Barcelona no ha convocado nunca al comité de ética de la Guardia Urbana

BarcelonaEn la etapa final de su primer mandato, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hizo dos pasos relacionados con la Guardia Urbana: el primero, firmar el decreto que tenía que suponer la reconversión de la unidad de apoyo policial (USP), la de los antidisturbios, en la nueva unidad de refuerzo de emergencias y proximidad (UREP), y el segundo, poner en marcha un comité de ética propio del cuerpo. Un órgano de carácter consultivo que se constituyó en febrero del 2019 y que hizo una única reunión de presentación el abril de aquel año, cuando el área de Seguridad todavía dependía del comisionado Amadeu Recasens. Desde entonces no se ha convocado nunca más. Tampoco ante actuaciones que han generado polémica, como el caso del agente que, en noviembre del 2020, va disparar contra Marjan, un hombre sin hogar, en el paseo de Sant Joan. Fuentes del Ayuntamiento detallan que actuaciones como esta sí que se han llevado a la Unidad de Deontología y Asuntos Internos (UDAI), que es quien tiene las competencias para analizar casos concretos, pero que en estos tres años nadie ha requerido un encuentro de los que tenían que ser los asesores en materia de ética policial, tampoco el mismo comité.

El comité de ética de la Guardia Urbana seguía la estrella del que ya se había puesto en marcha en el Ayuntamiento el 2018 para garantizar transparencia –y que ahora denuncia falta de recursos para hacer el trabajo– y era uno de los puntos incluidos en el plano director de la policía local, que se aprobó el 2016. Se trata de un órgano consultivo enfocado a promover la prevención de las malas praxis y está formado por once personas: seis expertos del ámbito académico –como su presidente, el abogado Oriol Rusca, o Norbert Bilbeny, catedrático de ética, en representación del comité de ética del Ayuntamiento – y cinco agentes del cuerpo, y se presentó como el ente encargado de asesorar la mejora de la calidad de la prestación del servicio policial, las relaciones con la ciudadanía y la percepción de la imagen pública de la Guardia Urbana.

Diferentes miembros del órgano, sin embargo, confirman al ARA que más allá del encuentro inicial no se los ha vuelto a convocar para abordar ningún tema y no han tenido más noticias. De hecho, desde que el teniente de alcaldía Albert Batlle se hizo cargo del área por el PSC que no se ha hecho ninguna mención más. "Esposar siempre tiene un componente ético y esto se tiene que explicar y abordar cómo se hace”, defendía Recasens en la presentación del nuevo órgano. El ejemplo era, entonces, el posible análisis de la actuación policial en el supuesto de que acabó con la muerte de un disparo de la perra Sota. Desde el gobierno municipal insisten ahora que las funciones del comité no incluyen hacer resoluciones para casos concretos –"No es un órgano de control"– y que, a pesar de que el comité continúe inédito, el cuerpo policial sí que ha ido haciendo formaciones cuando se ha requerido, como el curso sobre bienestar animal a raíz del caso de la perra Sota.

Desbordados por el buzón ético

Si el comité de ética de la Guardia Urbana no se ha reunido ninguna vez en lo que llevamos de mandato, el órgano encargado de velar por la ética municipal, el comité de ética del Ayuntamiento, exponía, la semana pasada en comisión, que está desbordado y que, por ahora, no se están atendiendo sus demandas de más recursos. La comparecencia de Norbert Bilbeny se hizo a petición propia de los miembros del comité para presentar un informe que, lejos de resumir los casos en que habían intervenido, lo que hacía era regañar al gobierno municipal por la falta de manos. Denunciaban que, más allá de la puesta en marcha de estructuras para garantizar la transparencia –que fue uno de los caballos de batalla del teniente de Derechos de Ciudadanía, Jaume Asens, el mandato pasado–, hay que garantizar que tienen los recursos para poder hacer el trabajo.

Este comité, formado por cinco profesionales independientes, sí que se reúne y lo hace con periodicidades incluso inferiores al mes, pero denuncia que la dirección de Servicios de Análisis, que es la que les deriva los expedientes, solo tiene una directora, dos letradas y una persona de apoyo administrativo para atender el alud de denuncias que llegan a través del buzón ético: 2.000 desde el 2017.

El órgano no cuenta con ninguna asignación presupuestaria más allá de las dietas que perciben sus miembros para asistir a las reuniones, que el año pasado renunciaron a la mitad de este importe (unos 31.000 euros) para sufragar formación. Según la socialista Laia Bonet, que es la teniente de alcaldía responsable de las políticas de transparencia, se está haciendo todo lo posible para garantizar las contrataciones comprometidas a la Dirección de Análisis y reforzar así el comité de ética: se ha aprobado un aumento de cinco plazas respecto a las cuatro que conformaban la plantilla el mandato pasado, a pesar de que tres continúan pendientes de cubrir. El comité insiste, sin embargo, que por ahora hay solo cuatro personas trabajando y que el volumen de trabajo es "demasiado elevado" para poderlo atender.

El Consell per la Transparència, inactivo

Uno de los misterios de toda la estructura vertebrada el mandato pasado para garantizar la transparencia y las buenas prácticas es lo del Consell Assessor per la Transparencia, formado por 12 profesionales, entre técnicos municipales y miembros reconocidos de entidades ciudadanas y profesionales. Este organismo tenía el encargo de velar contra las malas praxis y, en teoría, tenía que perder protagonismo ante el "refuerzo" del comité de ética, que tomaba la batuta en el control del cumplimiento del código de conducta y las respuestas al buzón. Sin embargo, nadie ha oficializado jamás la disolución, a pesar de que hace dos años que no se reúne.

Fuentes del gobierno municipal confirman que el órgano no está disuelto, pero sí inactivo, porque sus miembros o han renunciado al cargo o ya tienen el mandato caducado y porque se considera que, con toda la estructura de transparencia desplegada, ha perdido el sentido inicial. La última mención pública data de julio del 2019 (después del cambio de gobierno) cuando se hizo público que el exdiputado de la CUP David Fernàndez abandonaba el consejo por "motivos políticos". Antes ya había habido cuatro renuncias más por motivos diferentes: el economista Arcadi Oliveres, que murió ahora hace un año; la periodista Karma Peiró, la jurista Eulàlia Pascual y Laia Bonet, cuando todavía no formaba parte del equipo de Collboni. Bonet es, de hecho, quien capitanea ahora el área como teniente de alcaldía. Y las plazas no se han cubierto.