Desde las elecciones autonómicas de 2015 la mayoría parlamentaria de los partidos independentistas no permite la formación de un Govern en la Generalitat. Formalmente sí lo permite, pero materialmente no, ya que no puede constituirse sin contar con los escaños de la CUP y con ellos se puede articular, como mucho, una mayoría de investidura, pero no una mayoría de gobierno.
Digo “como mucho” una mayoría de investidura, porque en enero de 2016 estuvo a punto de producirse la disolución automática del Parlament al rechazar la CUP votar la candidatura de Artur Mas a la Presidencia de la Generalitat. El mismo día que vencía el plazo para la disolución se produjo la sustitución de Artur Mas por Carles Puigdemont al que la CUP sí decidió dar sus votos.
La operación tuvo un alto coste para el nacionalismo políticamente, no solo porque puso de manifiesto la fragilidad de la suma de los escaños de los distintos partidos políticos independentistas, sino, además, porque facilitó la condena de Artur Mas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por la convocatoria del referéndum, disfrazado como “consulta participativa”, el 9 de noviembre de 2014. Nunca podremos saber qué hubiera pasado si Artur Mas hubiera sido investido president, pero lo que sí sabemos es que la no investidura por el rechazo de la CUP abrió la puerta de par en par a la condena por parte del TSJC. En mi opinión, fue la CUP y no el TSJC quien condenó a Artur Mas. En ese momento no creo que el TSJC se sintiera con legitimidad suficiente para juzgar y condenar al president de la Generalitat. Una vez devaluado a la condición de parlamentario, la condena estaba cantada.
Pero la CUP no fue solamente un obstáculo para la investidura, sino que continuó siéndolo para la aprobación de los Presupuestos. El 7 de junio de 2016 la CUP decidió mantener su veto a los Presupuestos propuestos por el Govern presidido por Carles Puigdemont, generando un extraordinario desbarajuste en el Parlament, del que únicamente se pudo salir con el compromiso del President de presentar una cuestión de confianza en el mes de septiembre, que sería aprobada con los votos de la CUP. El margen de maniobra del President se estrechaba considerablemente.
Lo que la CUP hizo con un president del espacio convergente, lo acaba de volver a hacer con el primer president de ERC. La CUP ha decidido vetar el Proyecto de Presupuestos presentado por Pere Aragonès, con lo que resulta imposible su aprobación por la mayoría nacionalista. A la hora de la verdad, se comprueba que el 52% nacionalista del que tanto se ha presumido es una suerte de espejismo que se desvanece al contacto con la realidad. Si no se dispone de ese 52% para aprobar unos Presupuestos, ¿cómo se va a disponer del mismo para una declaración de independencia?
El nacionalismo catalán hace diez años que finge que tiene un programa para la independencia de Catalunya y que hay una mayoría suficiente para ponerlo en práctica, pero reiteradamente se pone de manifiesto que no es así. La heterogeneidad de los partidos nacionalistas catalanes no los permite llegar a ningún acuerdo para poner en práctica un programa de gobierno. Ni en la Generalitat, ni en las diputaciones ni en los ayuntamientos con más habitantes.
En la Generalitat ya hemos visto que apenas se llega a una mayoría de investidura y no se consigue ni siquiera una mayoría presupuestaria, es decir, una mayoría de gobierno. Y en las diputaciones provinciales y ayuntamientos las combinaciones para la formación de los gobiernos son muy variadas.
En algún momento se tenía que mirar la realidad de cara y actuar en consecuencia. Mientras el nacionalismo ha necesitado a la CUP para tener mayoría parlamentaria, ha sido condenado a la esterilidad. Si se miran los resultados electorales del 2012, el 2015, el 2017 y el 2021, se verá que la presencia de la CUP ha ido a más en la configuración de la mayoría parlamentaria. No hay nada que permita pensar que esta tendencia se corregirá de manera significativa en los próximos comicios.
Y la vida sigue, y en los próximos años se producirán mutaciones de primer orden en la Unión Europea y en los estados miembros. Si el nacionalismo catalán quiere participar en las políticas mediante las cuales se reaccionará ante estas mutaciones y se impulsarán las estrategias para hacerles frente, se tendrá que aclarar y decidir cuál es su lugar en la dirección política de Catalunya y en la dirección política del Estado. Con su estrategia de estos últimos diez años se está condenando a la esterilidad.
