La Moncloa trae la nueva propuesta de DUI al Constitucional para evitar la "fractura social"

Madrid"Este recurso va contra cualquier tramitación de ley divisiva, que fracture a la sociedad, que genere tensión, que genere una fractura social y política". Con estas palabras el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha justificado este martes la impugnación de la proposición por declarar la independencia que se estaba tramitando en el Parlamento. El movimiento del gobierno español ante el Tribunal Constitucional implicará la paralización automática de la iniciativa legislativa popular presentada por Solidaritat que admitió a trámite la mesa de la cámara catalana con el apoyo de Junts y la CUP y la abstención de Esquerra. "Este recurso protege la Constitución, que es el marco del diálogo y la convivencia, y las instituciones catalanas", ha afirmado el dirigente socialista en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, aunque no estaba claro aunque prosperara si se llega a debatir en el Parlamento.

Para la Moncloa este gesto es “absolutamente coherente” con el marco de negociación abierto con ERC y Junts, que entre otras cosas está protagonizado por la desjudicialización. "Protege los acuerdos, el diálogo, y que seamos capaces de entendernos", ha insistido Bolaños, que ha dejado claro que el gobierno español quiere una Cataluña que "forme parte y sea una parte esencial y fundamental de España y la Unión Europea”. "No creemos en una política aislacionista de Cataluña", ha insistido. Desde la Generalitat, en cambio, cargaron contra el movimiento de la Moncloa y la portavoz del Gobierno, Patrícia Plaja, acusó al gobierno español de actuar por "intereses electorales". "Están pensando en el 12 de mayo y necesitan actuar contra el independentismo por intereses electorales", aseveró.

Bolaños también ha rechazado la propuesta de referendo que ERC aseguró que estaba negociando con el PSOE, tal y como dijo su secretaria general, Marta Rovira. "Estamos en campaña electoral y escucharemos muchas cosas, algunas que no son ciertas", ha advertido de entrada. Ha rechazado "fórmulas antiguas que llevaron al conflicto y el enfrentamiento", y se ha mostrado "sorprendido" por el hecho de que los republicanos hagan propuestas "del pasado".

Plan normativo de 2024

Bolaños también ha presentado el plan normativo de 2024, que prevé 198 iniciativas: 143 serán reales decretos de rango reglamentario, 43 leyes ordinarias y 6 leyes orgánicas. De todo ese paquete, la mitad responden a compromisos con la Unión Europea. Una de las reformas será para renovar la administración pública, aunque el ministro no especificó si incluirá el uso de las lenguas cooficiales en todos los ámbitos del sector público. Se trata de una medida que PSOE y ERC pactaron a cambio del apoyo de los republicanos a la presidencia del Congreso de Francina Armengol, pero de la que no se ha conocido ningún avance. Fuentes del gobierno español apuntan a que este aspecto se incluirá en una ley distinta. Bolaños tampoco aclaró si la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal incorporará el acortamiento de las instrucciones judiciales que se planteó con Junts cuando la amnistía estaba encallada en el Congreso.

Terrorismo en el Código Penal

De entrada, la agenda legislativa del gobierno español no incluye reformar el delito de terrorismo en el Código Penal. La reforma se había puesto sobre la mesa como alternativa por si el Tribunal Supremo mantiene las imputaciones de Tsunami Democrático. Bolaños ha admitido que no prevén modificarlo, pero ha dejado caer que "es verdad que hay en tramitación parlamentaria" algunas iniciativas que sí tocan el Código Penal para adaptarlas al derecho europeo, lo que abre la puerta a aprovecharlo para añadir nuevos cambios. Otra iniciativa ausente es la de la nueva ley de secretos oficiales, que decayó con las elecciones anticipadas del 23 de julio de 2023. Bolaños ha dicho que, en este sentido, se aprovechará la proposición de ley que ha presentado el PNV en la cámara baja para trabajar.