EL CAMINO DE LOS INDULTOS

Consell per la República reivindica la unilateralidad y el 1-O como un mandato para "desplegar" los efectos de la DUI

La entidad que preside Carles Puigdemont responde a las cartas de Junqueras y Sànchez

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Imagen del gobierno del Consell per la República

BarcelonaEl Consell per la República que preside Carles Puigdemont ha irrumpido este sábado en el debate sobre el 1-O y la vía unilateral. Ha hecho público por la noche un manifiesto en el que hace una defensa del 1-O como un mandato para que el Govern "desplegara" la independencia, además de alabar la unilateralidad. Un pronunciamiento que se entiende como una enmienda al artículo de Oriol Junqueras, pero también al secretario general de Junts, Jordi Sànchez, a pesar de que Carles Puigdemont, que preside el Consell, ha cerrado filas con el exlíder de la ANC expresando la incomodidad por la campaña anónima para despedirle como secretario general. "El referéndum otorgó plenos poderes al Govern y al Parlament para declarar la independencia, que se hizo el día 27 de octubre, y para desplegar los efectos de esta declaración", afirma el manifiesto.

A pesar de que en 2017 el Govern decidió no implementar nada después de la proclamación de la República, el Consell pide volver a ese punto: "La vía unilateral es legítima y eficaz si se sabe construirla y defenderla. Una vía que hay que preparar para hacerla fuerte y eficaz". En este sentido, insta a todos los partidos soberanistas a "no malgastar" el 1-O ya encontrar, con las entidades, un camino para situar al país de nuevo en el 27-O de 2017, ya que asumen que el diálogo no funcionará.

La Asamblea también se ha pronunciado en este sentido este sábado. El secretariado nacional de la ANC ha emitido un comunicado asegurando que la negociación con el gobierno español conduce al "fracaso" y que "renunciar a la unilateralidad para ejercer la autodeterminación es renunciar a la independencia". Una manera de enmendar, como el Consell, la estrategia plasmada en una carta de Oriol Junqueras en que hacía autocrítica sobre octubre de 2017 y extendía la mano a quienes se habían sentido "excluidos" del 1-O.

Sin embargo, la Assamblea también responde al secretario general de Junts, Jordi Sànchez, después de que –a pesar de defender la unilateralidad– afirmara que el 1-O fue una manera de conseguir que el Estado aceptara el diálogo para una consulta acordada. La Assamblea respondió al exlíder de la entidad durante octubre de 2017 que la ley del referéndum que aprobó el Parlament "obligaba" a declarar la independencia una vez ganó el sí.

"La experiencia nos demuestra que las vías de la negociación con el Estado están abocadas al fracaso, como se demostró cuando se suspendió la declaración de independencia el 10 de octubre de 2017, apelando al diálogo con el Estado, y este activó el artículo 155 y encarceló a los presidentes de la Assamblea y de Òmnium", afirma la ANC. Y añade: "La Assamblea se reafirma en el mandato expresado por la ciudadanía de Catalunya en el referéndum del 1 de Octubre, que nos obliga a hacer una declaración de independencia efectiva cuanto antes mejor".

La entidad que preside Elisenda Paluzie afirma que los partidos con representación parlamentaria son "incapaces" de encontrar un consenso estratégico que lleve a "avanzar con claridad hacia la independencia" y por eso apuesta por convertirse en un "catalizador" del movimiento, para que se "prepare para un nuevo momento de desbordamiento unilateral que culmine el proceso de autodeterminación con una declaración de independencia efectiva".

Para la Assamblea los meses que vienen serán "claves" para "avanzar de manera efectiva" y "evitar la operación de Estado que pretende "poner fin" a sus "deseos". Una manera de referirse implícitamente a los posibles gestos que pueda hacer el gobierno de PSOE y Podemos para aligerar el conflicto. La ANC se ha posicionado a favor de la amnistía, pero ha criticado los indultos a los presos políticos. Esta semana la presidenta de la entidad, Elisenda Paluzie, lamentó en una entrevista a RTVE que con los indultos se quería "hacer creer que el conflicto está en proceso de resolverse" y subrayó que la medida de gracia era "una solución individual que implica reconocer un delito".

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