La gestión privada no puede implicar desentenderse de los pacientes

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Un centro sociosanitario en una imagen de archivo

Aunque muchos catalanes tienen la suerte de no saber qué son, en Catalunya hay 96 centros sociosanitarios, que no son residencias ni hospitales y ayudan a pacientes, normalmente grandes, que pasan por procesos de recuperación largos o necesitan cuidados paliativos. Son centros clave, donde debería poder ayudar a los ciudadanos que necesitan atención sanitaria pero no necesitan estar ingresados ​​en un hospital. Los hay de gestión pública (35%) y también otros privados y entidades sin ánimo de lucro, pero la gestión privada no debería significar que el Gobierno se desentienda. Si paga por cada paciente, debería controlar cómo se le atiende, lo que significa también saber qué carga de trabajo tienen los profesionales que deben encargarse.

La normativa catalana establece qué profesionales debe tener un centro sociosanitario, pero no en qué ratios. En Francia, que tampoco tienen las ratios establecidas, ya existe una propuesta legislativa para definirlas. Pero es que aquí no es sólo que no haya unas ratios definidas: la Generalitat ni siquiera sabe cuántos pacientes tocan por médico, fisioterapeuta o trabajador en cada centro. Y tampoco realiza inspecciones rutinarias. Así, no es raro que, tal y como destapa la investigación que publicamos hoy, para un centro con unos 130 pacientes sólo haya un médico, que los fines de semana puede estar de guardia pendiente de dos centros distintos. Y que el propio centro con un solo médico tenga también sólo una fisioterapeuta, una terapeuta ocupacional y dos enfermeras por turno.

El director operativo para la transformación intermedia del departamento de Salud, el doctor Marco Inzitari, tiene razón cuando dice que lo importante es la calidad de la atención que reciben los pacientes en los centros. Pero es evidente que no se puede desligar de la cantidad de personas a las que debe ayudar cada profesional. Para Pablo Rossi, del Sindicato de Médicos de Catalunya, está claro que hay ratios que son "una locura" y "hacen imposible" que un médico pueda valorarlos a todos. Las inspecciones periódicas tampoco deberían sustituirse sólo con datos que hacen de indicadores de calidad y encuestas de satisfacción. La propia Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña admite la limitación de los indicadores de calidad.

La colaboración público-privada funciona en muchos casos. Puede ayudar a desaturar a la administración como, en este caso, a los hospitales. Pero la gestión privada no puede significar que el Gobierno se desentienda de los pacientes. ¿Por qué casi todos los centros sociosanitarios tienen la concesión caducada? Se prorrogó de forma extraordinaria durante la pandemia, en el 2020, pero ya han pasado más de tres años. El responsable de controlar que la atención de los pacientes sea la correcta es el Gobierno y, si no lo ejerce directamente, debe tomar las medidas necesarias para garantizar su calidad.

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