Cuando un acuerdo permite interpretaciones diversas es que es un buen acuerdo. O, sencillamente, es que es un acuerdo. Significa que todo el mundo ha cedido un poco. Quiere decir que unos y otros han sido lo suficiente habilidosos y generosos para respetar las diversas sensibilidades y la responsabilidad colectiva ante una cuestión central de país. El objetivo del pacto parlamentario que ha sumado el 78,5% de la cámara –PSC, ERC, JxCat y comuns– era garantizar que el catalán continúe siendo el centro de gravedad de la escuela. Es, por lo tanto, muy importante que se haya conseguido este entendimiento transversal. Y lo es, naturalmente, por el hecho mismo en sí –el catalán, minorizado, necesita como mínimo el oasis escolar–, pero también porque incluye los dos principales partidos independentistas junto a los socialistas y los comuns, dos formaciones catalanistas que históricamente siempre han apoyado el catalán en la escuela.
A pesar de las tensiones post-Procés, que han distorsionado y continuarán distorsionando la política catalana y española, y a pesar de los posicionamientos de una alta judicatura politizada y claramente decantada, esta gran mayoría parlamentaria se ha mantenido en un momento crucial. No era fácil. Ha costado mucho lograr el pacto. Y es posible que la batalla judicial continúe y lo quiera despreciar. Pero pase lo que pase el acuerdo tiene un gran valor político que expresa el inmenso apoyo ciudadano que desde hace décadas, y también hoy, tiene un modelo de escuela que permite a todo el mundo, al margen de orígenes, acceder a la riqueza de la lengua catalana. Una lengua que no va en contra de nadie, sino que aspira a ser punto de encuentro, que aspira a tener un futuro digno. Este es, pues, también un acuerdo contra la guerra de lenguas que hace tiempo que persigue la derecha españolista, que sitúa el castellano como falsa víctima.
En resumen, el acuerdo hace tres cosas. La primera: explicitar que el catalán es la lengua vehicular de la escuela (un reconocimiento a la inmersión histórica). La segunda: dar al castellano la categoría de lengua curricular (una aceptación de que el castellano también puede ser lengua de aprendizaje). La tercera: afirmar que el proyecto lingüístico de cada centro se decidirá con criterios exclusivamente pedagógicos (un aval a la autonomía de los centros y de los maestros para decidir). Todo ello es un mensaje de sentido común al TSJC, sin entrar, sin embargo, frontalmente en contradicción: se les dice a los jueces que la escuela no se puede regular con cuotas lingüísticas, se les dice que el catalán será predominante y se les dice que el aprendizaje del castellano está garantizado. Como razón de fondo, una evidencia científica: en el siglo XXI, la educación ya no funciona como cuando los jueces eran niños. Desde la Unesco mismo se empuja a un cambio metodológico para superar los compartimentos estancos de las asignaturas y las clases magistrales, un cambio que va en la dirección de los trabajos en grupo y por ámbitos. Querer fijar porcentajes de lenguas en un entorno así es como poner puertas al campo. No es deseable ni posible. Ni en la escuela catalana ni en ninguna parte. Hay que confiar en los maestros. Si lo hacen la inmensa mayoría de los padres, ¿por qué no lo pueden hacer los jueces? Ahora también lo hace el Parlament.
