La imprescindible reforma del poder judicial
En un artículo publicado en El món de demà, Alfons Aragoneses, profesor de historia del derecho, reflexionaba sobre el llamado “régimen del 78”. Con esta expresión se refería al conjunto de problemas estructurales que se arrastran en el estado español desde hace décadas: el no reconocimiento institucional de la plurinacionalidad, la “cartelización” de los partidos que sostienen el bipartidismo (con lógicas de confusión partido-gobierno-estado), la connivencia entre poderes políticos y económicos que fomenta una estructura productiva de poco valor añadido o el continuismo organizativo y cultural en el poder judicial. A pesar de compartir este diagnóstico, el autor aportaba una interesante mirada crítica a la locución: el origen de las disfunciones citadas no se tiene que buscar tanto en "el 1978" sino en el despliegue que se hace del texto constitucional sobre todo después de 1981. En otras palabras, si bien es cierto que la Constitución es fruto de unos equilibrios de fuerza determinados que hacen que en algunos temas se quede corta, también lo es que la carta magna tenía mucho más recorrido del que se hizo efectivo a lo largo de los 80 y posteriormente. A este pensar en pequeño contribuyeron los consensos conservadores post-23-F de los dos grandes partidos estatales (y algunos periféricos) y también el protagonismo de ciertos actores institucionales: un caso paradigmático es el del Tribunal Supremo cortando las alas a las visiones constitucionales más abiertas. Todo esto puede parecer una disquisición intelectual, pero desde mi punto de vista esta aproximación tiene efectos prácticos: abre la puerta a la posibilidad de actuar desde ahora mismo. No es necesario esperar un cambio de régimen o una nueva constitución para exigir transformaciones profundas.
En este sentido, hay una agenda de mínimos que tendría que ser obsesión de cualquier actor que identifica las disfunciones del llamado “régimen del 78”. Sin ir más lejos, podrían ser tratadas de manera prioritaria en la mesa de diálogo. Me centraré en dos ámbitos en los que creo se tendría que abordar una reforma profunda: el poder judicial y el control de constitucionalidad. En primer lugar, conviene recordar que el poder judicial en su conjunto es el ámbito que menos muta en la transición democrática. Más allá de la continuidad física de algunos de sus protagonistas, que es evidente, aquello que hoy nos interpela son los pocos cambios en los procesos de selección y formación, lo cual provoca un sesgo político-sociológico de sus profesionales (clases altas, del centro de la península y de orientaciones conservadoras), y a su vez el mantenimiento de una cultura jurídica muy clásica y poco comprensiva del contexto y las transformaciones sociales. No nos tiene que extrañar la proliferación de sentencias como las de la Manada o similares de claro contenido sexista, la condena a Isa Serra por una movilización en contra de un desahucio, o la justificación judicial del cartel electoral en el que Vox criminalizaba a menores. Las dinámicas del gobierno de los jueces y el papel de la alta magistratura en la vida política merecen un tratamiento especial: el partidismo en los nombramientos del CGPJ, la forma de progresar en la carrera y el alto corporativismo en las altas instancias judiciales explican en parte los fenómenos del activismo judicial y el lawfare.
En segundo lugar, hay que decir que el Tribunal Constitucional con el paso de los años ha ido tirando una interpretación cada vez más restrictiva de la carta magna: en la cuestión territorial se ve claramente, pero también en otras muchas temáticas. La politización del órgano, a partir sobre todo de la negativa por parte del PP a renovar los miembros antes de la sentencia del Estatut, es un hecho cada vez más evidente, con periodos de hegemonía conservadora incluso cuando no le correspondería por la correlación de fuerzas existente. Pero también es importante destacar que el excesivo partidismo de sus miembros devalúa la calidad de su trabajo: la elección del personal tiene más que ver con la vinculación directa con un partido que con la excelencia del profesional. ¡Qué lejos que quedan unos Tomás y Valiente o Rubio Llorente! Además, si bien en los buenos momentos de la institución se ha conseguido un cierto equilibrio ideológico derecha-izquierda, este equilibrio no ha llegado a ser nunca real en el otro eje que opera en el ruedo político español: centralismo-plurinacionalidad.
Ya no es posible sustentar el dejar que el tiempo obre desde posiciones emancipadores. La impugnación del 15-M o el independentismo son a la vez síntomas y aceleradores de la triple crisis del régimen (socioeconómica, política y territorial). Si no se les da una salida desde la democracia y la inclusión, otros actores batallarán para disputar la suya. El surgimiento de Vox va en esta línea.
