Política 24/07/2021

Aragonès cree que el Tribunal de Cuentas aceptará los avales a pesar de la división en el ICF

El 'president' defiende la legalidad del mecanismo y cree que el Consejo de Garantías le dará el visto bueno

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El presidente, Pere Aragonès, en una visita en Terrassa

Després de que el Instituto Catalán de Finanzas aprobara, dividido, los avales para hacer frente a la fianza de 5,4 millones de euros por la causa de Exteriores, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido la legalidad de este mecanismo y ha asegurado que no hay motivos para que no sea aceptado por parte del Tribunal de Cuentas. En una visita a Terrassa, recogida por la ACN, ha afirmado que el aval tiene "solidez jurídica" y que no hay "ninguna opción" para que sea rechazado: "Son plenamente legales, de acuerdo con un decreto ley del que todo el mundo reconoce la solidez jurídica".

El president ha valorado la tarea hecha por todos los miembros de la junta de gobierno del Instituto, a pesar de que dimitieron tres lunes por sus reticencias a dar el paso ante el Tribunal de Cuentas. Aragonès se ha limitado a "agradecer a todo el mundo la tarea que se está llevando a cabo en cualquiera de los organismos públicos". En el agradecimiento ha incluido también a "las personas del consejo de administración del ICF, que han hecho una tarea muy importante durante los últimos años". "Solo puedo tener palabras de agradecimiento por su compromiso", ha añadido.

En cambio, el jefe de la oposición y líder del PSC, Salvador Illa, ha reclamado "transparencia" al Govern desde Súria. Ha pedido explicaciones por la dimisión de los tres miembros de la dirección del ICF y ha lamentado que no se haya dado a conocer antes de la votación sobre los avales. De hecho, se ha quejado explícitamente que haya trascendido a través de los medios de comunicación.

Salvador Illa, jefe de filas del PSC, desde Súria.

Para el jefe del ejecutivo, la puesta en marcha del mecanismo de avales públicos es muy importante, porque da "protección jurídica" a cargos y excargos de la Generalitat por las acciones que han llevado a cabo durante el ejercicio de sus facultades. Segun él, es una herramienta en contra de la "persecución política" del Estado y la "inquisición económica" que presenta según él el Tribunal de Cuentas. Un organismo que considera "instrumentalizado por la derecha nacionalista española". "Ni el mismo Tribunal de Cuentas cuestionó, cuando lo examinó en el pasado, lo que estaba haciendo la Generalitat en el ámbito de la acción exterior; la persecución es porque somos independentistas", ha dicho.

Revisión del Consejo de Garantías Estatutarias

Aragonès no solo se ha mostrado convencido de que el Tribunal de Cuentas aceptará los avales públicos –lo tiene que examinar la semana que viene–, sino que también que el Consejo de Garantías Estatutarias hará un dictamen favorable al decreto ley aprobado por el Govern. PSC, Ciudadanos y el PP solicitaron que el organismo estatutario se pronunciara, y está previsto que lo haga jueves. En función de lo que diga, fuentes gubernamentales creen que sería más fácil que las entidades bancarias vieran con mejores ojos participar en la operación, lo que hasta ahora han rechazado por miedo a los tribunales. También allanaría el terreno para que bancos del extranjero se prestaran a participar.

Una vez emita dictamen el Consejo de Garantías Estatutarias, el Parlament tiene previsto celebrar un pleno extraordinario, el último de este periodo de sesiones, para convalidarlo viernes y, si hace falta, introducir modificaciones. Si no llegara a tiempo, también se podría convalidar durante la diputación permanente, una especie de plenario reducido que pilota la cámara durante las vacaciones. Está previsto que voten a favor Esquerra, Junts y la CUP, mientras que los comuns y el PSC se pronunciarán en función de lo que diga el Consejo. Ciudadanos, Vox y el PP votarán en contra y, de hecho, el partido naranja ya ha activado la vía judicial contra el Govern por establecer este mecanismo.

La Junta Electoral Central notifica a Torra la ejecución de tres multas por valor de 8.500 euros

La Junta Electoral Central (JEC) ha hecho llegar esta semana al 'expresident' de la Generalitat Quim Torra la notificación de la ejecución de tres multas que le impone, por un valor total de 8.500 euros, según ha informado la oficina del 'expresident' en un comunicado recogido por la ACN. Estas multas se imponen por no haber retirado las pancartas y lazos amarillos de la fachada de la Generalitat en 2019, por un correo dirigido a funcionarios y por un mensaje con motivo de Sant Jordi, todo en periodo electoral. Torra considera que la JEC "desobedece" el informe del Consejo de Europa aprobado en junio en que se reclamaba no sancionar "a los sucesores de los encarcelados por acciones simbólicas que solo expresan su solidaridad con los detenidos".

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