En este artículo quisiera explorar algunas claves europeas del descontento campesino. Por supuesto en cada rincón de Europa ha habido factores locales. En nuestro caso, la sequía. Pero la raíz de que un día los tractores colapsen París y una semana después Barcelona hay que buscarla en el nivel europeo.
Con el Tratado de Roma (1957) seis estados europeos crearon el Mercado Común, un gran espacio económico sin tarifas aduaneras internas. Sin embargo, los fundadores quisieron indicar que se iniciaba una trayectoria hacia una Unión mucho más profunda. Lo hicieron traspasando al nivel europeo una política sectorial. Pudo ser la defensa, la sanidad, los transportes, la investigación, u otros. Pero fue la agraria y así nació la política agrícola común (PAC). Es una característica que fue singular al inicio y que lo sigue siendo en la UE-27. En estos momentos se han añadido muchas responsabilidades al nivel europeo, pero se ha hecho sobre todo en políticas transversales (competencia, monetaria) o añadidas a las estatales (investigación, fondos estructurales, de cohesión y sociales).
Establecida la tarifa aduanera común, la PAC pretende que la producción agraria se limite a cantidades que puedan ser absorbidas a precios razonables por el mercado interior. Al mismo tiempo, esto se complementa con una política de subvenciones que debe ayudar a mantener las rentas del campo a un nivel digno. El campo, pues, está altamente regulado y, como consecuencia inevitable, está monitorizado desde Bruselas. Con la digitalización y, sobre todo, los sensores, debería ser relativamente fácil efectuar este control –que, por último, es en beneficio del agricultor–. Que el “papeleo” cause tanta insatisfacción tiene que querer decir que no se está haciendo bien. Pero puede hacerse bien y ojalá las protestas de estos días nos lleven a una superación de la obsesión minorista de los órganos controladores y a mejoras que lleven a un régimen de control a la vez estricto y fácil. Si se consigue, y la buena práctica se generaliza en otros ámbitos, seremos unos cuantos que estaremos muy agradecidos a los agricultores.
La política fiscal de la UE vive en una contradicción. Por un lado, ha sacralizado que el presupuesto de la UE represente el 1% del PIB europeo. La mayor parte de este presupuesto –un tercio– va a la PAC. Parece desproporcionado, pero recordad que solo para este sector el gasto público europeo se ha situado principalmente en el nivel europeo. Por otra parte, surgen nuevos proyectos o necesidades –como las de defensa en Ucrania– que sería bueno impulsar a ese nivel. ¿Pero cómo financiarlos? Una tentación evidente es obtenerlos de rebajar los programas existentes, siendo el mayor la PAC. En conclusión: los presupuestos agrarios están permanentemente amenazados. Los presupuestos de la UE se confieren cada 7 años. El vigente termina en 2027. Los acontecimientos que estamos viviendo estos días tienen, no lo dudéis, un elemento de defensa de los recursos agrarios que se asignarán el 27 para el período 28-34. Sería mejor opción aumentar el presupuesto de la UE. Es raquítico. Tiene un punto de absurdidad que Von der Leyen tuviera que aprovechar una epidemia para crear un programa extraordinario, el Next Generation, financiado con deuda –y rompiendo así otro tabú fiscal– que no se dirige directamente a la epidemia y la salud sino a dos programas ambiciosos que no sabía cómo financiar: el de la digitalización y el de la sostenibilidad. Ojalá el dogma del 1% se rompa también en breve.
Otra razón de enorme trascendencia por la que la UE está también en el centro del conflicto agrario son las regulaciones en la utilización de fertilizantes y otras medidas orientadas a limitar las emisiones de CO2. La preocupación del mundo agrario de que esto pueda restarle competitividad ante importaciones de productos menos regulados es válida y tiene una solución que ya está incorporada en la doctrina de la UE: la tarifa aduanera debe neutralizar las diferencias de costes causadas por medidas medioambientales.
Pero la reacción de Bruselas no ha ido en esa dirección. Simplemente, Von der Leyen ha entrado en pánico y ha capitulado. Esto a mí me confirma que por el camino de los sacrificios autoimpuestos (vía gobiernos democráticos) no llegaremos a las emisiones cero limpias de CO₂ en 2050. No aguantaremos la insatisfacción que generan. Si llegamos a ello, el camino será el de la eficiencia –consumir lo mismo utilizando menos energía– y lo que ya hemos conseguido con las renovables de viento y sol: avances tecnológicos que han hecho su uso competitivo con la energía carbónica.
