabilización de las decenas de miles de trabajadores interinos. Comparte la prioridad la secretaria general de IAC-CATAC, Assumpta Barbens, que también rechaza la profesionalización de los cargos directivos. “Estamos radicalmente en contra. Si no hay criterios muy bien objetivados, el cargo lo acabará ocupando un político”, avisa. Barbens lamenta que detrás de esta propuesta esté la opinión de que “en la administración pública no hay buenos profesionales” y subraya que los cambios para mejorar el modelo tienen que empezar por abajo (una nueva ley de la función pública) y no por arriba.

Guillem López Casasnovas, catedrático de economía de la UPF, formó parte del grupo de expertos que asesoró al Govern en 2012. Ahora se mantiene escéptico respecto a la viabilidad del proyecto, a pesar de que ha firmado el manifiesto de Ostrom. “Queremos una dirección abierta que acoja a los más idóneos, pero esta idoneidad alguien la tiene que acreditar”, subraya, y advierte que se correría el peligro de dar más influencia a los políticos en los procesos de selección y de crear una nueva “casta” de directores públicos profesionales sin haber probado antes si verdaderamente puede funcionar el modelo en Catalunya. En el webinar recordaba el proyecto fallado de Ernest Maragall como consejero de Educación para profesionalizar la dirección de las escuelas.

La doble vara de los partidos

Para Francisco Longo, ex director del Centro de Gobernanza Pública de Esade, los múltiples ejemplos que hay en el mundo hacen innecesaria una prueba piloto en Catalunya. Él huye de la burocratización del régimen ordinario de la función pública, “que no está pensado para la gerencia”, y aboga porque la dirección pública profesional “no sea un contrapeso, sino un complemento a la política”. En el webinar, además, remarcaba que se reduciría “el riesgo de clientelismo”. Son, además de los sindicatos, los partidos –por motivos diferentes– los que más se han resistido al cambio: “Los altos cargos son un recurso importante para sus aparatos”.

La fidelidad al político es uno de los vínculos que se establece cuando se trata de un cargo de confianza. E incluso hay una vinculación económica, puesto que en la gran mayoría de los casos los partidos exigen a sus altos cargos que den una parte del sueldo a la organización. A pesar de todo, la mayor parte llevan en sus programas la profesionalización de los directivos públicos (PSC, ERC, JxCat, Cs y el PP).

El Estatuto Básico del Empleado Público define de forma genérica el ámbito directivo en la administración. El ámbito local, sin embargo, es un mundo aparte, como explica Juan Ignacio Soto, secretario de administración local desde 1981 hasta que se jubiló. En los ayuntamientos la figura del alcalde trasciende el ámbito político y también tiene las atribuciones de carácter operativo a las cuales difícilmente querrá renunciar. “Cuando hay elecciones, quien llega lo cambia todo porque lo ve como una parte del botín. No es bueno que pase pero hacen falta más cosas y no solo una profesionalización: una selección de calidad que garantice el principio de igualdad de oportunidades, hecho en términos de competitividad y que limite la politización de los cargos”, señala. También es clave para él reforzar las escuelas públicas de administración y resolver el problema de los interinos.

Chile y Portugal han profesionalizado su dirección pública y en aquel ranking de la OCDE del 2016 hoy sólo Turquía y España (y Catalunya) continúan cambiando de arriba abajo sus altos cargos cuando cambian de gobierno. En Organizando el Leviatán (Deusto), uno de los libros referentes en la materia, los autores Víctor Lapuente y Carl Dahlstrom concluyen, comparando entre un centenar de países, que una dirección pública profesional aporta menos riesgo de corrupción, más eficiencia en el gasto y en la gestión y más incentivos en la retribución. Valorar los pros y los contras es trabajo de los políticos, que, en este caso, serían una parte directamente afectada.