Dos instituciones europeas, dos criterios diferentes de transparencia

Barcelona / BruselasLas peticiones de transparencia acostumbran a ser un vodevil en todas las administraciones, y en el caso de las instituciones europeas este proceso no ha sido ninguna excepción. Las varias peticiones de transparencia paralelas hechas por el ARA para saber cuántos funcionarios estaban en excedencia por interés de servicio, su categoría, la cantidad total cobrada por cada uno de ellos (mensual y anual) y a qué institución de la UE estaban adscritos han evidenciado que ni siquiera entre las propias instituciones europeas hay un criterio homogéneo. Ya de entrada cada ente tiene su propio formulario de transparencia –en algún caso se tiene que tramitar por correo electrónico y en otros casos hay una intranet más formalizada–, pero si se analiza la respuesta a las peticiones se ve que la Comisión Europea ha entregado la información dentro del plazo legal y maximizando el derecho de acceso a la información pública (cumpliendo también con la protección de datos anonimizando a los funcionarios) y que también lo ha hecho el Consejo Europeo (que no ha querido dar datos individualizados pero sí de coste global). En cambio, el Parlamento Europeo ha rechazado concretar la repercusión de las excedencias en su presupuesto. Al final ha sido la propia Comisión –a quien se le pidieron datos de todas las instituciones– la que también ha entregado la información sobre la Eurocámara.

Este órgano, a través de la Oficina de Gestión y Liquidación de Derechos Individuales (PMO), contestó la petición de información dentro del plazo legal establecido de 15 días y remitió un documento en el que se detallaba la cantidad cobrada en concepto de excedencia por interés de servicio para cada uno de los funcionarios acogidos, manteniendo su anonimato pero especificando la categoría, de qué institución dependían y el coste que supone para el presupuesto de la Unión la indemnización mensual y anual.

El laberinto de la Eurocámara

El argumento del Parlamento Europeo para rechazar dar datos sobre el coste de esta figura es la protección de los datos personales, de forma que después de cinco meses de interlocución se limita a explicitar la cantidad de funcionarios en excedencia desde el 2014 –el año en el que se creó esta figura–. Esto fue a raíz de una petición solicitada el 17 de octubre del 2022 a la unidad de transparencia del Parlamento Europeo, que, sin responder, derivó este asunto a los servicios de prensa de la Eurocámara. El equipo de comunicación trasladó al ARA los motivos que llevaron a las instituciones europeas a crear esta figura, básicamente porque se trata de trabajadores que no se adaptan a las nuevas tecnologías, pero aseguraron que no podían dar cifras sobre los recursos que se destinaban a ello. Este diario volvió a hacer una solicitud de transparencia pidiendo cuantías el 10 de enero y, a pesar de que el plazo para contestar son 15 días laborables, la Eurocámara respondió rechazando la petición el 28 de febrero del 2023, a través de una carta certificada por correo ordinario y firmada por el secretario general del Parlamento Europeo, Alessandro Chiocchetti.

El argumento para rechazarlo esta vez, sin embargo, fue diferente: el secretario general explica que el acceso a la información pública "se extiende únicamente a los documentos que están en poder de una institución", es decir, "a los documentos elaborados o recibos y que estén en posesión suya, y no cubre el concepto más amplio de información". Así, concluye que "el Parlamento no está obligado a crear documentos ad hoc para recopilar la información específica solicitada" y, en este sentido, dice que no tiene documentos elaborados en el ámbito de las personas en excedencia por interés de servicio ni sus indemnizaciones.