¿Hay que amnistiar a los policías del 1-O?

BarcelonaA la negociación con el PSOE para saber si es posible una ley de amnistía todavía le quedan muchos capítulos, pero ya se puede intuir cuál será uno de los primeros escollos de las conversaciones: si esta ley también debería amnistiar a los policías que tienen causas abiertas por el Proceso, la mayoría vinculadas a las cargas policiales del 1- O. Hay voces que se niegan en redondo, mientras que otras consideran que, si de lo que se trata es de anular todas las causas judiciales, esto debe ser para todos, también para a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Según el último recuento realizado por el ARA, nunca ha habido una condena por la brutalidad policial del día del referéndum –que dio la vuelta al mundo–, pero hay 161 agentes que siguen en el punto de mira de la justicia.

El debate político y jurídico de si hay que amnistiar a los policías no es del todo nuevo, aunque la primera vez que se produjo pasó bastante inadvertido por el radar de la opinión pública. En septiembre de 2020 se puso en marcha la plataforma Amnistía y Libertad, que asumió el encargo de realizar una primera propuesta de ley de amnistía. Aquel primer redactado no dejó dudas: la amnistía era para todos, también, según se decía en el artículo tercero, para los "miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad por los actos generadores de causas penales". Uno de los expertos que colaboraron en aquella labor fue el actual director del Instituto de Estudios del Autogobierno, Joan Ridao, quien en conversación con el ARA expone que se optó por una amnistía de "plena simetría" entre las dos partes en conflicto. Luego, esa propuesta se trasladó a los partidos.

Es ahí cuando la situación empezó a complicarse. ERC, Junts, la CUP, el PDECat y Òmnium Cultural iniciaron las conversaciones para llevar la ley al Congreso, y uno de los grandes escollos para que fuera una iniciativa conjunta fue precisamente este. Según varias fuentes consultadas por el ARA conocedoras de esas reuniones, la CUP se negó en redondo. Algunas voces también sitúan a Òmnium en esta negativa. Para llegar a un consenso, el texto registrado en Madrid acabó excluyendo a los policías. Se decía que el objeto de la norma era la amnistía de "todos los actos de intencionalidad política", una fórmula expresamente utilizada –según explicaron los partidos en ese momento– para dejar fuera a los agentes del orden. El debate no generó grandes titulares: entonces todo el mundo veía que la amnistía era una quimera y esa ley cayó pronto. Si ahora todo ha cambiado es porque, a diferencia de entonces, el PSOE se ha abierto a negociar porque está en juego la investidura de Sánchez.

Partidarios y detractores

De opiniones, como siempre, hay para todos los gustos. El abogado penalista y exdiputado de la CUP Benet Salellas está totalmente en contra de la amnistía policial. Explica que una cosa es que la amnistía sea "bidireccional" –que afecte a ambos bandos– y la otra incluir a las fuerzas del orden. Considera que en este segundo caso se trata de funcionarios públicos cometiendo delitos contra la integridad moral y la integridad física, es decir, actos que pueden ser considerados como "tortura", y que amnistiarlos iría en contra de los "tratados internacionales" que regulan la materia.

Una de las voces españolas que más claro se han pronunciado a favor de que una amnistía sería constitucional es el catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo. Pero él no se acaba de mojar del todo respecto a la cuestión de los policías. Su argumento es que los legisladores tendrán "margen total" para decretar el alcance de la amnistía y que el único "límite" es el respeto por los "derechos fundamentales". "Hay que dar marcha atrás de todo el destrozo causado por el artículo 155", concluye. Que el tema es delicado lo constata que el ARA ha podido contactar también con expertos partidarios de amnistiar a los policías, pero que no han querido salir con nombres y apellidos en este artículo. Su posición es que los agentes investigados por las cargas no se adaptan a los supuestos de la tortura y que una amnistía es un "pacto" para poner "el contador judicial a cero" para la totalidad de ambas partes en conflicto.

Otros obstáculos

La cuestión de los policías es sólo una de las aristas que tendrá la negociación. Habrá más. La otra, por ejemplo, es situar el alcance temporal de esa amnistía. La primera propuesta de ley fijaba que debía ser desde el 1 de enero de 2013 hasta el momento en que la norma se publique en el Boletín Oficial del Estado y entre en vigor. El objetivo, por lo tanto, no era solo amnistiar los hechos en torno al 1-O, sino también en torno a la consulta del 9 de noviembre de 2014 y de las protestas tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Proceso (2019).

Otro hecho a tener en cuenta es que, si el PSOE acaba aceptando una amnistía, tendrá que hacer auténticos equilibrios para desmarcarse de todas las negativas que ha dado durante los últimos tres años, que incluyen haberse alineado con el PP y Vox en el Congreso para vetar cualquier debate en torno a la cuestión. Una opción para que los socialistas salgan airosos sin pagar por completo la pena de la hemeroteca sería hacer una ley de amnistía, pero sin poner ese nombre. "Una ley de alivio penal", especula una fuente jurídica consultada por el ARA. Sea como fuere, si ahora la amnistía es un tema delicado es porque existe una posibilidad real de conseguirla, a diferencia de hace tres años, cuando empezó todo. Un dirigente independentista lo resume así: "Ahora la partida se juega con cartas en la mano y con apuestas sobre la mesa".